La guerra de Salamina, allá por el año 480 a.C., fue una batalla crucial donde la flota griega, numéricamente muy inferior, venció al poderoso ejército persa con inteligencia, estrategia y conocimiento del terreno. Esta metáfora evoca directamente una batalla histórica decisiva por la democracia, donde las mujeres enfrentan a una violencia abrumadora con recursos limitados, pero con resistencia estratégica y colectiva.

Es bien sabido que sin mujeres no hay democracia, pues la relación entre democracia, igualdad de género, y justicia social es indisoluble. A lo largo de la historia se han logrado avances significativos en materia de derechos civiles, políticos, sexuales y reproductivos para las mujeres. Sin embargo, también han surgido nuevos desafíos, entre los que destaca el incremento de la violencia política en razón de género. Dentro de ella, la violencia política digital constituye una de sus formas más recientes y lesivas para la participación política de las mujeres.

Este texto aborda, desde una perspectiva histórica, jurídica y política, el origen de este tipo de violencia en nuestro país, sus consecuencias para la democracia, así como los Marcos normativos, institucionales y sociales que permiten visibilizarla y combatirla. Concluye con algunas propuestas estratégicas para su erradicación.

Desde los movimientos sufragistas del siglo XIX hasta las reformas paritarias del siglo XXI, las mujeres han protagonizado una lucha incesante por participar en la vida política. En el caso mexicano, dicho proceso ha estado marcado por hitos relevantes, tales como el reconocimiento de su ciudadanía y el derecho al voto en 1953, la incorporación de las cuotas de género en 1996, la reforma constitucional de 2014 con la cual se estableció la paridad en las candidaturas legislativas, y la reforma de 2019 que consagró la paridad en todos los ámbitos del poder público. A lo que se suman las reformas legales de 2020 que reconocieron y sancionaron la violencia política en razón de género, incluyendo su manifestación digital.

Gracias a estos avances, México es uno de los países con mayor representación femenina en el Congreso federal, donde más de 50% de las curules están en manos de mujeres. Actualmente son 13 las gobernadoras en funciones y, por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia del país. Esta presencia ha tenido un impacto tangible En políticas públicas clave como la igualdad salarial, los derechos reproductivos y la prevención de la violencia de género.

No obstante, la paridad numérica no equivale a condiciones de igualdad sustantiva. Persisten enormes brechas de género en el acceso a recursos, en la toma de decisiones estratégicas y en la distribución del poder. Las mujeres siguen enfrentando desafíos de gran relevancia como la violencia política en razón de género, la cual opera como un mecanismo de exclusión. La violencia en línea, en particular, representa una forma sutil, pero extremadamente eficaz, para disuadir la participación política femenina, socavar sus derechos políticos y dignidad personal, al tiempo que perpetúa los estereotipos de género arraigados en la sociedad.

Una de las manifestaciones más alarmantes de la violencia es su expresión digital. El auge de las tecnologías de la información ha dado lugar a nuevas formas de agresión, cada vez más sofisticadas, dirigidas a mujeres que ejercen liderazgo o buscan ocupar cargos públicos. Esta modalidad comprende todo acto que utilice medios tecnológicos para causar daño a una mujer por el hecho de serlo con el propósito de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos.

Antes del uso generalizado de redes sociales, las políticas ya enfrentaban ataques basados en su género, pero el entorno digital ha amplificado e intensificado las agresiones, afectando gravemente su integridad psicológica, personal y profesional. Las mujeres que aspiran o ejercen un cargo público son objeto de campañas de difamación y desinformación, manipulación de imágenes, uso de bots y trolls para juzgar su aspecto físico, preparación académica, trayectoria profesional, familia y relaciones políticas, así como acoso masivo y discursos de odio. Todas estas violencias buscan desacreditarlas, socavar su autoridad y expulsarlas de la esfera pública. Además dichas estrategias no solo minan su credibilidad, sino también las orillan a la autocensura y reducen su presencia digital. Así, impactan de manera directa sus campañas, funciones en los cargos que ostentan y la posibilidad de incidir en la agenda política.

Durante años, esta violencia lejos de ser reconocida o documentada, fue desestimada e invisibilizada, pues no existía un marco normativo que permitiera reconocerla o sancionarla. Gracias al trabajo de organizaciones feministas, activistas y defensoras de los derechos digitales, se han construido tipologías que permiten identificar las múltiples formas que adopta esta violencia, pues es evidente que no se trata de episodios aislados, sino de un fenómeno estructural con diversas manifestaciones.

Entre las más comunes se encuentran el ciberacoso, hostigamiento sistemático, difusión de información falsa, manipulación de imágenes y vídeos, discursos misóginos, violencia simbólica y psicológica, aislamiento digital y suplantación de identidad, entre otros. También incluye la creación y distribución de contenido íntimo no consensuado y los llamados deepfakes.

Además, esta violencia interactúa con otras barreras estructurales como la desigualdad en el financiamiento de sus campañas, la doble jornada entre vida pública y privada, y la sobrecarga en las labores de cuidados. Las consecuencias son profundas y duraderas pues van desde la autocensura, hasta el retiro de la vida pública, pasando por la manipulación electoral y la normalización del discurso de odio en los espacios digitales.

