GÉNERO Y POLÍTICA

No se hagan bolas: Paridad sobre reelección

Septiembre 02, 2020 | Por: Georgina de la Fuente

En la víspera del inicio del Proceso Electoral 2020-2021, previsto para iniciar el próximo 7 de septiembre, se han generado debates respecto a las novedades que han de prevalecer en torno a la organización y desarrollo del mismo. El llamado proceso electoral “más grande de la historia” no sólo deberá atender al tamaño sin precedente del electorado y a la magnitud del número de cargos en juego a lo largo del país, sino también a una coyuntura de pandemia y a una nueva realidad que proviene de la reforma político-electoral de 2014: la reelección. Conforme se estableció en el texto constitucional, las y los senadores ahora pueden ser reelectos hasta por dos periodos; mientras que las y los diputados federales ahora pueden ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos. Ello, con la condición de que sean postulados por el mismo partido político, a menos de que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato (artículo 59). Estas disposiciones, de acuerdo al artículo décimo primero transitorio de la reforma, se aplicarán a quienes resulten electos a partir del proceso electoral de 2018. En ese sentido, las y los legisladores que elegimos en 2018 podrán optar por competir de nuevo por primera vez a partir del año que entra. Sin embargo, el Congreso de la Unión fue omiso en aprobar una ley reglamentaria que regule dicha figura, por lo que el Consejo General del INE deberá aprobar en las próximas semanas las reglas a las que deberán sujetarse quienes busquen nuestro voto por un segundo mandato.

Con este escenario, se ha discutido en diversos espacios el supuesto dilema al que se enfrentará el Consejo General del INE para armonizar el derecho que tienen las y los legisladores a competir por la reelección y la obligación de los partidos políticos de presentar listas de candidaturas paritarias para su registro ante la autoridad electoral. ¿Qué debe prevalecer ante la pretensión legítima de un legislador de buscar la reelección que al mismo tiempo suponga el riesgo de incumplir con la paridad de género en la integración de listas de candidaturas? Existen experiencias en el plano local y precedentes jurisdiccionales que permiten afirmar de manera inequívoca que el principio constitucional de paridad establecido en la reforma político-electoral 2014 se debe garantizar y que el cumplimiento de tal principio no transgrede el derecho a buscar la reelección.

En el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Baja California Sur, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) determinó que, tanto la lista de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional como la candidatura impar en ayuntamientos ̶ es decir, al menos tres de los cinco ayuntamientos ̶ deberán ser encabezadas por mujeres. Las acciones afirmativas fueron confirmadas por la autoridad jurisdiccional local, lo que condujo a dos partidos políticos locales a presentar las demandas correspondientes, hasta que el asunto llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los partidos políticos demandantes señalaban, entre otras cosas, que la acción afirmativa relativa a los ayuntamientos era restrictiva, ya que ésta anulaba la posibilidad de reelección de los tres alcaldes hombres que se encontraban en funciones. Asimismo, arguyeron que la medida era contraria al principio pro persona, por lo que, la única interpretación que haría compatibles ambos derechos sería permitir que tres hombres se postulen para reelección.

En sus diversas determinaciones en torno a la legalidad de acciones afirmativas, la Sala Superior ha sido consistente al defender el principio constitucional de paridad como una condición necesaria para la democracia representativa. En el expediente SUP-JRC-4/2018 y acumulado, el TEPJF confirmó la medida afirmativa estableciendo que la ley electoral establece una clara preferencia respecto al derecho de igualdad. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece en su artículo séptimo, párrafo 1, que la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para acceder a los cargos de elección popular no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino una obligación de los partidos políticos. De acuerdo al razonamiento de la Sala Superior, la posibilidad de reelección constituye un mandato determinado que debe cumplirse en los términos establecidos en la legislación aplicable. En ese sentido, la posibilidad de reelección queda limitada o supeditada a la realización de otros derechos. Aunado a ello, de acuerdo a la exposición de la Sala Superior, la reelección no constituye un derecho absoluto, sino que requiere también el cumplimiento de otras condiciones, como, por ejemplo, que quien se encuentra en funciones lo solicite, que se cumplan las reglas internas para que su partido político lo postule y que logre obtener la mayoría de la votación.

En su argumentación conforme a la ley electoral local y el análisis de la acción afirmativa particular que fue combatida, la Sala Superior expuso que, aún en el supuesto de que el partido político decidiera apoyar a los tres alcaldes hombres que se encontraban en funciones y que podían acceder a la reelección, la afectación hubiera sido sólo a un candidato y sólo en la posibilidad incierta de que éste haya obtenido el triunfo en las urnas. Esta afectación hubiera sido mínima si se compara con el beneficio que puede aportar la representación simbólica de las mujeres en puestos jerárquicamente representativos, como son las titularidades de los ayuntamientos.

Se puede afirmar que, si el Consejo General del INE enfrentará retos para determinar las disposiciones que regulen la figura de la reelección en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, la armonización con el principio de paridad no será uno de ellos, pues existen elementos en la Constitución, en la ley y en precedentes jurisdiccionales que permiten afirmar que la reelección no supone un conflicto con el cumplimiento del principio de paridad en el registro de candidaturas. Es posible garantizar la reelección, salvaguardando la progresividad de los derechos y cumpliendo los preceptos legales que han permitido, desde 2018, una representación histórica de las mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que no debe dar un solo paso atrás. Sin duda, el Consejo General del INE se pronunciará en este sentido en los lineamientos correspondientes y otorgará el registro correspondiente a listas de candidaturas y sustituciones que cumplan en estricto sentido con la paridad. La responsabilidad recaerá sobre los partidos políticos, los cuales deberán comunicar a la autoridad electoral el próximo mes de octubre los procedimientos mediante los cuales seleccionarán sus candidaturas en apego a sus normas estatutarias, conforme lo mandata el artículo 226, párrafo 2 de la LGIPE. Estos procedimientos deberán ser claros respecto a los criterios que se considerarán para garantizar la paridad de género en las candidaturas, asegurando la objetividad y la igualdad de condiciones en este nuevo contexto que permitirá a las y los legisladores en funciones competir por un segundo mandato.      

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