Si en 1977 hubiera habido una encuesta para preguntar por la legalización del Partido Comunista Mexicano (PCM), por el aumento en el número de diputados federales y la creación de los plurinominales, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 1986 hubiera habido una encuesta para preguntar por el aumento de 400 a 500 diputados, duplicando el número de plurinominales para que crecieran de 100 a 200, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 1990 hubiera habido una encuesta para preguntar por la creación del IFE y de funcionarios electorales profesionales y permanentes, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 1993 hubiera habido una encuesta para preguntar por el aumento de senadores, de 64 a 128, con dos de mayoría y uno de primera minoría por estado, más 32 plurinominales, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 1994 hubiera habido una encuesta para preguntar por la destitución de los seis consejeros magistrados del IFE para sustituirlos por consejeros ciudadanos, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 1996 hubiera habido una encuesta para preguntar por el otorgamiento de autonomía al IFE y el aumento exponencial del dinero público destinado a partidos políticos, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 2005 hubiera habido una encuesta para preguntar por gastar nuestros impuestos en la implantación del voto desde el extranjero y usar la vía postal para ese efecto, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 2007 hubiera habido una encuesta para preguntar si debía otorgarse a los partidos políticos tiempo gratuito en radio y televisión, o tener magistrados electorales permanentes, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si en 2014 hubiera habido una encuesta para preguntar por la desaparición del IFE, la creación del INE, el aumento de 9 a 11 consejeros electorales, o dar más dinero público a los partidos políticos, seguro que las respuestas habrían sido “NO”.

Si las reformas electorales se hubieran decidido por encuestas, seguro que aún tendríamos elecciones bajo control absoluto del gobierno, existiría la Comisión Federal Electoral, el PRI habría acumulado 93 años continuos en el poder… y Andrés Manuel López Obrador no sería presidente de México. 

Ignoro si antes o después de cada reforma electoral alguien mandó levantar encuesta sobre su contenido. Lo que me consta, de manera directa, es que nunca se pusieron sobre la mesa de la negociación encuestas de ese tipo.

También sé que, en 2012, al aprobarse la reforma constitucional para establecer la consulta popular, se determinó que la materia electoral no puede ser objeto de ese tipo de consulta. (Ver el artículo 35, fracción VIII, párrafo 3º de la Constitución) Fue una sabia decisión.