A estas alturas, en pleno apogeo de las campañas judiciales tanto a nivel federal como local en algunas entidades federativas, ya es del conocimiento público, al menos en ciertos detalles, la tan sonada reforma judicial promovida el año pasado por la Presidencia de la República, que, entre otras cosas, modificó profundamente el sistema electoral mexicano al incluir, dentro del catálogo de cargos de elección popular, a las personas integrantes del Poder Judicial en todos sus ámbitos de competencia y jurisdicción, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los juzgados más básicos de primera instancia en la judicatura local, cargos ahora sometidos a la voluntad popular de quienes sientan el interés, curiosidad o compromiso de participar y ejercer este nuevo binomio constitucional de derecho/obligación.

Del mismo modo, ya se ha escrito mucho sobre los plazos que la reforma judicial estableció para el desarrollo de estos novedosos comicios, mismos que pueden sintetizarse de manera muy simple entre dos opciones: 2025 o 2027. Se otorgó a los congresos locales el término de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para que, en la armonización normativa correspondiente, tomaran tan complicada decisión.

Ahora bien, como resultado de las elecciones del 2024, actualmente, veintitrés estados de la República son gobernados por el partido político Morena, uno más por el Partido Verde Ecologista de México (instituto político que ha venido contendiendo en coalición con el partido oficialista), dos por el Partido Revolucionario Institucional y dos por Movimiento Ciudadano, mientras que el Partido Acción Nacional ha reducido su coto de poder a tan solo cuatro entidades federativas: Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes.

¿Y por qué es relevante para el tema de los procesos electorales judiciales señalar este mapa gubernamental? Pues porque dada la naturaleza partidista de la reforma judicial, el análisis político infería que los estados de oposición serían los de mayor resistencia a su ejecución y, por ende, los últimos en emprender o mandatar a emprender a las autoridades electorales este enorme desafío, si bien sin incursionar en el terreno del desacato, pero alargando el inicio del proceso, buscando ganar experiencia ajena, tiempo, recursos y tal vez hasta una contra reforma que les salvara de su aplicación. 

Sorpresivamente, con todo y estos elementos, a mediados de diciembre pasado, Aguascalientes dijo sí, tal vez, bajo la consigna de no eclipsar la elección de la gubernatura de 2027, pero dijo sí con una reforma local poco o cero discutida, un calendario reducido, abundantes lagunas legales, recursos limitados y, a la postre, escasas candidaturas, también producto de las inatacables decisiones de los comités de evaluación que, en conjunto, mantienen caminando un proceso electoral sobre un campo minado, una bomba de tiempo con la capacidad no sólo de alejarse del cumplimiento de los objetivos planteados con la reforma, a saber, un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía y libre de corrupción y nepotismo, sino que además pudiera dañar la confianza ciudadana y la legitimidad de las actuaciones que las autoridades electorales han ido forjando en nuestro país desde hace más de tres décadas. Para muestra, algunas situaciones delicadas:

Las campañas y la falta de información. Las campañas electorales en Aguascalientes de tan solo treinta días para esta ocasión, es un ejemplo de la innecesaria celeridad de cada una de las etapas de estos novedosos comicios electorales, pues dado el corto tiempo, realmente son inviables para cumplir con el objetivo de otorgarle al electorado, no solamente la información de las candidaturas en competencia, en cuanto a su nombre, apariencia, trayectoria académica/laboral, personalidad e ideología, sino además, las herramientas necesarias para poder ejercer su voto en plenitud, como dar a conocer el complejísimo diseño de las boletas y su singular forma de usarlas, que implicará cambiar los partidos políticos y las tachas por listados de nombres y cuadritos por llenar, situación que se complica con las restrictivas reglas establecidas para las candidaturas en la promoción del voto, sin recursos públicos, con fuertes limitaciones al ejercicio de sus propios recursos, sin espacios suficientes en la calle, en los medios o en los foros para buscar ganar su simpatía, mucho menos para sensibilizarles o concientizarles de alguna idea.

La cantidad de boletas, su diseño y el tiempo de votación. Diez boletas recibiremos el 1° de junio en Aguascalientes, seis del ámbito federal y cuatro locales, que por su diseño por colores (algunos similares) y de listas de candidaturas numeradas, algunas con más de una elección por boleta, podrían traducirse hasta en veinte minutos para votar en la casilla por persona, justo en un escenario de austeridad que llevó al Instituto Nacional Electoral a determinar la instalación de menos del 50 % de las casillas con las que habitualmente contamos, limitándose a establecer, al menos, una por sección electoral, y por ende, con un mayor número de votantes en cada una, aproximadamente dos mil. 

El poco presupuesto y la inmediatez de las reglas de juego. En esta ocasión, para el presente proceso, la autonomía presupuestal con la que debe contar la autoridad electoral pasó aún a ser más ignorada, justo con el pretexto de lo inédito de la elección, lo que originó maratónicas gestiones con el gobierno estatal, buscando los recursos suficientes para imprimir más de cinco millones de boletas y adquirir material electoral por más de cuarenta millones de pesos, entre otras cosas; de igual forma, con la premura de la reforma, el principio de certeza fue debilitado, orillando a la autoridad administrativa electoral a ir construyendo las reglas que se aplicarían en el proceso en marcha, como las de paridad de género, de blindaje electoral o los topes de gastos personales de las candidaturas y sus consecuentes lineamientos de fiscalización.

La ausencia de cómputos en casilla y los resultados tardíos. Finalmente, los cómputos también se avecinan como un área de retroceso en los logros de gobernanza electoral en el país, ya que, ante la imposible tarea de capacitar a las personas que fungirán como funcionariado de casilla seccional para la realización del escrutinio y cómputo de cada una de las diez boletas que entregarán, es que esta actividad ha sido delegada directamente a otra ciudadanía ejerciendo otras funciones dentro de los comicios, me refiero a quienes integran los órganos desconcentrados de la autoridad electoral administrativa en el estado, denominados para esta ocasión como Consejos de Partido Judicial, consejerías que recibirán los paquetes al cierre de las casillas y comenzarán con la enorme tarea de contabilizar la votación para que, en una siguiente etapa, el Consejo General del organismo público local electoral (IEE), pueda designar a las candidaturas ganadoras y entregar las constancias.

Por lo anterior, es que al cierre de las casillas no habrá resultados colocados afuera de cada una de estas como habitualmente sucedía, tampoco contaremos con un Programa de Resultados Preliminares Electorales que vaya marcando una tendencia mientras se desarrollan los cómputos, y estos, además, podrán concluir hasta dentro de los ocho días siguientes, debilitando la máxima publicidad a la que bien nos hemos acostumbrado.

En conclusión, con una baja expectativa de participación ciudadana, este desafío en tramos pareciera en vano, sin embargo, la tarea de las autoridades electorales, aunque titánica, es ofrecer a la ciudadanía elecciones que cumplan con los parámetros mínimos de cualquier ejercicio verdaderamente democrático, lo que incluye no sólo conseguir la legitimidad de los resultados que sean anunciados, sino también intentar concientizar al electorado de que, la reforma judicial es un hecho, el proceso electoral está aquí, por lo que no nos queda más que ser el contrapeso de cualquier intención política que pudiera estar detrás de estos cambios, y la única manera de hacerlo es participar, involucrarse, conocer, observar, elegir, si bien de acuerdo a nuestro criterio, pero también conforme a la exigencia y necesidad de lo que un Poder como el Judicial requiere para funcionar y cumplimentar su vital encomienda, que es administrar justicia para mantener o procurar una convivencia armónica en sociedad.