El 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá emitió una sentencia condenatoria en primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su responsabilidad como determinador en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Con este fallo, Colombia ingresa oficialmente a la lista de países latinoamericanos donde la justicia ha llegado hasta los niveles más altos del poder, pero en este caso no por escándalos de corrupción económica, sino por la manipulación del aparato judicial.

Según el expediente judicial, Uribe impulsó una estrategia sistemática para desacreditar testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares, en especial a través de su abogado Diego Cadena. El juzgado halló demostrado que se ofrecieron beneficios jurídicos, traslados penitenciarios y asesorías legales gratuitas a cambio de retractaciones. El caso más emblemático es el del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuya resistencia a retractarse fue clave para mantener la acusación. Monsalve grabó reuniones con emisarios del expresidente, entregó pruebas a la Corte Suprema y ratificó su testimonio original, a pesar de las presiones.

La sentencia expone también un patrón de fabricación de pruebas: cartas falsas firmadas por reclusos, versiones contradichas entre sí, participación de asesores legislativos y visitas coordinadas a centros penitenciarios. Todo ello, según la jueza, tuvo como propósito engañar a la justicia y construir una narrativa exculpatoria para el expresidente. La Fiscalía sustentó su acusación en una serie de interceptaciones telefónicas, registros carcelarios y testimonios de expertos en análisis forense y documental. La sentencia tiene más de mil páginas que sustentan la decisión.

Este caso, jurídicamente complejo, tiene además un alto contenido simbólico y político. Por primera vez, un presidente es confrontado por la justicia. El mensaje es contundente: en Colombia, nadie puede estar por encima de la ley. En una región donde las figuras presidenciales han gozado históricamente de privilegios e inmunidad, este fallo rompe con esa lógica.

Ahora bien, el impacto político no se hace esperar. El uribismo, movimiento que ha dominado la derecha colombiana durante más de dos décadas, se encuentra ante una encrucijada. La condena de su “líder principal” no solo implica un golpe moral y simbólico, sino una crisis de liderazgo y de narrativa. ¿Podrá reinventarse el Centro Democrático sin Uribe como rostro legitimador? ¿Aparecerán nuevos liderazgos que logren capitalizar la base conservadora sin arrastrar su desgaste?, pero que —a la fecha— no se configuran. Esto podría empujar a los demás sectores de derecha a buscar coaliciones más amplias o, incluso, a distanciarse de la figura de Uribe, tratando de renovar su narrativa frente a una ciudadanía cansada de la polarización.

Los demás sectores políticos —centro e izquierda— podrían capitalizar ese vacío para plantear discursos de renovación ética o fortalecimiento institucional, pero también enfrentarían el reto de no sobrepolitizar el fallo judicial, para no ser percibidos como oportunistas. Sin embargo, quedan dudas sobre cuál puede ser ese líder o figura que es “impoluto”, ya que todos los partidos enfrentaron acusaciones de corrupción en los últimos años.

En términos electorales, el fallo puede afectar las dinámicas rumbo a las presidenciales de 2026. Por un lado, una parte del electorado puede interpretar la condena como una reivindicación de la justicia y una señal de madurez institucional. Mientras tanto, otros pueden pensar que la rama judicial está cooptada por un sector político que busca la persecución de sus opositores políticos.

La condena a Uribe también genera efectos colaterales. Algunos de sus aliados cercanos —incluidos congresistas y exfuncionarios— están implicados en episodios conexos. ¿Esto llegará a debilitar las estructuras territoriales del uribismo en regiones clave y generar un efecto dominó de distanciamiento o silencio en sectores que antes lo defendían sin dudar?

Desde una mirada regional, el caso colombiano aporta una nueva dimensión al debate sobre justicia y democracia en América Latina. A diferencia de otros países, donde las élites políticas caen por escándalos de corrupción empresarial, aquí se trata de un uso instrumental de la justicia con fines de autoprotección política. En tiempos de desconfianza institucional, este fallo representa una oportunidad para fortalecer el principio de igualdad ante la ley. Pero también pone a prueba la capacidad del sistema democrático para resistir la polarización y el populismo judicial.

En conclusión, el juicio a Álvaro Uribe Vélez, que lleva casi 13 años, no cierra un ciclo: lo inaugura. La sentencia marca un antes y un después en la relación entre poder político y sistema judicial en Colombia. Quedan preguntas abiertas sobre el futuro inmediato: ¿Uribe será absuelto o condenado en segunda instancia? (Considerando que el caso prescribiría por términos legales en octubre de este año) ¿Colombia, como sociedad, estará dispuesta a des-uribizar la política? ¿Esto ahondará aún más la polarización en el país?