Jueves 23 de noviembre de 2017 10:40 am
NOTA DE LA SEMANA

Peor discusión, imposible

José Woldenberg*

Todo se puede y se debe discutir. Pero para abordar asuntos medianamente complejos cuyas derivaciones son múltiples no parece conveniente debatir como si el formato único fuera el de Twitter, es decir, acuñando algunas frases efectistas y ocurrentes. Porque eso parece estar sucediendo: la explotación de un cierto sentido común instalado en la sociedad que ve en los políticos y los partidos la fuente de todos los males, parece estar dando como resultado la autoflagelación de las organizaciones políticas con la intención de halagar al “respetable”. Me refiero, por supuesto, a los temas del financiamiento público y al de la conformación de las cámaras del Congreso.

Cero financiamiento público o un tiro en el pie

El tema del financiamiento a los partidos políticos hay que discutirlo… pero de manera racional y no tirando al niño junto con el agua sucia. Hay dos grandes fuentes de financiamiento, la privada y la pública. En 1996 México optó por que el financiamiento público fuera preminente sobre el privado por tres razones, que siguen siendo válidas: uno, el financiamiento público es mucho más transparente que el privado; dos, sirve para equilibrar las condiciones de la competencia (recordemos de dónde veníamos: en 1994 los votos se contaron de manera limpia pero todavía las condiciones de la competencia fueron abismalmente asimétricas); y en tercer lugar, lo que intentó el financiamiento público generoso es que los partidos políticos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o, peor aún, de los grupos delincuenciales. Si uno revisa esos objetivos, en los tres hubo avances importantes.

Ahora bien, si se considera que el financiamiento público es excesivo por supuesto que se puede reducir, pero la discusión no debe (porque sí puede) ser financiamiento público cero o financiamiento público como el actual.

El estado de emergencia que siguió a los temblores desató una insensata competencia entre las dirigencias de los partidos para ver quién se sumaba con más contundencia a muchos de los prejuicios que flotan en el ambiente. Y, por ello, creo que sería pertinente distinguir por lo menos dos tiempos de la discusión.

Hay un momento crítico que está viviendo México por las secuelas del temblor, y que los partidos políticos deseen trasladar recursos para auxiliar en las tareas de reconstrucción y a los damnificados, me parece de la mínima sensibilidad; es decir, que entidades de interés público reaccionen ante la emergencia y estén dispuestos a que parte de sus recursos o sus recursos sean destinados a esa causa, resulta loable.

El otro momento, el otro eventual escenario, es plantear que de ahora en adelante los partidos políticos no van a recibir un solo peso público. Y eso es preocupante. Se olvida quizá que de toda América Latina el único país –que conozco– donde no hay financiamiento público a los partidos es Venezuela, y ¿qué es lo que sucede en ese caso?, que el partido en el gobierno obtiene los recursos de las instituciones públicas, como en México sucedía hace muchas décadas, y la oposición tiene que recurrir a los recursos privados.

Pensemos bien lo que estamos discutiendo, porque la salud de la democracia de alguna forma tiene que ver con la manera en que llegan y se supervisan los recursos financieros a los partidos. Insisto: los recursos públicos son mucho más transparentes que los privados; es más, sabemos cuánto dinero sale de la Secretaría de Hacienda, cuánto y en qué día llega al INE, y cuánto y en qué fecha se deposita en las cuentas de los partidos. En el caso de las aportaciones privadas estamos sujetos a que los partidos políticos le comuniquen a la autoridad.

Hoy el financiamiento público a los partidos está atado al número de ciudadanos registrados en el padrón, lo cual se multiplica por el 65 por ciento de lo que era el salario mínimo y que ahora es el UMA. Esa es la fórmula. Si se deseara reducir ese financiamiento, se podría bajar cualquiera de las dos y no andar jugando al aprendiz de brujo. Pero recordemos que los recursos públicos son, uno, para que los partidos políticos puedan tener una infraestructura y desarrollar sus trabajos a lo largo y ancho del territorio nacional y del tiempo; dos, para que puedan hacer campañas decorosas que lleguen a la gente, y tres, para formar a sus propios cuadros, para generar circuitos de discusión, de investigación. Por eso eliminar el financiamiento público puede ser considerado un disparo al pie.

Tenemos un problema mayúsculo: la mala conciencia de los partidos. Ellos mismos han asimilado, interiorizado, muchos de los prejuicios que flotan en la sociedad, y subrayo prejuicios porque no veo que a las críticas legítimas les salgan a responder. Hay también, diría un cínico, demagogia de la mala, aquella que hace que todos pierdan. Es una demagogia que satisface una pulsión social. Todos sabemos que hoy en México hay mucha irritación contra los partidos, contra el gasto de los partidos, y subiéndose a esa ola, las dirigencias de algunos partidos se van hacia un extremo y dicen “no queremos ya ningún peso público”. Si así fuera, ¿de dónde obtendrían sus recursos?