Si bien la violencia digital de género es un fenómeno documentado a escala global, sus manifestaciones adquieren particularidades en cada país. En México, desde el propio gobierno se constatan cifras alarmantes, pues dan cuenta de que entre enero de 2022 y mayo de 2023, se registraron 2 mil 515 casos de violencia digital o cibernética en el país y el grupo de edad más afectado fue el de 19 a 40 años (68%), seguido por el de 41 a 60 años (15%) y el de 12 a 18 años (14%). Por lo que se refiere a la materia electoral, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (2024) sostiene que siete de cada 10 candidatas mexicanas reportaron haber sido blanco de ataques en línea durante las campañas electorales de 2021, mientras que 43% recibió amenazas de muerte o de violencia sexual en línea.

Frente a esta amenaza compleja y persistente que representa la violencia política digital en razón de género, diversas iniciativas han sido impulsadas por organismos internacionales, legislaciones nacionales, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La necesidad de enfrentar la problemática desde múltiples frentes ha derivado en una respuesta articulada, aunque todavía insuficiente, para visibilizar, conceptualizar, tipificar y sancionar esta violencia, además de prevenirla y ofrecer acompañamiento a las víctimas. Entre los esfuerzos más relevantes destaco tres iniciativas paradigmáticas:

El Informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre la violencia en línea contra las mujeres (A/HRC/38/47) representó un hito en el reconocimiento internacional de la violencia digital como una forma específica de violencia de género. Este Informe no sólo conceptualiza la violencia en línea como una forma contemporánea de discriminación, sino también la sitúa como parte de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. En su contenido se identifican los tipos de violencia más frecuentes y se señala que estas agresiones tienen efectos tangibles en la salud física y mental de las mujeres, así como en su participación política y libertad de expresión. El Informe plantea una serie de recomendaciones, entre ellas, la implementación de Marcos jurídicos específicos, la capacitación de funcionarios públicos, la recopilación sistemática de datos desagregados y la educación digital con enfoque de género. Además, subraya que las empresas tecnológicas deben ser consideradas corresponsables y adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia y proteger a las usuarias de sus servicios.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituye uno de los avances legislativos más significativos en América Latina. Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión no consensuada de contenido íntimo, emprendió una campaña para visibilizar esa forma de violencia y exigir su penalización. La propuesta fue adoptada por el Congreso de Puebla en 2018 y después replicada en las entidades federativas del país y en la Ciudad de México. En 2020, su contenido se incorporó a la legislación federal, conociendo la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. Conocida como la Ley Olimpia, esta legislación no sólo establece sanciones penales, sino también ha abierto el debate sobre el consentimiento sexual, la privacidad digital, el derecho a la intimidad y la dignidad de las mujeres en el entorno tecnológico. Asimismo, ha impulsado campañas de alfabetización digital, protocolos de atención institucional y mecanismos de denuncia, aunque todavía existen desafíos en su implementación homogénea y con enfoque de derechos humanos.

Artículo 19 ha desempeñado un papel fundamental en la documentación, análisis y denuncia de la violencia digital, especialmente contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y lideresas sociales. Los informes elaborados por esta organización internacional muestran cómo estas violencias provienen tanto de funcionarios que desacreditan o estigmatizan públicamente a mujeres críticas, como también de actores no estatales que utilizan las redes sociales para organizar campañas de acoso, difamación y amenazas. Artículo 19 ha sido enfático en evidenciar la impunidad que prevalece en dichos casos: muchas mujeres no denuncian por miedo, desconfianza institucional o revictimización, y cuando lo hacen, las respuestas suelen ser ineficaces o dilatorias. Además, han señalado que la violencia digital suele tener efectos acumulativos: no sólo daña las víctimas directas, de igual forma desincentiva la participación de otras mujeres al mostrar los altos costos de involucrarse en los espacios públicos.

Estas tres aproximaciones convergen en una misma dirección: la necesidad urgente de desarrollar un enfoque integral y multisectorial que permita enfrentar de forma eficaz la violencia política digital en razón de género. Este modelo debe incluir la prevención mediante la educación digital con perspectiva de género desde edades tempranas; la atención a víctimas con mecanismos rápidos, sensibles y especializados; la sanción efectiva a los agresores, incluyendo tanto a usuarios como a empresas tecnológicas; y sobre todo, la transformación cultural que combata la normalización del odio y los discursos misóginos en entornos digitales.

La lucha por la participación política de las mujeres está lejos de haber terminado. La paridad numérica en los congresos y demás instituciones públicas es apenas el inicio de un proceso más amplio por la igualdad sustantiva. Aún falta construir condiciones justas y libres de violencia para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos a incidir en la vida pública.

Erradicar la violencia política digital de género requiere transformar los Marcos normativos en estrategias efectivas. Es necesario fortalecer la ciberseguridad, establecer protocolos institucionales claros, agilizar los mecanismos de denuncia, regular con mayor firmeza las plataformas digitales, promover la alfabetización digital con enfoque de género y construir redes de apoyo que acompañen a las mujeres que decidan alzar la voz.

El futuro de la democracia depende de garantizar que la participación política de las mujeres no sólo sea posible, sino segura. La erradicación de esta violencia implica una transformación cultural profunda, que no se limite a sancionar a los agresores, sino que promueva entornos digitales seguros, igualitarios y verdaderamente democráticos. Solo así se garantizará que las voces de las mujeres no sean silenciadas, sino escuchadas, protegidas y valoradas como pilares de la vida pública.