En 2024, nuestro país vivió una serie de cambios políticos de gran relevancia. En la elección de ese año elegimos, por primera vez, a una mujer como titular de la Presidencia de la República. También se renovaron ambas cámaras del Congreso de la Unión, reafirmando el principio de paridad y mostrando con naturalidad que las mujeres pueden y deben ocupar cargos en los órganos de dirección legislativos.

Con la renovación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, las personas legisladoras recién electas aprobaron la reforma al Poder Judicial. Esta determinó que todas las personas integrantes de los órganos encargados de impartir justicia en el país, tanto federales como locales, serían electas mediante voto popular libre, directo, universal y secreto. La organización de estas nuevas elecciones fue encomendada, desde las propias constituciones, a las autoridades electorales. Esta decisión fue lógica, ya que tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales electorales contamos con la experiencia y la capacidad técnica necesarias para realizar una tarea de esta magnitud.

Históricamente, el Poder Judicial ha sido un poder del Estado mexicano poco conocido por la ciudadanía. Aun cuando sus decisiones impactan directamente en la vida cotidiana, el trabajo de juzgados, magistraturas y ministraturas suele percibirse como distante o poco claro. En muchos casos, incluso se confunde con las funciones de otras autoridades o se desconoce quiénes son las personas encargadas de impartir justicia. En este contexto, los organismos electorales tuvimos la responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral de 2025. Las reformas constitucionales y legales que permitieron elegir a juzgados y magistraturas mediante voto popular fueron decisiones de carácter político adoptadas por los órganos legislativos. Sin embargo, su implementación técnica y operativa recayó en las autoridades electorales del país.

Reforma electoral federal de 2024

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que el Poder Judicial de la Federación se renovaría en dos etapas: una elección extraordinaria en 2025 y otra concurrente con la renovación de la Cámara de Diputados en 2027. En el caso de los poderes judiciales de los estados, el Congreso de la Unión dispuso que los congresos locales modificaran sus leyes para completar la renovación de sus tribunales a más tardar en 2027.

En este marco, diecinueve de las treinta y dos entidades del país decidieron iniciar la renovación de sus poderes judiciales en 2025 –algunas incluso la concluyeron ese mismo año, como Aguascalientes, Chihuahua y Colima–, con una segunda elección prevista para 2027. Las trece entidades restantes realizarán la renovación total de sus tribunales en ese último año.

Las autoridades que organizamos elección este año enfrentamos múltiples desafíos. Desde una perspectiva técnica, fue necesario tomar decisiones trascendentes: diseñar las boletas, definir nuevos distritos electorales, registrar candidaturas, planificar la logística del conteo de votos y determinar los resultados de la elección. Todas estas decisiones se adoptaron bajo los más altos estándares técnicos y jurídicos, garantizando los principios rectores de todo proceso electoral: certeza, independencia, transparencia y máxima publicidad.

Organización del foro nacional “Experiencias Técnicas del Poder Electoral del Poder Judicial desde lo Local”

En este contexto, los institutos electorales de la Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, junto con Organización Fuerza Ciudadana, a.c., organizamos el foro nacional “Experiencias Técnicas del Poder Electoral del Poder Judicial desde lo Local”. Con este ejercicio buscamos que las entidades que celebraron elecciones en 2025 compartieran sus experiencias, buenas prácticas y los principales retos enfrentados. Antes del foro presencial –que reunió a funcionarias y funcionarios de veintiséis organismos electorales en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México–, las instituciones organizadoras elaboramos un cuestionario diagnóstico para identificar los temas comunes y las diferencias en la forma en que cada entidad llevó a cabo su proceso, de acuerdo con sus propias atribuciones.

El cuestionario fue respondido por personal electoral de las diecinueve entidades donde se realizaron elecciones y se estructuró en torno a nueve temas fundamentales:

1) Normatividad local y diseño institucional;

2) Integración y funcionamiento de órganos 

   desconcentrados;

3) Reglas de campaña;

4) Geografía electoral;

5) Registro de candidaturas y verificación 

   de requisitos de elegibilidad;

6) Diseño de la documentación electoral;

7) Sistemas informáticos e implementación;

8) Cómputos, y

9) Presupuesto destinado a la organización 

   de la elección judicial.

Hallazgos relevantes del 

cuestionario diagnóstico

Los resultados del cuestionario se analizaron y sistematizaron para servir de base a las seis mesas temáticas del foro. A partir de ese ejercicio se identificaron los siguientes hallazgos que fueron motivo de análisis en dichas mesas temáticas:

Verificación de requisitos de candidaturas

Aunque las legislaciones locales no siempre lo previeron expresamente, en trece entidades los organismos electorales revisaron alguno de los requisitos establecidos para las candidaturas. Los más comunes fueron: el cumplimiento de la “8 de 8”, la acreditación del título o cédula profesional, el promedio mínimo de ocho y la comprobación de experiencia profesional.

Cómputos con modelo nacional

En la totalidad de las entidades federativas los cómputos se realizaron conforme al modelo nacional, mediante grupos de trabajo y puntos de escrutinio. Este esquema permitió un procedimiento homogéneo y transparente en el que participaron funcionarias y funcionarios de los propios organismos electorales.

Difusión de resultados

Dieciocho entidades implementaron mecanismos para difundir los cómputos como sistemas informáticos con avances en tiempo real y transmisiones en video de las sesiones. Estas acciones fortalecieron la certeza y la transparencia del proceso.

Difusión de candidaturas y debates

También en dieciocho entidades se emitieron lineamientos y se implementó el sistema “Conóceles”. Además, trece organismos aprobaron disposiciones para la celebración de debates, promoviendo el voto informado y el contraste de ideas entre las candidaturas.

Coordinación con los poderes judiciales

Catorce entidades reportaron colaboración con sus respectivos poderes judiciales para definir la geografía judicial, el número de cargos a elegir, los requisitos de elegibilidad y los mecanismos de entrega de expedientes y listas de candidaturas.

Adecuaciones a las boletas electorales

En dieciséis entidades se modificó el diseño de las boletas respecto de los modelos nacionales. Los ajustes respondieron a particularidades locales, como el tipo y número de cargos, la cantidad de candidaturas o la presentación de planillas.

Conclusiones

Desde contextos diversos, los organismos públicos locales desarrollamos un amplio ejercicio de creatividad y adaptación para resolver los mismos retos implicados por llevar a las urnas la elección de juzgados y magistraturas. Escuchar las experiencias de las y los funcionarios electorales de todo el país permitió identificar estrategias replicables y áreas de mejora para fortalecer la organización de futuras elecciones judiciales.

Para 2027 se prevé que todo el país acuda nuevamente a las urnas para elegir representantes populares y autoridades locales, además de las personas juzgadoras que aún faltan por renovar en los poderes judiciales federal y locales. Las autoridades electorales debemos mantenernos atentas a los aprendizajes y buenas prácticas surgidas en las entidades, a fin de tomar decisiones informadas que fortalezcan nuestra labor, siempre atendiendo las particularidades de cada contexto local.

La información que resulte del foro será sistematizada y difundida en los próximos días, con el objeto de socializar los resultados respecto de los elementos novedosos implementados en las entidades donde ya tuvimos una elección del Poder Judicial, y servirá de insumo para los organismos que tendremos que organizar un próximo proceso electoral, haciendo énfasis en aquellos temas en los cuales debemos profundizar.