Hace algunos años cubrí como observador electoral unas elecciones legislativas en Colombia. Todo apuntaba a una jornada tranquila. Los pronósticos coincidían, la campaña había transcurrido sin sobresaltos mayores y los equipos de observación llegamos con la expectativa de un domingo más bien rutinario. Joseph Thompson, uno de los académicos latinoamericanos con más trayectoria en observación, nos advirtió algo que entonces tomé como cortesía protocolaria y que con los años he aprendido a tomar como diagnóstico: “en Colombia cualquier elección puede complicarse. Siempre hay algo que las hace interesantes.”

Las elecciones de 2026 confirman esa intuición con una nitidez que pocas veces se había visto. Lo que las hace interesantes, esta vez, no es un solo factor sino la acumulación de varios que rara vez coinciden con esta intensidad en un mismo ciclo electoral: un calendario que separa Congreso y Presidencia, y que cancela los mecanismos de arrastre y gobernabilidad temprana que otros países sí aprovechan; una geografía electoral que revela, municipio por municipio, la desigualdad estructural del país; el crimen organizado operando como actor con capacidad de condicionar el voto en cientos de municipios; un sistema institucional que funciona con notable solidez técnica en el conteo y, al mismo tiempo, opera en un entorno legal y comunicativo frágil, y un presidente extranjero opinando sobre el resultado con una franqueza que pocas veces se había visto en la región. Cada uno de esos elementos, por separado, ya complicaría cualquier elección. Juntos, explican por qué Colombia, una vez más, demostró la importancia de tener instituciones sólidas para enfrentar los desafíos de procesos comiciales que… siempre pueden complicarse.

I. Consecuencias de un calendario original

 Colombia es una excepción en América Latina. La gran mayoría de las democracias de la región celebran las elecciones legislativas y presidenciales el mismo día, o con diferencias mínimas. Colombia las separa deliberadamente. En marzo eligió Congreso, en mayo celebró la primera vuelta presidencial y el 21 de junio resolvió la segunda ronda.¹ Son tres jornadas distintas, cada una con agendas y expectativas específicas.

La ciencia política tiene razones para preferir la simultaneidad. Cuando las elecciones legislativas y presidenciales coinciden, las estrategias de las y los votantes se entrelazan. Opera lo que en la jerga académica se ha conocido como coattail effect o efecto de arrastre. Normalmente las candidaturas a la Presidencia recaen en personajes muy visibles que pueden atraer preferencias y votos para otras postulaciones de su partido, aun cuando sean menos conocidas. Ello genera gobiernos con mayor capacidad legislativa desde el primer día. Colombia, al separar las fechas, cancela ese mecanismo. Además, rompe la posibilidad de que exista la famosa luna de miel, ese período inicial en que el legislativo da mayor libertad al Ejecutivo para mover sus piezas, como una señal de buena voluntad. En este país sudamericano esa agenda llega ya vencida, ya que el Congreso que salió electo en marzo debió configurar su dinámica interna sin saber quién ganaría la Presidencia. El resultado legislativo de marzo refleja esa fragmentación con nitidez.

El cuadro 1 refleja las posibilidades de negociación de quien resultó electo en la segunda vuelta. Ninguna fuerza tiene mayoría. El Pacto Histórico, que es la coalición del presidente saliente, obtuvo casi 23 % en el Senado, pero prácticamente nada en la Cámara que le permita gobernar solo. El Centro Democrático, partido de Uribe y principal soporte de De la Espriella, tampoco. Los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, mantienen su peso histórico como bisagras indispensables para cualquier coalición, lo que les da un poder de negociación desproporcionado respecto a su votación.

El resultado previsible es que el presidente electo tendrá que negociar para lograr gobernabilidad. Eso en Colombia tiene un costo conocido: ministerios repartidos entre partidos que no comparten el programa de gobierno, contratos entregados a cambio de votos en el Congreso, reformas diluidas para no perder aliados. Es el precio estructural de un diseño institucional que separa deliberadamente las elecciones y produce presidentes sin mayorías propias desde el primer día.

