El jueves 16 de marzo de 2023, 59 asambleístas presentaron la solicitud de juicio político al presidente de Ecuador Guillermo Lasso, acusándolo de ser “responsable político” de los delitos de concusión y peculado. Los legisladores recurrieron al literal 2 del artículo 129 de la Constitución que da a la Asamblea Nacional la potestad de iniciar un juicio político a la presidenta o presidente por los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Esta no es la primera vez que los sectores de oposición dentro de la Asamblea Nacional buscan destituir al presidente; lo hicieron en junio de 2022 recurriendo al artículo 130 de la Constitución por la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, en medio de fuertes protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El gobierno de Guillermo Lasso experimenta, desde el inicio de su gestión, un constante bloqueo desde el Legislativo. Este bloqueo se debe a la composición de la Asamblea: la bancada mayoritaria y principal fuerza de oposición con 49 escaños le corresponde al Movimiento Unión por la Esperanza (UNES), patrocinado por el ex presidente Rafael Correa y sus ex colaboradores. Le sigue, con 27 escaños, la bancada del Movimiento Pachakutik, que articula a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sectores populares urbanos (esta bancada ha sufrido varias deserciones que se han unido a la oposición con UNES). La tercera bancada la tiene el Partido Izquierda Democrática (ID), que llegó al gobierno en 1988 con la elección del ex presidente Rodrigo Borja y cuyo auge de representación en el Legislativo y en gobiernos locales se dio durante las décadas de 1980 y 1990. El Partido Social Cristiano (PSC) obtuvo 18 escaños y es un tradicional representante de la derecha ecuatoriana que llegó al gobierno con la elección del ex presidente León Febres Cordero en 1984 y controló el Municipio de Guayaquil durante 31 años entre 1992 y 2023. El Movimiento Creando Oportunidades (CREO), de tendencia liberal conservadora, que participó por primera vez en las elecciones generales de 2013 para postular al actual presidente Guillermo Lasso, tiene 12 escaños. Por último, se reparten entre ocho partidos y movimientos con muy poca votación un total de 13 asambleístas a quienes, por no contar con una bancada significativa, se los ha denominado “independientes”, y que han actuado como “comodines” sumando votos a las diversas fuerzas políticas en distintas coyunturas.

Al inicio del período de gobierno, en 2021, la presencia de las bancadas de Pachakutik, ID, PSC y CREO, que hasta entonces se habían perfilado como fuerzas políticas críticas con el correísmo, hacían pensar en la posibilidad de una alianza que permitiese construir acuerdos con el oficialismo. Ejemplo de aquello fue la elección de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori de Pachakutik, quien fue electa con el apoyo de CREO, ID e independientes. Sin embargo, durante los primeros meses de gobierno, las posibilidades de una alianza se diluyeron y en adelante UNES, el PSC, miembros disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática, así como independientes, se aliaron para hacerle frente al gobierno. Cabe mencionar que el partido de gobierno perdió 20 escaños entre las elecciones de 2017 y 2021, por lo que conformó la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) en un intento por sumar fuerzas, logrando la unión de 13 asambleístas independientes.

La primera crisis social y política que enfrentó el gobierno de Lasso se dio en junio de 2022, cuando la CONAIE anunció un paro indefinido y movilizaciones en todo el país. La constante amenaza de movilizaciones no había cesado desde octubre de 2019, cuando la CONAIE protagonizó 12 días de protestas que obligaron al gobierno de Lenin Moreno a derogar el Decreto 883 en el que se pretendía eliminar el subsidio a los combustibles. Esta crisis dejó una serie de reclamos y demandas no resueltas que se reactivaron en junio de 2022, cuando la CONAIE presentó un petitorio de 10 puntos, entre los que se incluyó el control de precios a los combustibles y focalización de subsidios, moratoria y renegociación de deudas con bancos privados y cooperativas, presupuesto para salud y educación, empleo y seguridad social, control a la explotación minera, seguridad y protección de derechos colectivos.

Desde la Asamblea Nacional, la bancada de UNES aprovechó la coyuntura y planteó la destitución del presidente recurriendo a la figura de la “grave crisis política y conmoción interna”. El 25 de junio de 2022 la Asamblea votó en torno al pedido de destitución, sin conseguir el apoyo de las dos terceras partes de asambleístas que exige el artículo 130.

