Como diría el clásico: “lo que se ve no se juzga”. Ante la segunda vuelta electoral en Perú surge, entonces, una pregunta cuya respuesta resulta doblemente incómoda: ¿realmente cambia algo con el relevo presidencial? La evidencia de los últimos quince años sugiere que no; la alternancia se ha convertido en un trámite estéril, incapaz de romper la inercia de un sistema que se cae a pedazos.

Esa parálisis institucional debería quitarnos el sueño también en México. Sin embargo, habitamos un país que no escarmienta ante la intervención extranjera en Chihuahua ni se ruboriza frente a un gobernador con licencia señalado por el Departamento de Estado. Nuestra actitud suele ser la de contemplar el caos andino con la complacencia de quien se cree inmune o, peor aún, la de minimizar las señales de alerta como si fueran el eterno cuento del lobo.

El próximo 7 de junio, los peruanos elegirán entre Keiko Fujimori, candidata por cuarta vez con procesos judiciales a cuestas y una capacidad de supervivencia política que en México resultaría dolorosamente familiar, y Roberto Sánchez, representante de la izquierda que alcanzó la segunda vuelta con apenas el 12 % de los votos. Más que una contienda robusta, el cuadro retrata un naufragio: treinta y cinco aspirantes disputándose en primera vuelta los restos de un electorado exhausto.

Ninguno ganó con entusiasmo. Ambos avanzaron no por seducción, sino por fragmentación. En Perú ya no se elige un proyecto de nación; se administra el mal menor. Ese mismo pragmatismo trágico que llevó al difunto prodigio de las letras –aunque no necesariamente de la política–, Mario Vargas Llosa, a votar por Keiko Fujimori a pesar de considerarla un cáncer terminal. Ante este naufragio democrático, la pregunta vargasllosiana vuelve con una vigencia aterradora: ¿en qué momento se jodió el Perú?

1. El sistema no se rompe: se astilla despacio

Alberto Vergara, politólogo peruano incómodo para el poder porque tiene la mala costumbre de tener razón, lo diagnosticó de manera directa y sin tapujos: las elecciones peruanas no son un punto de ruptura, sino “parte de una trayectoria de inestabilidad crónica que no se acaba”. Y no se trata de una exageración; juzgue usted mismo: en Perú han desfilado nueve presidentes en diez años. Semejante despropósito no es una anomalía; es el sistema funcionando con la precisión de un reloj diseñado, irónicamente, para no dar nunca la hora.

Como bien apunta Vergara, los partidos peruanos no son vehículos de representación, sino franquicias electorales que se alquilan al mejor postor o se subastan para rellenar listas al Congreso. Cualquier parecido con la realidad mexicana es, desde luego, mera coincidencia, pero es peor aún en el caso peruano: no hay ideología ni programa ni una militancia que no sea de ocasión. Solo hay siglas vacías y ambiciones llenas. El resultado es aritméticamente desolador: Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17 % y Sánchez se cuela con el 12 %. El próximo presidente representará, siendo optimistas, a uno de cada cinco votantes. Una democracia de minorías ínfimas para un país de problemas inmensos.

Vergara lleva años diseccionando este cadáver con un concepto quirúrgico: la “alternancia sin alternativa”. Humala prometió la gran transformación para terminar administrando el mismo modelo de siempre; Toledo hizo lo propio. El caso de Castillo fue el más dramático: un maestro rural que encarnó la esperanza de millones y terminó devorado por un Congreso que tampoco representaba a nadie. Cambia el rostro, pero el sistema permanece intacto. Es como cambiar al portero y pretender ganar el partido sin defensa o, para verlo con una mirada muy mexicana, como presumir que se transforma el país mientras se reciclan y purifican los vicios más putrefactos del antiguo régimen.

2. El árbitro que se fue –o lo fueron–: Corvetto y el mes de los resultados imposibles

En cualquier democracia medianamente funcional, esto habría ocupado portadas durante semanas: el jefe del organismo electoral renunció en pleno conteo. Piero Corvetto, titular de la ONPE, presentó su dimisión el 21 de abril —nueve días después de la jornada— tras una crisis logística que dejó a más de 52 000 ciudadanos sin votar en trece locales de Lima y obligó a realizar una jornada complementaria al día siguiente por orden del tribunal electoral (JNE). ¿Qué pasó? El material electoral no llegó. Falló la empresa proveedora. Falló el Estado. Corvetto intentó reducir todo a un “error puntual extraordinario” y se marchó con una investigación penal abierta y el pasaporte puesto a disposición de la Fiscalía. Eso no suena a un tropiezo aislado. Suena a catástrofe institucional.

