Tradicionalmente el ejercicio de los derechos políticos es la acción que permite a la ciudadanía contribuir en la renovación pacífica y periódica de los poderes legislativo y ejecutivo. Es específicamente, a través de la materialización del derecho humano a votar y ser votado, que las personas pueden acceder válidamente a un cargo público de elección popular.

Hoy en día, no puede concebirse una democracia moderna sin la celebración periódica de procesos electorales equitativos y transparentes. Sin la competencia electoral institucionalizada no se puede explicar ningún régimen democrático, además de ser como decía Popper, la única forma civilizada que tienen las sociedades abiertas para superar los gobiernos autoritarios.

Una nueva esfera democrática

En todos los sistemas políticos que se proclaman democráticos existe una judicatura profesionalizada y autónoma encargada de proteger la legalidad como marco elemental para la construcción de la ciudadanía y la vigencia del Estado de Derecho. Para las democracias constitucionales contemporáneas, es tan importante la posibilidad de acudir a las urnas para decidir quién habrá de conducir la acciones gubernamentales, como tener acceso a la acción procesal para la solución pacífica de las controversias, limitar el ejercicio arbitrario del poder público y garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

En México, con la reciente reforma al poder judicial se ha dado forma a una nueva esfera de la democracia, ya que será la ciudadanía sin la interacción organizativa de los partidos políticos, la que por primera vez en la historia del país elegirá a través del sufragio, a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales.

En términos prácticos, ello se trata de un redimensionamiento del llamado principio democrático, que ahora fungirá como novedosa fuente de legitimación de la labor jurisdiccional, por lo que el cabal ejercicio de esa actividad ya no solo dependerá de la solidez argumentativa de sus decisiones. Esa inédita dinámica electoral creará un puente entre la judicatura y la participación política de la ciudadanía, así como una especie de representación judicial que consolidará la integración prácticamente de los tres poderes del Estado a través del voto popular.

Con el ejercicio del sufragio en el ámbito judicial se pretende reforzar la autonomía de las juezas y jueces al democratizar la forma en que son electos, pues ya no serán designados por el propio poder judicial bajo sistemas de evaluaciones o a propuesta de los poderes ejecutivo y legislativo como era antes, sino que serán electos mediante el sufragio, para lo cual deberán implementar campañas electorales nunca vistas por la ciudadanía.

Ante ello, la gran incógnita será saber si el ejercicio de esa nueva vertiente del derecho humano a votar y ser votado, tendrá realmente como efecto, proveer un mejor y más eficiente poder judicial del que ahora se tiene. Que esté libre de los vicios que actualmente lo aquejan como la corrupción, el nepotismo, el acoso sexual y la falta de paridad de género. Pero sin demeritar el grado de profesionalismo que debe imperar en tan importante tarea para un eficiente sistema democrático.

Participación ciudadana y representación judicial

Parafraseando a Sartori por mandato de la reciente reforma constitucional y legal en la materia, la maquinaria democrática se ha volcado hacia un espacio virgen de la acción electoral pretendiendo revitalizar el escenario político, al establecerse la elección directa de las personas juzgadoras mediante el voto mayoritario. Ello, no es un asunto menor, pues se trata de que sea la ciudadanía quien determine quienes serán los encargados de impartir justicia y de realizar la importante labor de control constitucional en un gobierno limitado, en el que el poder político está dividido y todas las autoridades sin excepción, actúan dentro del marco normativo establecido.

Es cierto, que sin los conceptos de participación y representación política la democracia como régimen político simplemente no existiría. Lo que ahora sucederá, es que ambos elementos estarán experimentando inusitadas formas de expresión. Por ejemplo, será ahora la participación ciudadana la indiscutible protagonista en los próximos procesos comiciales para integrar los órganos jurisdiccionales, cuando hasta hace poco tiempo, lo que pasaba en el poder judicial era prácticamente irrelevante para el sistema político mexicano.

