En la reforma electoral de 2014, el cambio más relevante fue la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y el surgimiento del Instituto Nacional Electoral (INE). No fue una sustitución de una palabra –“nacional” en lugar de “federal”, sino un cambio de rumbo en el sistema electoral de México. Del federalismo electoral, transitamos a un contrahecho centralismo.

A propuesta del PAN, al nuevo INE se le otorgaron inéditas atribuciones en las elecciones estatales y de la CDMX. Los 32 institutos electorales locales sobrevivieron, pero quedaron subordinados y maniatados. Al mismo tiempo, a los congresos locales se les despojó de la facultad de nombrar a los consejeros electorales, misma que fue depositada en los 11 consejeros del INE. Sin embargo, el presupuesto para las elecciones estatales siguió teniendo como fuente las finanzas locales, en general con resultados negativos para varios institutos.

Al INE se le otorgaron facultades encimadas y revueltas con las que conservaron los 32 institutos para la organización y desarrollo de las elecciones estatales y municipales. Desde su sede en la CDMX, los consejeros del INE discuten y resuelven sobre comicios en municipios remotos y poco poblados, hasta los de nuestras grandes urbes. Los consejeros quedaron sobrecargados de tareas, mientras la burocracia del INE vio aumentado su poder, a una escala nunca vista.

Hasta 2014 las únicas atribuciones de orden nacional del IFE era el padrón y la credencial para votar, a partir de ese año el INE se inmiscuye en casi todas las fases y actividades para los comicios locales. Recuerdo que, ante ese nuevo modelo, el expresidente del IFE, José Woldenberg, opinó que, si hacer del IFE una autoridad única en materia electoral era una mala idea, la creación de un sistema de competencias mixtas, semi centralizado, era una pésima fórmula.

La reforma de 2014, a la que en su momento califiqué como un “mazacote”, no resolvió ningún problema importante en el ámbito de las elecciones locales, a cambio produjo un incremento exorbitante en el gasto electoral. El supuesto ahorro que generaría la centralización en el INE nunca se produjo. Los 32 institutos locales siguieron gastando como antes de la reforma, mientras que el INE disparó sus necesidades presupuestales. A lo anterior se agrega que, en 2014, los partidos se despacharon con la cuchara grande en lo que hace al financiamiento público. Un dato ilustra ese abuso: este año, el Partido Morena recibe un total de recursos públicos, federales y de los estados, por alrededor de 5 mil millones de pesos.

Aunque la designación de los consejeros electorales de los institutos locales se realiza mediante exámenes y evaluación de los aspirantes, siempre hay una rendija por la que se cuelan las filias y fobias, tanto de los partidos políticos, como de consejeros y consejeras electorales, que hacen de esa selección oportunidad para tejer lazos clientelares y redes de influencia, que también pasan por presupuestos y gastos.

En estos días está en curso la selección de 40 consejeros para 17 institutos estatales. Por la pretensión de algunos consejeros del INE afines al Partido Morena de imponer el nombramiento de personas con 90% de lealtad a la 4T hay un conflicto que tiene paralizados tales nombramientos, según reporte de Jannet López Ponce en el diario Milenio (28.10.2025). Algo peor ocurrió en la reciente designación en el Senado de magistrados de los tribunales electorales locales. Todos los nombrados son afines a la 4T, como en tribuna reconocieron senadores del oficialismo.

¿Qué hacemos con los llamados “OPLES?

En su “plan A” López Obrador propuso desaparecerlos. La idea sigue rondando en el Partido Morena. Esa es una fórmula coincidente con la centralización del poder que está en curso en el segundo piso de la 4T. pero será nociva para la integridad electoral y contraria al federalismo que, al menos en el papel, sigue vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

Mi propuesta es regresar al federalismo electoral, dejando en el INE el padrón y la credencial de elector, y devolviendo al ámbito local, tanto administrativo como jurisdiccional, las facultades y competencias para elecciones estatales, municipales y en la CDMX.

Preservar a los institutos y tribunales electorales locales con facultades plenas en sus ámbitos territoriales implica una revisión completa de su estado actual, y probablemente una transición ordenada para recuperar, en donde sea necesario, autonomía e independencia de consejeros y magistrados. Lo que implica también devolver a las legislaturas estatales y de la CDMX la atribución para designar a esos funcionarios. Se que en la mayoría de las legislaturas estatales el Partido Morena y sus aliados pueden designarlos -por sí y ante sí, pero creo es mejor que lo hagan con sus legisladores, sin recurrir a testaferros. Al menos tendremos claridad en el tema.

Posdata. El 1º de noviembre inicia la presidencia del magistrado Gilberto Bátiz García en el TEPJF. El relevo es una buena noticia. Ojalá sea el inicio de una ruta para recuperar la integridad en la justicia electoral y el respeto a esa institución. Queda pendiente la protesta en el Senado de la nueva magistrada de la Sala Superior, Rocío Balderas, quien cubrirá la vacante que deja Janine Otálora Malassis, que el viernes 31 de octubre concluye su periodo como magistra electoral.   

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