II. Las dos Colombias

El mapa de ganadores en la primera vuelta sugiere un país partido en dos bloques: un centro naranja y una periferia morada. Pero es una ilusión. Cuando se baja al nivel municipal, la imagen cambia radicalmente. Las dos Colombias no están separadas por fronteras departamentales, conviven dentro de casi cada territorio. Antioquia es naranja en el agregado pero tiene municipios morados profundos en el Urabá y el Bajo Cauca. El Eje Cafetero también, en sus municipios más pobres y menos conectados.

Lo que el mapa municipal revela es una fractura diferente. Ganó De la Espriella donde el Estado tiene presencia real, donde hay empleo formal, servicios y vías. Ganó Cepeda donde el Estado llega tarde, mal o de uniforme, donde la pobreza multidimensional es más alta y las comunidades indígenas y afrodescendientes más numerosas. Esa geografía de la desigualdad no la produjo esta elección. Lleva décadas ahí, y el mapa de 2026 es casi idéntico al de 2022 y al de 2018.

Esa Colombia fragmentada y desigual, que los mapas municipales revelan, produjo, en la primera vuelta, un resultado electoral extraordinariamente concentrado. El 31 de mayo, con una participación del 57.8 %, una de las más altas en la historia del país, las y los colombianos eligieron en la práctica entre dos opciones.

III. Votar con miedo

Colombia fue el primer país de América Latina en tener que blindar sus elecciones frente al crimen organizado. Lo aprendió a las malas, cuando la parapolítica de los años dos mil demostró que los grupos armados podían capturar el Congreso desde adentro, no solo amenazarlo desde afuera. Ese aprendizaje produjo instituciones, protocolos y mecanismos que hoy son más sofisticados que los de la mayoría de sus vecinos. El problema es que el resto de América Latina también los necesita ya, y la región entera está aprendiendo tarde lo que Colombia lleva dos décadas procesando.

Para estas elecciones, el Estado colombiano activó el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). A través de ese mecanismo se otorgaron o reforzaron esquemas de protección a 65 aspirantes a la presidencia, 172 al Senado y 262 a la Cámara. Cada fórmula presidencial recibió un esquema que superó los mil millones de pesos colombianos mensuales, unos 272 000 dólares, financiados con recursos del Estado. El Ministerio de Defensa desplegó más de 18 000 efectivos para acompañar 620 actividades de campaña antes de la primera vuelta. La experiencia del país andino en la protección a candidaturas se percibe. 

Lo paradójico es que, a pesar del tamaño del operativo, éste no fue suficiente para impedir lo que ocurrió el 7 de junio de 2025, en Bogotá, cuando fue atacado el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a consecuencia de las heridas. Antes de la primera vuelta, miembros de la campaña de De la Espriella fueron asesinados. El coordinador de campaña de Paloma Valencia en Arauca fue secuestrado por el ELN. La Misión de Observación Electoral Colombia (MOE Colombia) documentó sesenta y tres afectaciones electorales entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, distribuidas entre todas las fuerzas políticas.² 

Lo que los observadores del Instituto de Ciencia Política registraron en territorio durante las legislativas de marzo dice aún más. De 126 veedores desplegados, 103 reportaron formas concretas de interferencia: 57 % observaron supervisión de entradas y salidas de municipios por parte de actores armados, 17 % reportaron limitaciones al movimiento de personas y 15 % documentaron distribución de material de campaña por parte de esos mismos actores. En 386 municipios, el 34 % del total del país, la MOE identificó riesgo electoral consolidado por factores de violencia para la primera vuelta presidencial, con 139 en riesgo extremo. 

