Hoy, 15 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Democracia. En México la fecha queda inevitablemente eclipsada por las celebraciones de la Independencia. Este año en particular, convendría prestarle algo más de atención.

Hace nada, Dario Amodei, director de Anthropic, una de las empresas que encabezan el desarrollo mundial de inteligencia artificial (IA), pidió disminuir el ritmo con el que avanzan los modelos más poderosos, su argumento es inquietante precisamente porque viene de alguien situado en la cúspide de esa industria. Las capacidades de la tecnología están creciendo con mayor rapidez que los mecanismos disponibles para siquiera evaluar sus riesgos. Propone evaluaciones independientes, acuerdos entre desarrolladores y algún grado de cooperación internacional. Sam Altman y Elon Musk, un par más de los más altos mandos, coincidieron con una parte importante del diagnóstico.

Las democracias suelen ser lentas., una iniciativa de ley se discute, modifica (si acaso) y vota. Una elección requiere meses de organización. Una resolución puede ser impugnada. Una autoridad tiene que fundar y motivar sus actos. Hay plazos, procedimientos, controles y personas que pueden decir que no. Durante años hemos visto esas características casi exclusivamente como problemas de eficiencia y la tecnología no hizo más que reforzar esa percepción. Si un sistema de inteligencia artificial puede revisar millones de registros en segundos, resulta difícil explicar por qué una institución tarda semanas en resolver un asunto.

Pero alguna utilidad tiene la demora, ahora parece claro. Permite discutir antes de decidir, permite revisar, obliga a escuchar objeciones y, cuando funciona correctamente, impide que la capacidad de hacer algo equivalga automáticamente al derecho de hacerlo. La inteligencia artificial está poniendo a prueba esa vieja construcción.

La coincidencia temporal también resalta. Apenas el 10 de septiembre comenzó formalmente el proceso electoral federal 2026-2027. El próximo 6 de junio elegiremos las 500 diputaciones federales y habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades del país. Faltan algunos meses y en cuanto a inteligencia artificial se refiere, algunos meses pueden representar una generación tecnológica.

Es difícil anticipar cuáles serán las herramientas disponibles durante las campañas de 2027. Sabemos, por lo pronto, qué pueden hacer las actuales. Pueden, para bien y mal, producir imágenes, clonar voces, redactar mensajes políticos, traducir discursos, analizar bases de datos, detectar patrones territoriales, automatizar conversaciones y procesar en minutos información que antes requería equipos completos de personas.

Algunas aplicaciones pueden mejorar una elección. Otras pueden dañarla, la diferencia rara vez estará en la tecnología en sí misma.

Dieter Nohlen ha insistido durante décadas en una precaución metodológica bastante útil para este debate: las instituciones producen efectos distintos según el medio político en el que operan. Un mismo mecanismo puede fortalecer la participación en determinadas condiciones y servir a la concentración del poder en otras. En materia electoral, olvidar el contexto suele producir malas reformas y algo parecido puede ocurrir con la inteligencia artificial.

Un sistema que traduce información electoral a una lengua indígena amplía el acceso. Una herramienta que ayuda a una persona con discapacidad a conocer una plataforma electoral también. El mismo desarrollo tecnológico empleado para fabricar una declaración falsa de un candidato plantea un problema enteramente diferente. El INE ha comenzado a distinguir estos usos. Para el proceso 2026-2027 recomendó a los medios transparentar contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial cuando puedan confundirse con hechos, imágenes, voces o declaraciones reales. Los criterios descansan en tres nociones bastante sensatas: veracidad, transparencia y responsabilidad.

Dentro del propio Instituto existe ya otro precedente. Sus lineamientos sobre utilización institucional de inteligencia artificial establecen validación humana, restricciones respecto de datos sensibles y responsabilidad de los servidores públicos que utilizan estas herramientas.

El Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación se mueve en una dirección semejante. Ha planteado que la incorporación de IA a la función electoral requiere objetivos claros, gobernanza institucional, seguridad y confianza. Hasta aquí vamos razonablemente bien.

Sin embargo, existe otra parte del reto que ha recibido menos atención: los partidos políticos y las personas candidatas que de ellos emanen.

La Inteligencia Artificial puede ser especialmente valiosa para una organización política nueva, por ejemplo, un partido político nuevo. Permite ordenar información territorial, comunicarse con afiliados, analizar problemas públicos, capacitar personas o emplear de mejor manera recursos limitados de toda índole. Frente a partidos que acumulan estructuras y experiencia durante décadas, y otros de nueva creación, la tecnología puede reducir algunas asimetrías, lo anterior debe ser considerado antes de regular.

También puede ocurrir algo distinto. Supongamos que un partido político utiliza sistemas algorítmicos para determinar qué territorios merecen atención, identificar determinados perfiles políticos, repartir recursos internos o apoyar la selección de candidaturas. En ese punto aparecen problemas que el derecho conoce bien.

¿Quién fijó los criterios? ¿Qué datos fueron utilizados? ¿Quién verifica un resultado equivocado? ¿Existe alguna posibilidad de revisión? ¿Quién responde?

No hace falta imaginar una máquina tomando autónomamente las decisiones de un partido. El supuesto más interesante es bastante más cotidiano, una persona decide apoyándose cada vez más en recomendaciones producidas por sistemas que otros integrantes de la organización pueden desconocer y esto también es concentración de poder.

Por ello resultaría poco útil discutir sobre la IA electoral únicamente alrededor de los deepfakes, eso es importante, desde luego, pero constituyen la capa epidérmica del fenómeno.

La democracia interna, la formación de candidaturas, la organización territorial, la comunicación con los militantes y el procesamiento de información política conllevarán retos y consecuencias menos espectaculares y probablemente más duraderos.

La respuesta tampoco debería consistir en acumular prohibiciones. La experiencia electoral comparada aconseja prudencia frente a soluciones institucionales que pretenden funcionar igual en cualquier lugar y ante cualquier problema. Nohlen advierte precisamente contra esa inclinación: las instituciones responden a conflictos, negociaciones, culturas políticas y circunstancias históricas determinadas. En inteligencia artificial tal vez convendría tomar un punto de partida similar.

A mayor incidencia de un sistema sobre derechos políticos o decisiones relevantes, mayor debe ser la exigencia de transparencia, trazabilidad, supervisión humana y posibilidad de revisión. Una herramienta que corrige un texto difícilmente requiere el mismo régimen que otra utilizada para evaluar aspirantes a una candidatura.

La advertencia de Anthropic[1] llega, entonces, en un momento peculiar. Quienes desarrollan algunas de las tecnologías más avanzadas comienzan a pedir tiempo para construir controles mientras las democracias intentan comprender qué hacer con ellas.

Durante mucho tiempo pensamos que la modernización consistía en conseguir que las instituciones y las leyes alcanzaran la velocidad de la tecnología y puede ser, tal vez, puede ocurrir que, en algunos asuntos, la sensatez democrática consista en lo contrario: obligar a la tecnología a esperar mientras decidimos bajo qué reglas queremos utilizarla.

Ese retraso, visto en y para Silicon Valley, quizá parezca ineficiente. Visto desde el derecho, tiene otro nombre, se llama límite al poder.

Por lo pronto, en México todo parece indicar que tendremos un proceso electoral artificial

[1] https://www.anthropic.com/