Los 80 votos a favor de la destitución correspondieron a UNES, algunos disidentes de la bancada de Pachakutik auto denominados “Pachakutik rebelde” y algunos independientes, los 48 en contra y las 9 abstenciones correspondieron al PSC, ID y BAN. De haberse aprobado la destitución, habría asumido el cargo el vicepresidente, para convocar a elecciones anticipadas durante los 7 días posteriores.

Los hechos de junio de 2022 dejaron secuelas, y quedó clara la intención de los sectores de oposición, desde la CONAIE y la Asamblea, de buscar la manera de destituir al presidente. A pesar de que en junio de 2022 la CONAIE firmó un acta de paz y se inició un proceso de diálogo que duró ocho meses, en febrero de 2023, en el Consejo Ampliado de la CONAIE, su presidente Leónidas Iza comunicó la decisión de exigir la renuncia del presidente Guillermo Lasso y pedir a la Asamblea y a la Corte Constitucional que inicien un juicio político al presidente.

Con los antecedentes y el contexto descrito, la solicitud de juicio político al presidente fue presentada el jueves 16 de marzo de 2023 por UNES, y contó con 59 firmas de apoyo desde las bancadas del PSC, ID y disidentes del Movimiento Pachakutik. El proceso ha sido admitido por el Consejo de Administración Legislativa. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió un “dictamen de admisibilidad” parcial, lo que quiere decir que sólo admitió la acusación relacionada con el delito de peculado, y no admitió las dos acusaciones de delito de concusión.

La solicitud presentada por los asambleístas acusa al presidente de tener “responsabilidad política” en los delitos de concusión y peculado en base en el artículo 129 de la Constitución. Respecto al delito de concusión, la acusación se refiere a dos casos, el primero relacionado con el ex Gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), acusado de corrupción, y el segundo relacionado con dos ex Gerentes de Petroecuador involucrados en tráfico de influencias. El delito de concusión se refiere al abuso de funciones de servidores públicos para exigir la entrega de beneficios o contribuciones. En la solicitud de juicio político se acusa al presidente de participar en una estructura de corrupción dentro de la EMCO, en la que su ex Gerente pidió dinero a cambio de cargos. En el documento se acusa al presidente de no haber actuado para evitar y corregir ese hecho. La segunda acusación de concusión se refiere a la venta de cargos públicos en Petroecuador por parte de dos de sus ex gerentes. En la solicitud de juicio político se afirma que el presidente, al haber nombrado a los dos directivos de Petroecuador, propició los escenarios para el cometimiento del delito.

Por último, la acusación de peculado se refiere al caso de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). El peculado se comete cuando un servidor público dispone o se apropia arbitrariamente de bienes o dineros públicos o privados al momento de ejercer el cargo. Se acusa al presidente de ser parte de una estructura de corrupción que habría perjudicado al Estado a través de la firma del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de petróleo y combustibles en diciembre de 2020, durante el gobierno de Lenin Moreno. La acusación se refiere a la participación del presidente en la designación del ex gerente de Flopec, propiciando la corrupción en esa empresa pública.

En este escenario, el presidente Guillermo Lasso cuenta con una herramienta constitucional que le permitiría cambiar el curso de los acontecimientos y es la denominada “muerte cruzada”, prevista en el artículo 148 de la Constitución, que permite la disolución de la Asamblea Nacional por tres motivos: arrogación de funciones, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y grave crisis política. El mismo artículo establece que, en el plazo de siete días, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto del período. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado respecto de esta posibilidad y se ha limitado a rechazar las acusaciones de la Asamblea en su contra y a insistir en la inocencia del presidente.

Los próximos días serán decisivos para el futuro del gobierno, pues con la decisión de la Corte Constitucional que admitió el juicio político por el delito de peculado, la Asamblea tiene un plazo de 45 días para presentar las pruebas contra el presidente y para la posterior defensa del mandatario. Finalmente, la destitución requiere de 92 votos en la Asamblea. UNES, el PSC, la ID, ex miembros de Pachakutik y algunos independientes, se alistan para concretar lo que han venido buscando durante meses.