Si de negociación hablamos, empecemos por descartar las condiciones de una rendición, que en términos estrictos no corresponde al ámbito del diálogo, sino a la situación en que una de las partes tiene la victoria, y las otras están derrotada. En la guerra es dable exigir al enemigo rendición incondicional. En la política no.

En las reformas político-electorales ocurridas en 1977 y 1986 el gobierno y su partido (PRI) tenían mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en las 31 legislaturas locales. A pesar de esa condición, en 1977 el gobierno mantuvo un constante dialogo con los dirigentes del Partido Comunista Mexicano (PCM) hasta encontrar la vía jurídica para su incorporación al sistema electoral. Una década más tarde, previo al proceso legislativo, en 1986 el secretario de Gobernación convocó a foros de análisis, en los que participaron dirigentes partidistas, legisladores y especialistas. En la Cámara de Diputados el grupo mayoritario (PRI) abrió un espacio para escuchar las propuestas opositoras. En la votación impuso su mayoría.

En las reformas ocurridas entre 1990 a 2014 había un hecho determinante: el gobierno y su partido habían perdido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que cualquier cambio en la Constitución exigía del concurso de uno o varios de los grupos parlamentarios de oposición. Ese hecho obligó a cambiar las reglas del juego. Las oposiciones exigieron llevar a la Constitución normas que en buena técnica deberían estar plasmadas en leyes secundarias. Llevarlas a la Constitución era la garantía de que el gobierno y su partido no las cambiarían de manera unilateral, garantía que después fue incorporada, como una especie de pacto de Estado, en el artículo 54 de la propia Constitución: ningún partido, o alianza electoral de partidos, podría tener más de 300 curules en la Cámara de Diputados. Ese fue el pacto que la 4T desconoció en 2024, con el aval del INE y TEPJF.

La primera vez que en la negociación de una reforma electoral se aplicó la regla del consenso fue en 1994. Fue a propuesta del PRD y tenía un motivo: en 1990 y 1993, ante la retirada del PRD de la mesa de negociaciones, el gobierno y el PRI llegaron a acuerdos bilaterales con el PAN. Con la regla del consenso los perredistas aseguraban que no habría otra reforma sin ellos. La regla fue aplicada en las llamadas “conversaciones de Barcelona”, celebradas de febrero a mayo de 1994. La propuesta de la izquierda fue respaldada por el secretario de Gobernación y presidente del IFE, el doctor Jorge Carpizo, quien la fraseó de la siguiente forma: “el consenso no es unanimidad, es ausencia de disenso”. No era un juego de palabras. Era la forma para aceptar propuestas con las que sin estar de acuerdo no eran motivo de ruptura. En 1996 el secretario de Gobernación reinterpretó el consenso como derecho de veto, lo que dio malos resultados.

De 1989 a 2014 en las mesas de diálogo participaron los 3 mayores partidos y el gobierno, salvo en la de 2007, en que, por consenso, el último fue excluido. Por lo general, en la mesa estaban sentados los dirigentes nacionales de esos partidos y el secretario de Gobernación. Los legisladores conocían los acuerdos alcanzados una vez que las iniciativas de reforma eran presentadas en el Congreso. La excepción fue la reforma de 2007, en la que el grupo de negociación fue integrado por senadores y diputados de los grupos parlamentarios con mayor número de integrantes.

Elementos comunes a los procesos de reforma electoral (1989-2014) han sido el diálogo y la negociación; la regla del consenso (1994-2014); la participación de los 3 mayores partidos; la conducción y moderación a cargo del secretario de Gobernación (salvo 2007) y la progresividad de los cambios. El actual sistema electoral es una obra colectiva, producto de los cambios -graduales y progresivos- realizados a lo largo de casi 4 décadas (1977-2014)

Ahora la presidenta decidió, de manera unilateral, crear por decreto una Comisión Presidencial, o sea de ella y para ella. No es lo inédito lo que hace cuestionable la medida. Es que la forma en como ha sido creada es la negación del diálogo. La presidenta tiene derecho a crear las comisiones que la ley le permite. Eso no está a discusión. Lo que sí es discutible es si resulta aceptable sentarse a dialogar con interlocutores y agenda impuestos desde el poder.

Para reestructurar un edificio, es mejor tener a la vista los planos originales, y si se puede consultar a los constructores, mejor aún. Ambas posibilidades existen para los fines de la reforma que viene, a fin de que sea producto de un diagnóstico y soluciones compartidas. Reitero que el sistema electoral vigente es resultado de la acumulación de cambios, que en 2014 tomaron un camino torcido. No postulo regresar a lo de antes. Sugiero un primer consenso: la pirámide que hoy tenemos en materia electoral -leyes, instituciones, prácticas, ya cumplió los objetivos para los que fue -paulatinamente- diseñada. Es llegado el momento de desmontarla.

Todo por servir se acaba. Y acaba por no servir. Construyamos un nuevo consenso entre gobierno, partidos y ciudadanos para ir a un sistema electoral sencillo, menos costoso, preservando la autonomía e independencia de las autoridades electorales y garantizando el respeto al voto. Volvamos a lo básico. Hay que desmontar la pirámide. 

Por más desalentador que sea escuchar la arenga oficialista, que pone como primera condición a los opositores que acepten su derrota, como si el resultado electoral de 2024 hubiese escriturado el poder a la 4T de una vez y para siempre, mantengamos la confianza en que, parafraseando a Norberto Bobbio, el diálogo siempre será valioso, aunque solo sea para saber lo que piensan los otros.   

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Posdata: En respuesta mañanera, dijo la presidenta de México que la nueva CURP biométrica no es obligatoria. Sospecho que no lee lo que firma.