El análisis estadístico del Instituto de Ciencia Política identificó, además, 1019 puestos de votación con patrones simultáneos de atipicidad electoral, concentrando 327 196 votos, el 90 % ubicados en municipios con presencia documentada de grupos armados. El hallazgo más perturbador es que las anomalías no se concentran donde hay violencia abierta o disputa activa entre grupos, sino en los territorios de control hegemónico consolidado, donde un solo actor armado domina sin competencia. Ahí las tasas de atipicidad triplican el promedio nacional.³ La OEA fue categórica al respecto y llamó a no normalizar la violencia político-electoral, señalando que algunos candidatos presidenciales tomaron la decisión de usar chaleco antibalas y mantas de protección no solo en campaña sino al momento de votar. Esa imagen resume mejor que cualquier dato lo que Colombia todavía no ha resuelto.⁴

IV. Instituciones fuertes, entorno frágil

Colombia tiene algo que muy pocos países de América Latina pueden exhibir. La noche de las elecciones, las y los ciudadanos se van a dormir sabiendo quién ganó. El preconteo funciona así: al cierre de cada mesa, las y los jurados transmiten los resultados telefónicamente a centros de captura distribuidos en todo el país, donde los datos se verifican y se publican en tiempo real en la página de la Registraduría. Simultáneamente, los formularios físicos de cada mesa se escanean en cincuenta y cinco centros, y se publican de inmediato. En 2026, por primera vez, se publicaron las tres copias originales del E-14, añadiendo una capa adicional de trazabilidad. El resultado es que hora y media después del cierre de urnas, el 90 % del preconteo ya estaba disponible. Hacia medianoche, el avance era del 99 %. El escrutinio oficial, a cargo de comisiones integradas por jueces de la República en presencia de representantes de todos los partidos, arrojó una coincidencia del 99.94 % con el preconteo. En un país con la historia electoral de Colombia, este dato revela la infraestructura democrática que se ha construido durante décadas y que funciona.

Esa solidez de los cómputos ha dado mucha estabilidad a los procesos colombianos y debe aquilatarse como uno de sus activos democráticos más importantes. Subsisten, sin embargo, problemas en otras áreas que deben resolverse. El Carter Center y la OEA señalaron, con distintas palabras, tres problemas estructurales que ese buen funcionamiento técnico no alcanza a resolver. El primero es el marco legal. Colombia reparte la autoridad electoral entre varios órganos, la Registraduría, el CNE, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y otros tribunales, sin que exista siempre coordinación entre sus tiempos y criterios. El resultado son zonas grises donde dos instancias pueden fallar en direcciones distintas sobre un mismo asunto, ya sea la personería jurídica de un partido o la validez de una lista de candidatos. 

Un ejemplo concreto ilustra el problema. La ley exige inscribir las candidaturas presidenciales dentro de los cuatro días siguientes a las consultas partidistas, pero no fija ningún plazo para que esas mismas consultas terminen su escrutinio, lo que deja a los partidos corriendo contra un reloj que la propia norma no termina de definir. A eso se suma que, en los meses previos a la elección, seguían sin resolverse varias solicitudes para anular listas completas de candidatos, dejando a esas campañas operando bajo la sombra de una decisión judicial pendiente.

El segundo es el financiamiento de campañas. Colombia tiene un sistema de financiamiento predominantemente público. El anticipo estatal llegó a los candidatos apenas nueve días antes de la primera vuelta, vaciando de utilidad práctica ese mecanismo. La concentración del gasto fue reveladora. De la Espriella reportó más de 14 800 millones de pesos en gastos, de los cuales cerca de 10 000 millones correspondieron a propaganda electoral, seguido por Valencia con más de 8000 millones. En ingresos, la asimetría fue todavía mayor: De la Espriella reportó 32 000 millones, Valencia 20 000 millones y Cepeda 15 000 millones, los tres financiados exclusivamente con créditos del sector financiero. Solo ocho de las trece candidaturas presidenciales habían reportado ingresos a la fecha de corte. Carter Center y OEA señalaron retrasos en los reportes de algunas campañas y una percepción extendida de subdeclaración. El sistema existe, pero la capacidad de verificación del CNE no crece al mismo ritmo que la sofisticación de los gastos de campaña.

