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Innovaciones tecnológicas en elecciones

Podemos identificar la pandemia SARS COVID 19 como el período comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y la actualidad en que se desarrollaron diversas etapas de la crisis sanitaria global, la que aún no se ha declarado terminada. En este lapso, solo a nivel nacional, han tenido lugar treinta y cinco elecciones entre referéndums, internas, primarias, elecciones legislativas, de constituyentes y presidenciales, algunas de las cuales han debido postergarse, en las que los órganos electorales, los partidos políticos, las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y la ciudadanía han demostrado no solo resiliencia sino capacidades de acelerar la adaptación de procedimientos, prácticas, costumbres y normas para armonizar el ejercicio de los derechos políticos con el cuidado de la salud.

Enumeraré en estas notas únicamente aquellos cambios en los que el contexto de pandemia actuó el catalizador de saltos tecnológicos previamente en estudio y que, a mi juicio, son reformas que deben trascender la emergencia.

En primer lugar, es posible identificar innovaciones en materia de tecnología de gestión de los órganos de gobernanza electoral. La necesidad de dar continuidad a las actividades preelectorales y de gestión generaron la oportunidad de que los órganos electorales adoptaran soluciones tecnológicas para su funcionamiento interno predominantemente en materia de trámites a distancia, registros y funcionamiento de los órganos colegiados con capacidad decisoria.

Una de estas innovaciones se vincula a los registros y trámites a distancia. La implementación progresiva de plataformas automatizadas para la realización de trámites en línea tuvo como motivación principal reducir el número de actuaciones presenciales ante los órganos electorales mitigando el riesgo de contagio y reduciendo la necesidad de desplazamientos en transporte público y/o privado. Gran parte de la confiabilidad de los órganos electorales radica en la correcta gestión de los diversos registros que administran, especialmente tres: el registro del electorado – y su producto principal el listado de electoras y electores de mesa -; el registro de partidos políticos y alianzas; y el registro de candidaturas. Los tres registros reconocen una etapa de inscripción, otra de validación y finalmente un proceso de verificación. La inscripción de las y los ciudadanos en el registro electoral puede ser automática, a partir de determinada edad, o voluntaria. En ambos casos se requieren interacciones entre la ciudadanía y la administración estatal susceptibles de gestión automatizada.

En Perú, por ejemplo, las y los ciudadanos pudieron utilizar una plataforma web denominada “Elige tu local de votación” por medio de la cual cada persona pudo seleccionar tres locales cercanos a su domicilio. En el caso de República Dominicana se habilitó una aplicación llamada “Verifícate” a través de la cual las y los ciudadanos habilitados para votar podían verificar su recinto de votación, tanto a nivel nacional como en las circunscripciones del exterior para las elecciones extraordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 de julio de 2020. Chile aplicó a los trámites a distancia una solución tecnológica denominada “Claveunica” para la interacción entre la ciudadanía y el Estado por las que se realizaron trámites y consultas relacionadas con el empadronamiento y los recintos y mesas de votación. Uruguay aprobó el Reglamento y estableció la solicitud de la credencial cívica y su renovación a través de la página web de la Corte Electoral que asignaba un turno para dirigirse presencialmente a realizar el registro.


El registro de partidos políticos y alianzas electorales requiere no solo la presentación de la documentación que cada legislación electoral exige verificaciones y validaciones para obtener su reconocimiento. Las primeras las realiza de oficio el órgano electoral, las segundas surgen de la resolución de eventuales impugnaciones. En la misma línea se encuentra la inscripción de candidaturas: esta resulta una actividad en la que el registro en línea de candidatas y candidatos se abrió camino en importantes órganos electorales.


En relación con este registro se vincula el caso de Uruguay que cuenta con una plataforma para la carga de información correspondiente a la candidatura en el registro de partidos políticos y candidaturas y estableció reglamentariamente que las notificaciones relacionadas con el registro de las y los candidatos se hicieran de manera electrónica. En Brasil la solicitud de inscripción de candidaturas debe presentarse mediante el Sistema de Candidaturas - Módulo Externo (CANDex), desarrollado por el Tribunal Superior Electoral.