Es decir, la impartición de justicia no era parte de las campañas electorales, ni de las urnas, las y los ciudadanos estaban lejos de involucrarse en el conocimiento y la selección de las mejores personas para desempeñar tan importante labor para la vigencia de los derechos humanos y el respeto a la pluralidad. La actividad judicial y el perfil de quienes deben realizarla, no eran parte de la agenda ciudadana en materia electoral. El que un persona juzgadora cumpliera con ciertos estándares de profesionalismo e imparcialidad para desempeñar cabalmente su función, era algo que escapaba al interés de la ciudadanía, a la actividad política y a la necesidad de la obtención del voto.

Sin embargo, ante las próximas elecciones judiciales que tienen como característica el ser prácticamente ciudadanizadas, la participación política del electorado mexicano adquiere una connotación sin precedentes, ya que a partir de ella, se estará dando forma a una representación judicial derivada de la voluntad popular. Así, dicha participación dará sentido a la recién inaugurada democracia judicial electoral, en la que impartirán justicia quienes hayan obtenido el mayor respaldo popular.

En ese sentido, con la evolución de ambos conceptos se estará ensanchando nuestra democracia hacia el ámbito judicial, generándose un nuevo procedimiento electoral para la integración de los órganos judiciales, cuyos titulares teóricamente serán los nuevos representantes judiciales del electorado.

Retos de la elección judicial

La celebración de las próximas elecciones judiciales presenta numerosos retos y áreas de oportunidad. No hay duda, de que el mayor de ellos será informar a la ciudadanía acerca de la importancia toral de su participación para la selección de las personas juzgadoras, así como sensibilizarla en muy poco tiempo con un lenguaje novedoso e instruirla en la forma en que se llevará a cabo la votación,  en la que se utilizarán boletas electorales que se confeccionaron a base de colores y que incluyen de manera numerada a las candidaturas, elementos con los que el INE pretende facilitar la votación, dada la variedad de cargos a elegir.

Se antoja una tarea difícil, en tanto que existen una serie de limitantes jurídicas y fácticas para hacer campañas electorales exitosas, como lo es la imposibilidad de utilizar individualmente la pauta en radio y televisión en los tiempos que administra el INE, así como contratar espacios en cualquier medio de comunicación incluidas las redes sociales, las que en realidad son el verdadero canal de comunicación que utiliza la población más joven, quienes ya no ven televisión, ni escuchan la radio, por lo que tales medios digitales y sus algoritmos son cruciales a la hora en que se pretenda alcanzar una exposición relevante para una candidatura.

Y sobre todo, en esta era dominación de los medios digitales que conforman, según Byung-Chul Han una verdadera infocracia, en la que la información fluye más rápido que la verdad en detrimento del pensamiento analítico, donde las prácticas cognitivas parecen ya no importar tanto para ganar votantes en una elección, sino que lo determinante es el impacto viral que se puede generar con algún tipo de publicación que, en la mayoría de los casos, termina siendo intrascendente para la mejor toma de decisiones.

Otro reto es el hecho de que las candidaturas que actualmente ocupan un cargo judicial habrán tenido que dejar sus oficinas y sus expedientes para hacer campaña sin el respaldo de los partidos políticos, ni de cualquiera otra asociación u organización. Con el riesgo de que ante la falta de experiencia en los oficios de una candidatura, se lleguen a emitir mensajes que no necesariamente se relacionen con la labor jurisdiccional, creándose una especie de torre de babel de propuestas disonantes, con lo que podría originarse sin querer, una nueva distorsión de la política mexicana, como lo sería la demagogia judicial electoral.

Finalmente, debe reconocerse que el electorado no está familiarizado con la terminología judicial, ni con los pormenores del funcionamiento de cada uno de los órganos judiciales. Por ejemplo, desconoce las tareas que realiza una sala regional electoral, un tribunal de disciplina o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que parece reducir la posibilidad de su participación más allá de los círculos judiciales y políticos. Por lo que la forma en que las candidaturas se aproximen al electorado en general, será determinante en los resultados que se obtengan en la próxima jornada electoral, en la que ahora más que nunca, salir a votar será francamente un acto de heroicidad de la ciudadana.