El tercero es la desinformación. Ninguno de los dos organismos la trató como fenómeno marginal. Ambos la documentaron como herramienta de campaña activa, amplificada por inteligencia artificial. Se fabricaron audios falsos atribuidos al Registrador admitiendo fraude, se crearon imágenes de coronas fúnebres amenazando candidatos con IA y se difundieron encuestas falsas que circularon masivamente por WhatsApp. La MOE documentó 190 incidencias desinformativas en el año previo a la primera vuelta, el 76.8 % orientadas a distorsionar hechos reales antes que a inventarlos completamente. 

V. Intereses desde distintos polos

El 2 de junio, un día después de la primera vuelta, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje que no dejaba lugar a ambigüedades. “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!” escribió. En el mismo texto calificó a Iván Cepeda de “marxista de izquierda radical” y añadió que “los resultados de esta elección son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos.” Días después, de cara a la segunda vuelta, redobló la apuesta: “si Abelardo gana, tendrá todo el apoyo y la fortaleza de Estados Unidos detrás de él.”

De la Espriella agradeció públicamente el respaldo. Cepeda lo calificó de intervención con “tinte injerencista.” Lo que hace singular el episodio no es que Trump tenga una preferencia. Los presidentes estadounidenses han tenido preferencias en elecciones latinoamericanas desde siempre, aunque rara vez las han expresado con esta franqueza. Lo singular es el momento regional en que ocurre. Analistas en varios países han señalado que la intervención de Trump no opera en un vacío. Hay gobiernos del bloque progresista latinoamericano que tienen sus propias preferencias sobre el resultado colombiano y que las expresan, con distintos grados de discreción, a través de canales diplomáticos, declaraciones solidarias o simple cercanía pública con el candidato afín. 

Eso abre un debate que América Latina tiene pendiente y que Colombia está forzando a tener ahora mismo. Las fronteras entre lo que un gobierno extranjero puede decir sobre la política interna de otro país han sido siempre porosas, pero las redes sociales y la polarización global las han vuelto casi inexistentes. Son temas a los que ningún marco jurídico internacional responde hoy con claridad, y que el caso colombiano de 2026 devuelve al centro del debate hemisférico con una urgencia que no tiene respuesta fácil.

VI. Colombia en el retrovisor

Colombia funciona como laboratorio adelantado de problemas que el resto de América Latina está empezando a enfrentar ahora. La interferencia del crimen organizado en procesos electorales, antes vista como un fenómeno típicamente colombiano, hoy aparece con distintos grados de intensidad en México, Ecuador, Perú o Brasil. Los mecanismos que Colombia construyó durante dos décadas, esquemas de protección a candidaturas, mapas de riesgo electoral con metodología replicable, observación territorial sistemática, no son soluciones perfectas, pero ofrecen un punto de partida que otros países todavía no tienen.

A su vez, el preconteo colombiano demuestra que la velocidad y la transparencia en la entrega de resultados pueden ser, por sí mismas, herramientas de estabilidad democrática capaz de neutralizar narrativas de fraude antes de que se consoliden. Pero la elección 2026 ofrece un panorama novedoso. Ninguna infraestructura técnica, por sólida que sea, compensa un entorno informativo contaminado por desinformación amplificada con inteligencia artificial, un marco legal fragmentado entre autoridades que no siempre coordinan sus tiempos, o un sistema de financiamiento de campañas que llega tarde a quienes más lo necesitan. Para las democracias de la región, el caso colombiano deja una advertencia precisa: se puede tener uno de los mejores sistemas de conteo de votos del continente y, al mismo tiempo, seguir librando la batalla por la legitimidad electoral en terrenos que ese conteo no alcanza a cubrir. Debemos seguir innovando.