Una vez que respondan, veremos de quiénes van a ser dependientes. Porque puede suceder que grandes corporaciones privadas acaben siendo los mecenas de los partidos y, dado que nadie da dinero a cambio de nada, pues se conviertan, en efecto, en una especie de mandamás. Hay que recordar que cuando se optó por el financiamiento público, uno de los asuntos que se discutió era precisamente que los partidos no quedaran atados a intereses particulares.

Contra los plurinominales, dislate mayor

La otra iniciativa es suprimir a los diputados y senadores plurinominales. Un dislate de enormes proporciones. Y el punto de partida es peor: discutir el tema de la representación a partir de los ahorros que se pueden generar. Hay que decir que en las cámaras del Congreso y en los congresos locales existen muchas posibilidades de recortar gastos innecesarios sin por ello atentar contra la representación de la pluralidad política.

En materia de representación el basamento común debería ser intentar que los votos se tradujeran en asientos de manera medianamente proporcional.

¿Cuál es el problema del sistema uninominal, sin mecanismos de compensación? Que todos los votos perdedores en los distritos no tienen representación y el efecto acumulado es que al final unos partidos queden sobrerrepresentados y otros, subrepresentados. Con un sistema uninominal un partido con el 40 por ciento de los votos podría tener el 60 por ciento de la representación, de tal suerte que el 60 por ciento de los votos acabaría convertido en minoría con el 40 por ciento de los asientos. Lo que no se ha entendido es que los plurinominales moderan los efectos de sobre y subrepresentación.

Si se quisiera reducir el número de diputados (no veo para qué realmente), habría que hacerlo sin erosionar el principio de representación, y entonces podríamos bajar el número de diputados en otra dirección: 200 uninominales y 200 plurinominales, de tal suerte que los plurinominales nos sirvieran para que el porcentaje de votos se tradujera exactamente en un mismo porcentaje de curules.

Hay que recordar que con la fórmula 300 y 200 hay un premio del ocho por ciento a la mayoría. No hemos tenido mayoría absoluta en la Cámara de Diputados desde 1997 porque, a pesar de ese premio, ningún partido ha logrado por lo menos el 42.2 por ciento de la votación, por lo que ninguno ha forja do una mayoría absoluta de curules. En la Cámara de Diputados deberíamos intentar que, al final, si un partido obtiene el 40 por ciento de los votos tenga el 40 por ciento de los diputados; si obtiene el 15 por ciento de los votos, tenga el 15 por ciento de los diputados. Esto se podría hacer con la fórmula de 200 y 200 o con la de 300 y 200.

Respecto al Senado, no me parece muy grande con 128 legisladores. Ahora bien, en este caso, es cierto, la lista plurinominal distorsiona la idea original de que cada entidad, independientemente de su extensión, población, riqueza, etc., tenga el mismo número de senadores, porque, en efecto, los plurinominales no representan a ninguna entidad federativa. Pero ¿por qué no, dejando 128 senadores, elegimos a cuatro por entidad con un criterio de representación proporcional estricta? De esa manera se puede corregir el contrahecho diseño, que de todas formas ayudó a inyectar pluralismo a la llamada cámara alta, sin perder la pluralidad que ya coexiste en ella.

La fórmula arrojaría, “teóricamente”, diferentes resultados posibles: un partido podría ganar los cuatro senadores si tuviera más del 90 por ciento de la votación en la entidad (casi imposible), y en los casos más probables podríamos tener tres y uno, dos y dos, o dos, uno, uno; o tal vez, uno, uno, uno, uno. Eso lo resolverían los ciudadanos votando, porque las entidades tampoco son monolitos sino espacios cruzados por la pluralidad. Introducir el criterio de representación proporcional por estado nos daría una representación más apegada a la realidad de las diferentes entidades y sus fuerzas políticas.

Me preocupa, y mucho, que en aras de la “austeridad”, del recorte de los gastos, acabemos erosionando la representación política de la nación.

En una época en que existe un alto malestar con los instrumentos que hacen posible la democracia (políticos, partidos, congresos, gobiernos), no parece demasiado prudente atentar contra una representación medianamente equilibrada de la diversidad política. Distorsionarla con una fórmula que cercena la diversidad no es más que una ocurrencia que puede resultar más que costosa. ¿Es necesario recordar que uno de los pilares de la democracia es la representación?

Un paréntesis final: en México algunos creen que la representación natural es la uninominal. ¿Por qué?, porque así fue desde nuestra primera Constitución republicana en 1824, hasta la creación de los llamados diputados de partido (1963) y luego del sistema mixto (1977), es decir, tenemos una larga historia que sostiene esa idea. No obstante, como he tratado de explicar, la misma no resulta eficaz si se quiere que el porcentaje de representantes refleje las adhesiones ciudadanas medidas en votos. Creo que otro nutriente de esa idea se encuentra en que el sistema uninominal es el que prevalece en el mundo anglosajón –Estados Unidos e Inglaterra y sus ex colonias. No obstante, en la mayor parte de los países de Europa y América Latina los sistemas de representación que aquí llamamos plurinominales son predominantes; es decir, que los diputados se eligen en listas.

* * Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Este texto parte de una entrevista que René Delgado me hizo para el diario Reforma el 28 de septiembre de 2017.