Lo más grave es que, mientras escribo esto, casi un mes después del 12 de abril, las autoridades electorales peruanas apenas han oficializado quién pasó a la segunda vuelta. Casi treinta días para contar votos en un país de treinta y tres millones de habitantes. Esto ya no es un problema logístico: es la radiografía de un Estado incapaz de garantizar siquiera su función más básica, contar bien los votos y hacerlo a tiempo.

En Perú, el árbitro no solo pitó mal: abandonó el campo cuando el partido se puso difícil. Eso, sin embargo, no equivale a fraude electoral. Hasta ahora no existe una acusación seria y probada de manipulación de los resultados, sino responsabilidades administrativas por un proceso desastroso. Lo que sí ha proliferado es la estridencia: Rafael López Aliaga ha denunciado fraude sin aportar pruebas, ha exigido la nulidad de los comicios y ha lanzado amenazas vulgares e inadmisibles dirigidas a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Perdón por la barbarie, pero también eso retrata el momento peruano.

3. ¿Y si esto pasara en México? El espejo de 2006

Para entender qué tan grave es la crisis electoral que atraviesa Perú, conviene hacer un ejercicio mental. Recuérdese 2006: Felipe Calderón obtuvo el 35.89 % de la votación y Andrés Manuel López Obrador, el 35.33 %. La diferencia fue de apenas 233 831 votos, equivalente al 0.56 % de una votación total de 41 557 430 sufragios. Fue, sin duda, la elección presidencial más cerrada de la historia mexicana reciente.

Fraude o no, según el juicio de cada quien, aquella elección abrió una herida que todavía divide interpretaciones. López Obrador exigió el famoso recuento de “voto por voto, casilla por casilla”. Hubo incertidumbre, controversia y movilizaciones que paralizaron el Paseo de la Reforma. Y, sin embargo, sesenta y cuatro días después, el Tribunal Electoral declaró presidente a Calderón sin un árbitro que renunciara, sin decenas de miles de votantes excluidos, sin un mes de resultados en suspenso.

Ahora pregúntese: ¿qué habría pasado si en esa elección el consejero presidente del IFE hubiera renunciado nueve días después de la jornada? ¿Si el material electoral no hubiera llegado a miles de casillas? ¿Si, a casi un mes del 2 de julio, todavía no supiéramos quién quedó en segundo lugar? Estaríamos aterrados, y con razón. Lo que en Perú ocupa apenas unos días de escándalo, en México habría detonado una crisis constitucional de primer orden. Y no sería una exageración: bastaría recordar que 2006 dejó una herida que no termina de cerrar y que, de cuando en cuando, todavía alimenta el ánimo de revancha contra el hoy Instituto Nacional Electoral o, quizás en un futuro Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Merece decirse en voz alta, aunque incomode a quienes prefieren hundir al Instituto Nacional Electoral por deporte nacional o por simple sed de venganza: con todos sus defectos —que los tiene, y no son menores—, la autoridad electoral mexicana organizó en 2024 la elección más grande de la historia del país. Más de noventa y ocho millones de personas integraron la lista nominal. Se instalaron alrededor de 170 000 casillas. Hubo resultados preliminares esa misma noche. Y ningún árbitro huyó del estadio.

Aquí vale un pequeño paréntesis, porque el Mundial de 2026 lo merece y el análisis político también necesita respirar. Con la fiebre futbolera que nos tiene a todos calculando grupos y quinielas, no faltará quien diga —con esa lógica simplista que todo lo reduce al error individual— que los problemas electorales de Perú fueron culpa de un Layún imaginario: ese lateral que nunca llegó a tiempo al quite. Trasladado al terreno mexicano, el argumento sería igual de rudimentario: todo fue culpa del INE, como si con otro árbitro o con otro consejero presidente la historia hubiera sido distinta. Es un razonamiento seductor y profundamente equivocado. Culpar al árbitro —futbolístico o electoral— es el deporte favorito de quienes no quieren ver el partido completo.

