Jueves 23 de noviembre de 2017 10:39 am
NOTA DE LA SEMANA

Partidos Temblorosos

Humberto Musacchio*

Los sismos de septiembre destruyeron vidas y causaron daños por decenas de miles de millones de pesos, pero como en 1985, los movimientos telúricos desataron procesos sociales que seguramente modificarán el esquema en que se ha desarrollado la política mexicana de los últimos años.

En 1985, de los escombros surgieron varias organizaciones que reclamaban un techo para los damnificados, lo que en buena medida obtuvieron porque el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo el acierto de reunir las aportaciones internacionales en una bolsa que permitió construir más de 50 mil viviendas, en lo que fue el máximo logro del sexenio gris.

Aquella fue una fórmula inteligente para beneficiar a una población castigada por la espiral inflacionaria que había reducido a polvo los salarios. A diferencia de entonces, hoy el Estado ha renunciado a resolver el problema y lo deja en manos de cada damnificado, al que se dispone a prestarle una suma que tendrá que pagar en varios años con una alta tasa de interés.

Se puede argüir que en 1985 la población afectada era, sobre todo, la que vivía en viejas vecindades donde familias enteras se hacinaban en cuartos redondos, con servicios sanitarios colectivos y generalmente pésimos. El plan de vivienda que entonces se puso en marcha entregó pequeños departamentos de poco más de 40 metros cuadrados, de una y dos recámaras según fuera de numerosa la familia, con agua y otros servicios dentro de la misma vivienda, lo que representó un formidable avance social y familiar.

En cambio, ahora la zona afectada es una ancha franja que corre en forma paralela a la avenida División del Norte, de Xochimilco a Chapultepec, y comprende numerosas colonias de clase media y media alta, desde Villa Coapa hasta Polanco, pasando por las colonias Del Valle, Roma y Condesa. Como es obvio, en este caso no funciona la solución de 1985, pero tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México exhiben una lastimosa falta de imaginación y las instituciones se muestran pasmadas ante la tragedia.

Por si algo hiciera falta, varios escándalos han deteriorado la confianza popular en el gobierno, desde la adquisición de la Casa Blanca aparentemente por la esposa del Ejecutivo, el contratismo con empresas que basan el éxito en su capacidad de corromper y, entre muchos otros casos, el del socavón en una carretera recién construida, hecho del que es responsable el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien permanece en el cargo sin que se sepa de reprensión alguna de parte de su jefe.

Los hechos anteriores, que en otra época pasaban inadvertidos o despertaban una desconfianza que rápidamente se diluía, hoy son materia de un tremendo enemigo del poder: las redes sociales. Circula profusamente un video en el cual se ve al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien informa al Congreso de que se dispone de dos mil 791 millones de dólares para enfrentar la reconstrucción. Sin embargo, a continuación el video muestra las cantidades recibidas del extranjero y de empresas que operan en el país, lo que arrojaría un total no de dos mil 791, sino de 36 mil 963 millones de dólares, cifra que dista de la oficialmente aceptada.

Y mientras circulan esas cifras de mano en mano, el presidente Enrique Peña Nieto propone a los damnificados que organicen tandas para hacerle frente a su desgracia (la de quienes carecen de hogar), la ayuda que se proporciona es de tres mil pesos mensuales que de poco sirven a quienes se quedaron sin cosa alguna y la desesperación cunde en refugios y campamentos.

Para redondear el desastre, la cantidad de escuelas dañadas tiene a miles de alumnos sin clases. Desde luego, lo más importante es la seguridad de alumnos y profesores, pero después de lo ocurrido en 1985, lo menos que debió hacerse fue establecer normas de construcción más rigurosas y garantizar que la corrupción no ocasionaría deficiencias en la edificación y mantenimiento de los planteles educativos. El secretario de Educación, a quien muchos todavía consideran el delfín, debe estar muy atribulado porque con él no hubo reforma educativa, no fue capaz de someter a las secciones rebeldes del SNTE ni de incorporar al magisterio a la malhadada reforma. La Presidencia, si alguna vez estuvo a su alcance, hoy queda claro que se le fue de las manos.