Por su parte, las sesiones virtuales, la firma electrónica de documentos y el teletrabajo se incorporaron a las actividades habituales en distintos órganos electorales. Estos facilitaron el procesamiento de trámites urgentes. En este sentido en Chile, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) resolvió que las audiencias ordinarias y/o extraordinarias se realicen por videoconferencia y dispuso lo necesario para que las tareas administrativas se realicen en la modalidad del teletrabajo. En República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral realiza sesiones y audiencias públicas virtuales que se pueden visualizar vía Internet. Desde el inicio de la pandemia y hasta la actualidad en Ecuador tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Contencioso Electoral realizan sus sesiones de manera virtual.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil resolvió en marzo de 2020 celebrar sesiones de juicio electrónico y sesiones de manera virtual por videoconferencia y la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina implementó la firma electrónica para las y los magistrados y funcionarios, y el teletrabajo para las funciones administrativas. En el caso de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adoptó una serie de Acuerdos Generales (4/2020; 5/2020; 6/2020 y 7/2020) por los cuales se establece progresivamente la posibilidad de sesionar y resolver los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias.


Las innovaciones también se realizaron en el ámbito vinculado a la identificación del electorado, el recuento de resultados y la emisión del voto. El uso de la tecnología de reconocimiento biométrico para las elecciones avanzó durante la pandemia. Aunque sus desarrollos comenzaron con anterioridad, los órganos electorales aceleraron la adopción de procedimientos en los cuales, en forma sustitutiva de la identificación documentaria o conjunta, las y los ciudadanos se identifican mediante estas tecnologías.

En las elecciones celebradas en Brasil la ampliación del reconocimiento biométrico del electorado redujo drásticamente la intervención humana en el momento de identificación del votante y se procedió a la habilitación automatizada del dispositivo de voto electrónico una vez que el lector biométrico identifica positivamente las huellas digitales de ese votante. En la misma línea, el Consejo Nacional Electoral de Honduras adquirió un motor multibiométrico con un sistema de reconocimiento decadactilar y se generaron los archivos con las minucias de las y los electores y se adquirieron, prepararon y distribuyeron más de 18.000 dispositivos hand held para su uso en cada mesa lo que permitió la identificación biométrica más de tres millones de electoras y electores que ejercieron su derecho al sufragio. Por su parte, en las recientes elecciones legislativas y primarias en Colombia realizadas en marzo de este año se utilizaron dispositivos de reconocimiento biométrico en 20.000 mesas electorales.

Con respecto al recuento de resultados, El Salvador implementó la gestión asistida por ordenador para la carga de resultados en cada una de las Juntas Receptoras de Votos su impresión local, la firma hológrafa y posterior escaneo y transmisión a una central para su procesamiento y difusión. En Chile, el Servel puso en funcionamiento una Red de Transmisión de Datos (RTD) para capturar las actas electorales desde los 2.731 locales de votación y transmitirlos para su cómputo. Asimismo, Honduras innovó aplicando un sistema novedoso de digitalización y transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) desde las mesas de votación.

La tecnología también se empleó durante la votación. Paraguay, en un esfuerzo significativo, estableció en forma exitosa el voto electrónico con soporte impreso y adoptó el sistema argentino denominado Boleta Única Electrónica. Este sistema fue utilizado exitosamente en sucesivas elecciones en Salta, así como en Cuenca, Ecuador y en Chaco, Neuquén y la capital argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta misma línea, en México, el INE comenzó la aplicación de la votación electrónica por internet a demanda para mexicanas y mexicanos en el extranjero, y sus resultados fueron más que exitosos.

La pandemia es una tragedia a escala planetaria. Millones de fallecidos, decenas de millones de infectados, establecimientos sanitarios colapsados y sistemas educativos en crisis. En ese contexto, los órganos electorales debieron superar las limitaciones que la gravedad de la situación impuso y encontrar la manera de asegurar el ejercicio de los derechos políticos sin incrementar los riesgos de salud para la población y para los operadores del sistema. La tecnología cumplió un papel para posibilitar ese difícil propósito, pero fue la voluntad innovadora, la creatividad organizacional y la disposición al cambio lo que permitió concretarlo con éxito en la mayoría de los casos.

Pasada la emergencia, la mayoría de los cambios mencionados podrían consolidarse y ampliarse como parte de la gestión electoral y será en ese caso que se probará la vocación de modernización estructural de la presente generación de autoridades electorales.


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Alejandro Tullio

Abogado, profesor de Derecho Público y Derecho Electoral, master en Derecho Electoral. Fue director nacional electoral de Argentina entre 2001 y 2016. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la Red Mundial de Justicia Electoral y del Consejo asesor para el debate presidencial 2023 en Argentina.

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