No sabemos si el pueblo es culpable del retraso, pero lo cierto es que fue hasta ayer, miércoles 4 de marzo, que la presidenta de México entregó a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, previa presentación mañanera de un “Décalogo” (sic), en power point, que además de revelar la deficiente ortografía del redactor vuelve a mostrar las falencias del conocimiento electoral de la titular del Ejecutivo.

A diferencia de reformas anteriores, esta vez se ha entregado al Congreso solamente la iniciativa relativa a la Constitución, lo que hace imposible un análisis integral. Tal situación debería ser motivo suficiente para que los legisladores, sin distinción de partido, pospongan iniciar el proceso legislativo. Lo que se pretende es que el Constituyente Permanente apruebe, casi a ciegas, un cambio de grandes dimensiones en el sistema y los procedimientos electorales de México. Debería ser inaceptable. Pero la mayoría oficialista decidirá tiempos y movimientos y no hay que descartar el fast track para la próxima semana.

Queda esperar que el coordinador de Morena en San Lázaro cumpla con su oferta de abrir espacios y tiempo suficiente para el diálogo, aunque sea solamente para que otras voces sean escuchadas.       

El primer punto a considerar, antes de entrar al análisis y discusión de la iniciativa presidencial, es el tiempo de que dispondrá la Cámara de Diputados para dictaminarla, aprobarla y turnar la Minuta al Senado, que a su vez deberá formular su propio dictamen y, si no hay cambios a lo aprobado por los diputados, enviar el Decreto a las 32 legislaturas locales, para su discusión y aprobación. Cuando la reforma constitucional haya entrado en vigor, podrán los diputados y senadores atender las iniciativas de reforma a las leyes electorales, si es que para entonces la presidenta ya las entregó.

Ojalá que al menos en este punto la presidenta admita un método democrático y una agenda exhaustiva para el análisis y discusión que permita, en primer lugar, dilucidar los efectos de lo que propone, tanto en sus vertientes electorales, como en otras colaterales, como la presupuestal.

Abro un paréntesis para dejar consignado otro fraude a la ley, que se ha vuelto de uso común en los años de la 4T. Me refiero a la falsedad de la manifestación de impacto presupuestal de las iniciativas presidenciales, que por ley el Ejecutivo está obligado a presentar. El fraude se enmascara con oficios cruzados entre las secretarías de Hacienda y de Gobernación, declarando que no habrá impacto alguno. Y santo remedio. Aunque en los oficios formales de entrega a la Cámara de Diputados se consigna que esa manifestación forma parte de la iniciativa presidencial, en lo publicado en la Gaceta Parlamentaria no aparece. Cierro el paréntesis.

Para que antes de elaborar el dictamen los legisladores escuchen a los especialistas, es recomendable una agenda con calendario en reversa, que parta de la fecha límite en que las leyes deben estar en vigor para ser aplicadas en el siguiente proceso electoral, que dará inicio la primera semana de septiembre del año en curso. Por norma constitucional (artículo 105) el plazo límite se cumplirá el 8 de junio de este año, día en que las leyes deben haber entrado en vigor. No es mucho tiempo, pero puede ser suficiente si en el bloque oficialista hay la voluntad para intentar el acuerdo que incluya a las oposiciones y preserve la calidad de la democracia mexicana.  

Si hay esa voluntad del grupo mayoritario para abrir espacios y dar tiempo, el siguiente paso es dejar de lado las posiciones extremas, como las que pretenden poner patas para arriba el sistema electoral invocando al pueblo. Por cierto, tal invocación no es exclusiva de los regímenes populistas, sino que caracteriza autoritarismos, tiranías y dictaduras no tan lejanas en la historia mundial. Hasta nuestros días auto erigirse en portavoz único del pueblo es usual en los liderazgos autoritarios.

Es complicado analizar una propuesta de reforma constitucional a la que distingue su confusa redacción y la desconexión casi total entre la exposición de motivos y el proyecto de Decreto. Advertido lo anterior, habré de compartir en los siguientes días y semanas mis análisis y valoraciones con los lectores de Voz y Voto.  

Por ahora dejo consignado el estupor que me causó leer el primer bullet del power point presentado en la mañanera del miércoles 4.

“Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión” (sic)

¿Y eso cómo se traduce en normas constitucionales y legales?