Sábado 24 de junio de 2017 2:04 pm
NOTA DE LA SEMANA
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La segunda vuelta con fraude a la ley

La segunda vuelta con fraude a la ley

A pretexto de los resultados de los comicios para gobernador en el Estado de México, los articulistas partidarios de implantar la segunda vuelta en la elección presidencial del próximo año han emprendido un renovado esfuerzo por convencer de las bondades de esa medida, la mayor de las cuales seguiría siendo que el electo tenga, al menos, la mitad más uno de los votos válidos emitidos en la segunda vuelta.

Los promotores de la medida por lo general se desentienden de las implicaciones que sobre la segunda vuelta tendrían algunas singularidades de nuestro sistema electoral.

Por ejemplo: ¿Qué pasaría si la primera vuelta de la elección presidencial se anula porque los dos candidatos que obtuvieron el primero y segundo lugar rebasaron el tope de gastos de campaña?

Conforme a la Constitución (Art. 41 in fine) los candidatos infractores quedarán impedidos de participar en la elección extraordinaria para repetir la primera vuelta, mientras que los demás candidatos, que no habrían pasado a la segunda vuelta, podrán participar. Sería un escenario un tanto cuanto estrambótico.

El otro detalle, no menor, es el de los tiempos para realizar una elección extraordinaria para repetir la primera vuelta y hacer posible la segunda, en una fecha que permita el relevo del Titular del Poder Ejecutivo Federal conforme lo previsto por la Constitución.

 La propia Constitución determina (Artículo 85) que si antes de iniciar un periodo constitucional presidencial la lección no se ha hecho o no está calificada, el Presidente cuyo mandato concluye cesará en sus funciones y el Congreso de la Unión deberá designar un Presidente Interino.

Podemos extender el hipotético escenario a la nulidad de la segunda vuelta, por rebase de los topes de gastos de campaña de ambos candidatos, en cuyo caso los dos quedarían impedidos de participar en la elección extraordinaria para repetir la segunda vuelta, que por ese motivo sería imposible de realizar. Tendrían que retrotraerse todo el proceso a sus inicios y hacer una primera vuelta.

Es cierto que lo anterior son escenarios hipotéticos, pero plausibles, por lo que la Constitución y la ley deben tener normas que prevean su ocurrencia, por remota que sea la posibilidad de que se dé.

Una solución es que, como en la del Papa, la elección presidencial no pueda ser anulada, y las posibles infracciones que se cometan solamente sean objeto de sanción pecuniaria.

¿Aceptarían los partidos políticos una regresión de tal importancia?

El otro asunto al que los partidarios de la segunda vuelta para el 2018 dicen haber encontrado solución es el relativo a la disposición del artículo 105 constitucional, conforme a la cual las leyes electorales deben quedar publicadas y promulgadas al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a ser aplicadas.  Como el proceso electoral siguiente dará inicio el 1 de septiembre, el plazo se ha cumplido. No se pueden reformar las leyes electorales.

Pero el ingenio de algunos abogados es infinito.

“La prohibición es reformar leyes, no la Constitución”, dicen los partidarios de la segunda vuelta.

¿Qué proponen?

Reformar la Constitución, para meter con calzador la segunda vuelta en el artículo 81, y redactar un mega transitorio del Decreto de Reforma para regular la operación de la segunda vuelta en 2018; una especie de Ley reglamentaria de la Segunda Vuelta, dentro de la Constitución.

Eso se llama “fraude a la ley”.

Anticipemos  la respuesta al argumento de que en 1994 la Constitución y el Cofipe fueron reformados cuando el proceso electoral tenía varias semanas de haber dado inicio.

En efecto, con motivo del alzamiento del EZLN en Chiapas, el Secretario de Gobernación y presidente del IFE, Jorge Carpizo, convocó, en enero de 1994,  a los tres mayores partidos a las llamadas “conversaciones de Barcelona”.

Sólo que en ese entonces no existía la norma del artículo 105 antes citada; la prohibición fue introducida en la reforma de agosto de 1996. Desde entonces ha sido estrictamente respetada, sin que a nadie se le hubiese ocurrido proponer un fraude a la ley como el que ahora ocupa el tiempo e ingenio de algunos consejeros jurídicos y articulistas.

Habrá que estar atentos a lo que viene.

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