Una democracia madura no depende de héroes. Depende de instituciones que funcionen, aunque el árbitro sea mediocre. Esa es la lección: no necesitamos mejores árbitros, sino instituciones tan sólidas que el resultado no dependa de quién las encabece. Instituciones que resistan incluso cuando su titular sea imperfecto, cuestionado o mediocre. Perú no tuvo eso. Pagó el precio y, con toda probabilidad, seguirá pagando con creces esa deuda institucional.

4. Fujimori, Sánchez y el arte de votar en contra de alguien

Keiko Fujimori compite por cuarta vez. Cuarta. Con el mismo apellido, la misma política del miedo y la misma receta de siempre: agitar el fantasma del chavismo, prometer que esta vez sí concluirá los cinco años de mandato —declaración que dice más sobre la desconfianza ciudadana que sobre la credibilidad de la promesa— y movilizar al antizquierdismo peruano como principal combustible electoral. No es una estrategia nueva. Es, en rigor, la única que conoce.

Frente a ella, Sánchez llega con apenas el 12 % y con una geografía del voto que retrata la fractura del país: se impuso en varias regiones del sur andino y también en parte de la sierra, pero no logró construir un relato nacional. Como ha advertido Daniel Zovatto, la izquierda peruana atraviesa una crisis profunda y ha perdido capacidad de seducción incluso entre sus propios electores naturales. El sur votó por Sánchez. Lima y buena parte de la costa miraron hacia otro lado. Y el país volvió a quedar partido en dos, como casi siempre.

La segunda vuelta será, previsiblemente, una guerra de rechazos. Ganará quien consiga que más gente vote contra el otro. No es una fiesta democrática; es apenas una ruleta rusa con papeleta electoral.

5. México no está exento: distinta película, la misma trampa

Mirar a Perú desde México con distancia olímpica es un error. La lógica de la “alternancia sin cambio” también opera aquí, aunque adopte otra forma. Daniel Zovatto sostiene que México ha ido perdiendo calidad democrática y se ha deslizado hacia una zona gris: un sistema que ya no puede presumirse consolidado, pero que tampoco ha cruzado del todo el umbral del autoritarismo. Es el purgatorio del sistema político: un espacio donde las instituciones siguen en pie sobre el papel, mientras en la práctica se vacían de contenido.

Perú nos muestra el extremo de la atomización: nadie manda, nadie gobierna, el Congreso destituye presidentes con una ligereza suicida y el Estado termina convertido en botín de guerra. México, en el extremo opuesto, exhibe los riesgos de la concentración: cuando un solo actor acumula tanto poder, los contrapesos se vuelven decorativos. Los populismos de izquierda y de derecha comparten, paradójicamente, el mismo desprecio por las instituciones cuando estas dejan de ser útiles y empiezan a estorbar. Lo que cambia no es el impulso, sino el pretexto.

La lección compartida es simple: cuando las instituciones se erosionan, la alternancia se vuelve teatro. Cambia el elenco; el guion permanece intacto.

6. Notas finales: la urna no repara una maquinaria rota

El 7 de junio alguien ganará en Perú. Gobernará, sin embargo, con un Congreso hostil, una legitimidad fragmentada y una ciudadanía que lleva décadas esperando que algo cambie de verdad. Tomará posesión el 28 de julio y, desde ese mismo día, empezará la cuenta regresiva hacia la siguiente tormenta.

Alberto Vergara lo resumió con precisión: el sistema político peruano, más que fragmentarse, se ha astillado. Y las astillas no se pegan solas. Daniel Zovatto, por su parte, advierte sobre la “triple trampa” latinoamericana: bajo crecimiento, alta desigualdad y gobernanza frágil. Las tres describen a Perú. Algunas, también a nosotros.

Votar es necesario. Pero ninguna urna repara por sí sola una maquinaria descompuesta. Para eso hacen falta instituciones, no héroes. La pregunta de fondo no es quién gana el 7 de junio. La verdadera pregunta es si Perú —y, con él, buena parte de la región— aprenderá por fin que la alternancia sin reforma institucional no es democracia, sino apenas rotación de élites con sufragio universal. Y eso, aunque venga acompañado de urnas, conteos y observadores internacionales, no basta para llamar democrático a un Estado que no le cumple a su gente. Desde México conviene mirar el espejo peruano con menos morbo y más autocrítica. El reflejo también nos interpela.