JUSTICIA

Caso MORENA. Renovación de su dirigencia

Caso Morena: La autoorganización de los partidos políticos o la intervención de la autoridad.

 

Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió dos resoluciones relevantes relacionadas con la renovación de la dirigencia nacional de MORENA, concretamente el juicio ciudadano 12/2020 y sus acumulados (alrededor de 88 juicios ciudadanos y un juicio electoral) y la recaída al incidente de incumplimiento de sentencia del juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019.

 

¿Qué se impugnó?

 

En los juicios ciudadanos se impugnaron una serie de actos relacionados con la convocatoria, la sesión y los acuerdos tomados en el Congreso Nacional Extraordinario de MORENA llevado a cabo el 26 de enero de 2020, relacionados con la designación de un dirigente interino. Y en el incidente se aducía el incumplimiento de la sentencia debido a que no se había definido el método de elección para la nueva dirigencia.

 

En primer lugar, sobre la competencia de la Sala Superior para conocer estos asuntos, valdría la pena decir que aunque lo ordinario sería que la instancia partidaria, en este caso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA conociera en primera instancia de estas impugnaciones, esto en cumplimiento del principio de definitividad y el derecho de autodeterminación del partido político, en el caso, la Sala consideró que al haber participado el órgano de justicia partidaria en la celebración de la sesión extraordinaria impugnada, era la propia Sala Superior la que debía conocer de manera directa los medios de impugnación (lo que en el ámbito electoral se conoce como persaltum).

 

¿Qué se resolvió?

 

En estos asuntos la Sala Superior resolvió por una parte confirmar la celebración del Congreso Nacional del pasado 26 de enero y la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de MORENA y, por otra parte, ordenar a dicho partido político que, dentro del plazo de 4 meses, proceda a realizar la renovación de la Presidencia y la Secretaría General del CEN bajo el método de encuesta abierta, dejando en libertad al partido de elegir el método por el cual renovaran el resto de sus órganos directivos.

 

Lo relevante y destacable es cómo entienden el derecho de autodeterminación o autoorganización de los partidos políticos, pues en los juicios de este año, el Tribunal hizo énfasis en que el estudio debía considerar y respetar el principio de autoorganización de los partidos, previsto en los artículos 41 y  99 de la Constitución General de la República; es decir procurar la mínima intervención en la organización del partido. Para garantizar esto, el propio Tribunal señala en la sentencia que aplicará  un “test de intervención mínima en la autonomía interna” (el cual, al momento de resolver no queda claro en la resolución cómo se aplicó).

 

Al final de cuentas, después de justificar su intervención en el caso, las y los magistrados hicieron una interpretación de la normativa interna de MORENA, con la cual coincido plenamente, y que sostiene que diversos órganos del partido pueden convocar a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional, entre ellos la Presidencia del Consejo Nacional a petición de la mayoría de los consejeros nacionales y las 2/3 partes de los consejeros estatales, por lo que derivado de esta interpretación y del análisis y valoración de pruebas concluyeron que se cumplieron con las formalidades estatutarias para emitir la convocatoria para renovar la dirigencia de Morena y nombrar un dirigente interino.

 

Lo que llama la atención, es que tanto en la sentencia como en las intervenciones de algunas y algunos de los integrantes de la Sala Superior en la sesión pública, al resolver los juicios ciudadanos enfatisaron la defensa del derecho de autoorganización de MORENA, pero dentro de la resolución incidental omitieron mencionar dicho derecho, por el contrario, parece que fueron más allá al fijar el método de encuesta como el mecanismo idoneo para la renovación de los órganos de dirección del CEN del partido.

 

En el incidente del juicio ciudadano 1573 del 2019, en cuya sentencia primigenia el Tribunal, entre otras cuestiones, revocó la convocatoria y todos los actos llevados a cabo para la renovación de la dirigencia de MORENA, dejó sin efectos el padrón de protagonistas del cambio verdadero y ordenó al CEN llevar a cabo todos los actos necesarios para la renovación de la dirigencia partidista dando un plazo de hasta 90 días, el cual corrió del 31 de octubre de 2019 al 29 de enero de 2020.

