JUSTICIA

Alcances de la implementación de las vías e instancias competentes para conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El pasado 13 de abril, ha quedado marcado con un día histórico para la reivindicación de los derechos de las mujeres en nuestro país, al publicarse el decreto de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyo objetivo es garantizar que participen y accedan a los cargos públicos libres de violencia.

Uno de los aspectos importantes de esta reforma, es la determinación de las vías para conocer, sustanciar y resolver los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género:

  • Penal. Se tipifican conductas punibles en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.

  • Administrativo electoral. Se reconoció a la violencia contra las mujeres en razón de género como una infracción sancionable, cuya vía es el procedimiento especial sancionador (PES).

  • Jurisdiccional. Se prevé como un supuesto para procedencia del Juicio para la Protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC).

Esto es un avance significativo, pues anteriormente no existía un marco jurídico uniforme que especificara cuál era la vía idónea para presentar las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que ocasionaba que las mujeres víctimas, no supieran que debían promover y ante que instancia acudir; además, generaba diversidad de criterios por parte de los Tribunales Locales, Salas Regionales y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que se cuestionaba si debían conocer estos casos a través del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de la Ciudadanía o correspondía a otro órgano hacerlo previamente, con la finalidad de que se investigara, instruyera y en su caso, determinara la existencia o no, de dicha violencia política.

En efecto, de diversas resoluciones que se han emitido destacan dos criterios:

  • La procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de la ciudadanía ante los órganos jurisdiccionales, pues se señalaba que debía atenderse a si los hechos denunciados incidían en el ejercicio de un cargo o trascendían al ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, ya que conforme a la jurisprudencia de rubro: "VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES”1 cuando se alegue violencia política por razones de género, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso de las mujeres.

  • La improcedencia para conocer los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales de la ciudadanía, dado que de la normativa constitucional y legal, se advertía que el sistema de medios de impugnación en materia electoral está construido sobre la base de procedimientos eminentemente de carácter impugnativo, que tienen como finalidad garantizar la constitucionalidad y legalidad de las decisiones que las autoridades electorales tomen, las cuales puedan afectar los principios rectores de los procesos electorales. 2

Por lo tanto, correspondía a los Institutos locales conocer, en primer término, e investigar, en el ámbito de sus competencias, las denuncias presentadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que el procedimiento sancionador era idóneo al garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia; además de tener la facultad de investigar, instruir y resolver sobre las medidas cautelares correspondientes y las conductas denunciadas.3

Conforme este último criterio, las demandas que eran presentadas ante los tribunales electorales, se reencauzaban (enviaban) al Instituto Nacional Electoral (INE) o a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en el ámbito de sus competencias, para que las sustanciaran a través del procedimiento especial sancionador. Cabe mencionar, que aún y cuando no se encontraba prevista su procedencia para casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en las resoluciones se establecía que la autoridad administrativa electoral debía implementar un medio sumario, eficaz y acorde al asunto, el cual se ajustara, a las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de conocer y resolver la controversia con perspectiva de género.

En este contexto, podemos advertir que esta dualidad de interpretaciones quedó superada con las recientes reformas legales, pues actualmente, la violencia política contra las mujeres en razón de género, puede promoverse a través del procedimiento especial sancionador y del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía.

Ahora bien, ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que tiene el hecho de que se prevea tanto el procedimiento especial sancionador, como el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía como vías para conocer los asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género?

Al respecto se cuestiona si pueden promoverse en ambas vías de forma simultánea o si es necesario optar por una de estas; además, si debe agotarse el principio de definitividad previsto en el apartado 2, del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía sólo sería procedente cuando se haya agotado todas las instancias previas, en este caso, el procedimiento especial sancionador.

En ese sentido, considero que la reforma fue clara al establecer ambas vías para promover, ya que a través del Procedimiento Especial Sancionador se determinaría la licitud o ilicitud de las conductas que constituyan la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género y la aplicación de la sanción correspondiente.

En cambio, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, es un mecanismo de control constitucional cuya finalidad es la restitución de los derechos político-electorales de las personas, mediante la invalidez o nulidad de actos jurídicos que vulneren tales derechos.

Como vemos nuestro sistema jurídico actual, dota de mayores garantías de acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de violencia política, al establecer las vías en las que pueden obtener no solamente una sanción para el infractor o infractora, sino, una restitución a los derechos vulnerados y una reparación efectiva.

Por lo tanto, los aspectos procesales relativos a si se presentan de forma simultánea (PES y JDC), deberán ser analizados en sede jurisdiccional, en el que se resolverá la procedencia de la acumulación al momento de dictar la resolución definitiva para evitar la emisión de sentencias contradictorias o se determinará lo conducente al momento que se presenten los casos concretos, pero la interpretación de la norma y las decisiones que se adopten deberán hacerse con perspectiva de derechos humanos, es decir, garantizando que las cuestiones de índole procesal no obstaculicen la resolución de estos asuntos de forma expedida.

Por último, quiero hacer alusión a otro cuestionamiento que ha surgido sobre los alcances de estas reformas respecto a si los OPLES sustanciarán los Procedimientos Especiales Sancionadores en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y los Tribunales Electorales locales resolverán en definitiva.

Este tema ha sido motivo de análisis y debate debido a las diversas interpretaciones que se han realizado; sin embargo, de los artículos 440, apartado 3 y 474 bis, apartado 9, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 48 bis, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se advierte el mandato para que en las leyes electorales locales se regule el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y por ende, la competencia de los OPLES para su sustanciación.

Este criterio de interpretación ha sido aplicado por los Congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, quienes recientemente realizaron la armonización de su legislación, estableciendo que podrá iniciarse de oficio o por la parte agraviada el procedimiento especial sancionador, el cual será sustanciado por el órgano o comisión correspondiente de los OPLES (salvo propaganda en radio y televisión), quienes podrán dictar las medidas cautelares para la protección de la mujer víctima. Asimismo se prevé que una vez sustanciados, serán remitidos a los Tribunales Electorales locales, para su resolución.

Como se observa, la implementación de un procedimiento en el ámbito local, dota de efectividad la reforma, pues garantiza una tutela efectiva de las mujeres, ya que podrán acudir ante las autoridades administrativas electorales y jurisdiccionales de los estados a presentar su denuncia de violencia política en razón de género, evitando mayores dilaciones o gastos innecesarios en cuanto a su tramitación.

Ese debe ser el alcance de esta reforma, garantizar los derechos humanos de las mujeres, mediante procesos sencillos, ágiles y eficaces, que generen confianza para denunciar, con la certeza que serán atendidas oportunamente, se realizarán las investigaciones pertinentes y de acreditarse la violencia política se sancionará a las o los sujetos responsables o en su caso, se le restituirán sus derechos político-electorales vulnerados.

Una protección real y efectiva para que las mujeres participen en la vida pública en un entorno libre de violencia, es el compromiso que debe asumirse por parte de las autoridades de nuestro país. “No más violencia contra las mujeres”.


1 Jurisprudencia 48/2016. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47,48 y 49.

2 Acuerdo emitido en el expediente SUP-JDC-1549/2019, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el quince de octubre de 2019.

3 Resolución del expediente SM-JDC-278/2019, emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 10 de diciembre 2019.

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