Próximo a iniciar el segundo año de la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios ahí representados se aprestan a celebrar las reuniones preparatorias en las que, al menos en apariencia, analizarán la coyuntura nacional para trazar las coordenadas de su agenda legislativa del periodo de septiembre a diciembre del presente año. Digo “en apariencia” porque la inconstitucional y apabullante mayoría del Partido Morena y sus aliados (PT y PVEM), puesta al servicio de Palacio Nacional, hace que en el listado de esa agenda lo que interesa son los asuntos que la presidenta incluirá, ya sea de manera directa o a trasmano.

De manera directa, lo principal será el paquete económico para 2026. Paquete integrado por la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las iniciativas serán entregadas en la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre. La Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos deben quedar aprobadas a más tardar el 31 de octubre. Hecho lo anterior, a más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos. El periodo de sesiones concluirá el 15 de diciembre.

Sin reforma tributaria, en un contexto económico, nacional e internacional, desfavorable, el debate presupuestal tiene un margen igual de pequeño que el del gobierno para destinar recursos a la atención de los problemas que se han acumulado en rubros esenciales, como la salud o la educación. La mayor parte del gasto público se destinará, de manera inercial, al pago de la deuda pública, a las transferencias para sostener a PEMEX y la CFE, así como soportar las pérdidas operativas de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y las demás empresas públicas militarizadas. La otra tajada grande es para los programas sociales. Para lo demás, no hay dinero.

Dos aspectos serán motivo de polémica legislativa, uno es el origen y monto de los recursos públicos indispensables para atender nuevos proyectos del actual gobierno. Por ejemplo, cuánto podrán destinar al arranque de la CURP biométrica -tan innecesaria como mal planeada-, o para hacer realidad las inversiones en carreteras, puertos e instalaciones para dar energía suficiente a zonas estratégicas, sin las cuales el Plan México será papel mojado. El otro será en torno a los recortes. Desde ahora se anticipa que, como es costumbre en la 4T, los afectados serán los poderes Legislativo y Judicial, el INE y los organismos autónomos que sobrevivieron a la devastación.

Hay un tema relevante en la agenda legislativa, sobre el que la presidenta de México ha dado noticia. Me refiero a una nueva Ley Aduanera. El asunto es particularmente sensible en otra agenda, la bilateral con Estados Unidos. De antaño y hoy, las aduanas son nidos de corrupción que ha sido imposible detener con su militarización.

Los cambios en la titularidad de la Agencia de Aduanas en el sexenio anterior fueron frecuentes, sin que se avanzara un ápice en su saneamiento y eficacia. Como enorme coladera, por las aduanas todo pasa, sin que sus responsables den cuenta de lo que hacen o dejan de hacer. El contrabando, la elusión y evasión tributarias, el enriquecimiento -más que explicable- de los funcionarios aduanales, la corrupción rampante y el colapso de servicios, que obliga a demoras de días o semanas, son el pan de cada día.

Las aduanas son cruciales para las relaciones comerciales con el exterior, singularmente con Estados Unidos, por el volumen de intercambio de mercancías con el vecino del norte. Son también un asunto de seguridad nacional, para ellos y para nosotros. El tráfico ilegal de armas hacia México tiene parte de su explicación en la ineficacia y corrupción aduanera, igual que para el flujo de precursores químicos, utilizados para producir fentanilo.

Sabemos que cuando un asunto no se quiere -o no se puede- resolver, se crea una comisión, o se reforma una ley. Esperemos que no sea el caso. Desde que en 1994 entró en vigor el TLC se sabía que el tema aduanero entraba a la lista de pendientes en la agenda bilateral. Tres décadas más tarde no es un pendiente, es una urgencia. Hay varias soluciones a la mano, unas cosméticas, otras de fondo. Las primeras han sido probadas, casi todas, sin resultado alguno. De las segundas, una es la que podría significar un cambio positivo. Me refiero a la figura conocida como Unión Aduanera.

La Unión Aduanera entre los 3 países del TMEC permitiría que agentes aduanales, de Estados Unidos y Canadá, realicen inspecciones directas dentro de las aduanas mexicanas. A su vez, agentes aduanales de México harían lo mismo desde el territorio de nuestros vecinos del norte. El acuerdo al respecto se aplicaría exclusivamente a las mercancías comercializadas entre los 3 países del TMEC, sin involucrar las provenientes de otras naciones, para las que deberán adoptarse otras medidas de control que combatan el contrabando y la elusión tributaria, especialmente con China.

Existen soluciones intermedias que, sin llegar a la Unión Aduanera, algún avance permitiría para erradicar la corrupción y asegurar un manejo eficiente en este delicado terreno. Lo que es evidente es que la entrega de las aduanas al control de la Secretaría de Marina no ha dado los resultados esperados.

Creo con Perogrullo que “a grandes males, grandes remedios”. La Unión Aduanera entre México, Estados Unidos y Canadá puede ser la medida adecuada para hacer frente a los problemas en ese ámbito, que requieren solución urgente. Veremos si la presidenta de México se decide a dar ese paso.

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