 

En la parte final de esa sentencia se señaló “lo antes expuesto no excluye la posibilidad de que el partido político en uso de su libertad de autoorganización y autodeterminación pueda optar por el mismo método que se utilizó o bien uno diverso que considere pertinente, tal como se determinó por la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1237/2019”

 

Lo relevante de esto es que en el incidente de incumplimiento de la sentencia resuelto en la misma fecha que los juicios ciudadanos, pero en sesión privada, sin que se haga ningún “test de intervención mínima en la autonomía interna”, ni se realiza mayor protección al derecho de autoorganización del partido, por el contrario, se señala que, con la finalidad de garantizar los derechos político-electorales de los militantes, así como la funcionalidad de los órganos de dirección del partido político, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en curso los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo y que, en el mes de septiembre de este año inicia el proceso electoral federal, se ordena al partido el método que debe seguir para la renovación de su dirigencia nacional, imponiéndole el método de encuesta abierta, el cual deberá quedar concluido en el plazo de cuatro meses,

 

Por lo que en contraste con los resuelto en los juicios ciudadanos, llama la atención la forma en la que el tribunal ya no hace una defensa ni un análisis de los planteamientos de los incidentistas bajo una protección al derecho de autoorganización del partido.

 

Vale la pena recordar que en un caso similar, relativo a la renovación de la dirigencia del PRD en el 2017, el Tribunal se autocontuvo y, a pesar de varios incumplimientos de sentencia para la renovación del CEN de dicho partido, incluso ante el plantemiento de un incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia y, a pesar de que también estaba próximo el proceso electoral federal 2017-2018, el tribunal no señaló al partido político cuál debería ser el método para renovar su dirigencia, sino que le dio un plazo de 90 días para cumplir la sentencia (SUP-JDC-633/2017 y sus diversos incidentes).

 

La pregunta que queda ¿Será un cambio de criterio de la Sala Superior del Tribunal? ante la falta de consensos al interior de los partidos políticos y el poco interés de éstos institutos políticos para garantizar una verdadera democracia interna en la elección de sus órganos de dirección, lo cual implica un menoscabo a la intervención mínima del Estado en los conflictos internos partidarios.

 

En aras de la justicia abierta

 

Finalmente, aunque los juicios ciudadanos se resolvieron en sesión pública y el incidente en sesión privada, considero que ambos debían ser resueltos en la misma sesión pública, dado que, en éste último, se analizan cuestiones vinculadas con los juicios en los que se impugna la celebración del 3er Congreso Nacional Extraordinario, el cual tiene que ver con la renovación de la dirigencia nacional de MORENA, que también se cuestionaba en el propio incidente.

 

Si bien, el Reglamento Interno del TEPJF (artículo 12) señala que se pueden resolver las cuestiones incidentales sin llamarse a sesión pública, es decir, en sesiones privadas, lo cierto es que en aras de la justicia abierta, y al tratarse de asuntos relevantes y vinculados con un asunto de sesión pública, para efecto de un mayor entendimiento por parte de la ciudadanía y los actores políticos, así como para facilitar la discusión de las y los magistrados, se debió listar en sesión pública tal y como se ha hecho en otros casos como los incidentes sobre cumplimiento de sentencia SUP-JDC-1141/2017 y SUP-JDC-1324/2019.

 

Esto especialmente si se toma en cuenta que conforme a la normativa del Tribunal no se hacen versiones estenográficas de lo resuelto en sesiones privadas ni tampoco son videograbadas para que la ciudadanía y los actores políticos conozcan la discusión de las y los integrantes del Pleno de la Sala Superior al resolver asuntos que contienen algún criterio relevante y que se resuelven y discuten en sesiones privadas, por lo que, en aras de privilegiar un tribunal abierto y de transparentar el trabajo jurisdiccional considero que las distintas Salas del Tribunal Electoral deberían levantar versiones estenográficas de las sesiones privadas, o bien, videograbarlas, para darlas a conocer, pues es parte del derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información.

 

 

 

 

 

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