Hoy, 10 de septiembre, da inicio legal el proceso electoral federal 2026/2027. Comparto con nuestros lectores unas breves reflexiones sobre lo que veo y avizoro, en los meses y semanas que deberán transcurrir para llegar al domingo 6 de junio de 2027, día de la mega jornada electoral en que concurrirán las elecciones para 500 diputados federales y las locales en los 31 estados y la Ciudad de México.

LO BUENO.

·        Que hay elecciones, federales y locales, con ocho partidos políticos nacionales, dos de reciente registro, y algunos estatales, que solo compiten en ese ámbito, todas ellas bajo un marco jurídico que, en lo fundamental, es el mismo que resultó del largo y complejo ciclo de reformas, que abarca de 1977 a 2014.

·        La 4T no ha logrado demoler el andamiaje legal que sustentó la transición y las alternancias, aunque varias veces lo han intentado.

·        La fundada expectativa de que la masiva participación en las urnas sea como una ola ciudadana, que haga retroceder la compra y coacción del voto que se han convertido en el principal instrumento del gobierno y su partido para ganar elecciones

LO MALO.

La captura y control del gobierno y su partido sobre las dos autoridades electorales nacionales, el INE y el TEPJF, que con acuerdos y sentencias justifican hacer sonar las alarmas del fraude electoral. Enlisto unas cuentas:

·        La complicidad, por acción o por omisión, ante los actos anticipados de precampaña que Morena y sus aliados llevan a cabo, en forma abierta, pública y notoria, para seleccionar a sus candidatos a gobernador en 17 estados.

·        La sentencia de la Sala Superior que negó al partido Somos México usar ese nombre y el emblema y color que fueron aprobados en sus asambleas distritales.

·        La advertencia del presidente de la Sala Superior del TEPJF de que en 2027 habrán de repetir la interpretación que permitió en 2024 a Morena y aliados disponer de la inconstitucional sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, de la que usan y abusan ad nauseam.

·        El acuerdo del Consejo General del INE por el que deja a los consejos distritales la potestad de dar validez y sumar las boletas “planchadas”; es decir, que legitima una modalidad del fraude electoral que reapareció en 2024 y se desplegó sin freno en la llamada “elección judicial” de 2025.

·        El acuerdo del Consejo General del INE por el que elimina el cotejo entre el listado de los llamados “servidores de la nación” y los listados de solicitantes de registro como observadores electorales, abriendo la puerta a la falsificación, por el gobierno y su partido, de esa actividad ciudadana.

·        La arbitraria designación por la presidenta del INE de la mayor parte de los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas del Instituto, muchos de ellos sin las capacidades ni experiencia para desempeñar sus funciones. Se ha impuesto en el INE la regla de la 4T: 90% de lealtad… y los demás no importa.

·        La opacidad en el manejo del presupuesto del INE.

LO FEO.

·        Las evidencias, que brotan como hongos en temporada de lluvias, de las ligas entre el crimen organizado y dirigentes de Morena en todos los ámbitos y órdenes de gobierno.

·        Los atentados y agresiones, cada día más frecuentes, en contra de funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular, sin distinción de partido.

Posdata: Lo ocurrido en Sinaloa en 2021 puede repetirse, de manera incontrolable, en los procesos electorales, federal y locales, que hoy dan inicio.

El riesgo de que las de 2026/2027 sean elecciones bajo la mira del crimen organizado no es una posibilidad remota. Es un hecho presente.