Más de un mes ha pasado desde el 19 de septiembre y todavía no se presenta un movimiento popular tan vigoroso como el surgido en 1985, entre otras cosas porque las clases medias tienen –cuando las tienen– otras formas de organización y de actuación. Por supuesto, eso no significa que no se esté gestando una gran movilización que desemboque en una mayor, más fuerte y exigente organización popular, lo que implicará un reto creciente para los gobiernos de la República y de las entidades más afectadas.

Ante la magnitud del desastre y de los retos que plantea, los partidos entraron en un torneo de ofrecimientos: empezó Andrés Manuel López Obrador con el anuncio de que cedería parte de las prerrogativas de Morena a los damnificados, le respondió Antonio Espino o como se llame el presunto dirigente del PRI cediendo para el mismo fin 200 y tantos millones de lo que debe recibir su partido el resto del año. El PRD hizo anuncios parecidos pero las cosas no pasaron de ahí y en ningún momento se vio brillar la política.

Pese a todo, hemos de creer que los partidos citados –PRI, PRD y Morena– están inmersos en el trabajo organizativo de las víctimas del sismo.

Pero ocurre que un gran sector de los damnificados pertenece a estratos sociales tradicionalmente panistas, por su nivel de ingresos, lugar de residencia y otras características, y al PAN no le agrada recurrir a mítines ni motines indignos, dicen, de la “gente decente”. El problema, pues, sigue en pie. Las cifras de “ayuda” que se manejan no son suficientes ni atractivas para una ancha franja de los sectores afectados. Ante las necesidades impuestas por los sismos, el Estado necesita presionar a la banca para que otorgue créditos fáciles y baratos, lo que no se compagina con las altísimas tasas que cobran los señores del dinero. Basta decir que la ganancia de los bancos en los últimos años ronda el 24 por ciento, mientras que el crecimiento general de la economía es apenas poco más de dos por ciento.

No parece que el gobierno federal, tan necesitado de apoyos para mantenerse en pie, quiera provocar un cisma y un sismo con sus felices aliados financieros. Pero si quisiera, se halla en una situación política tan precaria que tampoco contaría con los apoyos populares –organizados, eficaces y leales– que el devastado PRI ya no puede proporcionarle.

Con una clase política voraz e insaciable, es inimaginable que la burocracia dorada quiera renunciar a sus muchos privilegios. Nadie puede imaginar a un ministro de la Corte que acepte ganar un sueldo mensual equivalente a 30 salarios mínimos y no los 600 mil pesos mensuales de ahora; no es concebible que los mandos de las secretarías y otros organismos del Estado acepten una rebaja en su estipendio y renuncien, por ejemplo, a coche, gasolina, chofer, celular y otros beneficios de los que hoy disfrutan en el océano de pobreza que es México.

La insaciable clase política ha despertado un sentimiento popular que demanda reducir drásticamente privilegios y canonjías. Los partidos forman parte de ese entramado que se beneficia de la miseria generalizada (dos de cada tres familias viven con menos de ocho mil pesos mensuales), de ahí que toda propuesta destinada a quitarles dinero cuenta con el aplauso popular. Eso precisamente hicieron los priistas con apoyo del PAN, pues los primeros cuentan con el respaldo del erario y los de azul tienen el apoyo de un amplio sector del empresariado.

Extrañamente, Morena también propugna por poner a la clase política a dieta. Seguramente su líder confía en que pueden realizar actividad política con muy poco dinero, como lo han hecho desde que desfondó al PRD. Lo que todavía no hay son propuestas de fondo para hacerle frente a la situación y de paso para reencauzar al país por otra vía que permita sacar a las mayorías de la pobreza, que rescate la soberanía ahora atada al interés trasnacional y que gane el apoyo popular para un proyecto de nación con soberanía, sin miseria y con futuro. Y esa pobreza de ideas, más que el sismo, es para ponernos a temblar.

* Periodista