El 16 de julio de 2025, Gloria Alcocer Olmos, directora de Voz y Voto, entrevistó a Gilberto Bátiz García, candidato electo para integrar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Esta es la transcripción de la entrevista (editada para su publicación). 

Gloria Alcocer Olmos: Bienvenido, Gilberto Bátiz García, a esta entrevista. A nombre de la revista Voz y Voto te agradecemos mucho. Te haría la primera pregunta: conforme a la Constitución, ¿te corresponde presidir la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cuál será el periodo de tu presidencia? ¿Crees que vas a iniciar el primero de septiembre?

Gilberto Bátiz García: Déjame agradecerte antes que nada la oportunidad de esta comunicación. Te voy a contestar algo que yo he tratado de comunicar a todas las personas que tienen esa inquietud y, en general, a la opinión pública y, sobre todo, al electorado que votó por mí. El primero de septiembre tomaría el cargo. Esto, si todo sale bien, pues todavía existen algunos asuntos de impugnación –un acumulado al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la elección de magistraturas de la Sala Superior–. En el paquete existen más de novecientas impugnaciones por lo que hace a toda la elección judicial. 

Pero en lo particular, si todo sale bien, y el dictamen del ine es aprobado por el Consejo General de manera favorable y sin sanciones, el primero de septiembre voy a ser magistrado electoral y voy a integrarme a una Sala Superior que actualmente se encuentra conformada, como todos sabemos, por cinco compañeros. Y aquí, como bien lo dices, en términos de una interpretación integral de nuestro instrumento normativo base, el Tribunal será presidido por quien mayor votación haya obtenido a lo largo de estos procesos de elección judicial.

En ese particular, se ha llegado a argumentar que, dado que en el Tribunal no tenemos una renovación integral, sino que han sido elegidas dos vacantes, podría existir otra interpretación. Considero que la interpretación de la norma no nos corresponde a nosotros como integrantes de Sala Superior. No me corresponde tampoco a mí como candidato. En un primer momento, no soy partidario de hacer una defensa de los asuntos que me pueden favorecer a efectos de la opinión pública. 

Creo que el debate no se está dando en la mejor arena como para generar un buen análisis. El debate se está dando, de forma preponderante, en los trascendidos de los periódicos. Lo que tendríamos que privilegiar, desde mi punto de vista, es el sentido de la propia reforma: la legitimidad democrática y el voto popular.

Yo creo que este tiene que ser el hilo medular por el que atraviesen todas y cada una de las interpretaciones y las piezas que se tengan que hilvanar para la implementación de una reforma judicial. Creo que esto está plasmado hasta en la propia exposición de motivos de la propia Constitución. Entonces te diría, no me corresponde a mí como candidato, y tampoco creo que les corresponda a mis compañeros de la Sala Superior. ¿Qué creo yo? 

Que una vez entregada la constancia de mayoría por el INE vendrá el momento definitorio en el que el Senado de la República, quien nos convocó ya para la toma de protesta de nuestros respectivos cargos vía el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre a las 19:30 horas, creo que ahí, en ese momento republicano, es cuando le corresponde al Senado zanjar esta discusión aplicando la normativa correspondiente.

Es el Senado el que tiene la facultad última de interpretar, pero no solamente interpretar estos transitorios, sino que le tocará aplicar y cerrar este momento medular que nos permitirá transitar hacia una nueva Suprema Corte, por supuesto, pero también hacia un nuevo Tribunal Constitucional en materia electoral. Por eso soy cauto. Yo no competí para ser presidente de la Sala Superior, yo competí para ser magistrado electoral. Y en estas condiciones lo que yo te diría es que el hilo conductor de esta elección judicial es privilegiar el mandato democrático popular.

GAO: Muchas gracias, segunda pregunta. En público es notorio que existe una tensión dentro de la Sala Superior y sus magistraturas actuales. La llegada de los dos magistrados electos el domingo primero de junio abre una ventana para recomponer la vida interna o para prolongar el conflicto. ¿Qué piensas al respecto y qué acciones pondrás en marcha para establecer un clima interno de colaboración y de respeto en la Sala Superior?

GBG: Muy favorablemente, conozco a las cinco magistraturas que hoy integran la Sala Superior. También he tenido la oportunidad de generar un diálogo con la compañera que fue electa conmigo, la magistrada Claudia Valle. Reconozco en todos y cada uno de ellos a personas conocedoras, de aportes valiosos en una discusión que se va a dar al seno del colegiado.

Yo lo he tenido muy claro: me voy a integrar a un órgano cuyas cinco magistraturas llevan nueve años generando criterios, generando conversación, generando un concierto de voces desde el año 2016. Tengo muy claro que se nos presenta la oportunidad de que la actual integración tenga una renovación de facto con dos nuevas voces. Yo lo que pretendo es justamente eso, aportar al concierto de esas voces. Esa es la aportación que yo pretendo realizar.

Creo también que la reforma judicial nos otorga una primera oportunidad para hacer un corte de caja, una vuelta a la página que ninguno de mis seis compañeros y compañeras vamos a desaprovechar. Yo te diría que lo más importante en esta nueva Sala Superior –porque será una nueva Sala Superior– se puede resumir en la búsqueda de los siguientes tres puntos: el primero de ellos, una colegialidad funcional. Se abre una nueva etapa para que los poderes judiciales tengamos, a partir del voto de la ciudadanía, un nuevo hacer de cara al electorado. Aunque en esta integración, dos integrantes hayamos llegado por el voto popular y cinco hayan sido electos por el Senado, tenemos todos la misma responsabilidad. De cara al electorado, no tienen que existir distinciones.

La gente no distingue entre personas, distingue entre instituciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es anteponer a cualquier interés particular el interés de la propia institución. Esa es la colegialidad funcional: una nueva responsabilidad de cara a la ciudadanía. Es indispensable una colegialidad funcional que ponga en relieve el nuevo trato, la nueva corte electoral, la nueva Sala Superior y el trabajo en equipo. Sabemos que el trabajo en equipo nunca está exento de desacuerdos. En la colegialidad se tienen que seguir haciendo valer estas diferencias de criterios que robustezcan, justamente, la mejor de las determinaciones para la ciudadanía.

En segundo lugar, la Sala Superior tiene que dejar de ser noticia por quienes la integramos. Debe ser noticia por la propia institución. Me gustaría pensar que el Tribunal Electoral va a ser un catalizador. Desde la experiencia de lo local y, por tanto, desde mi experiencia de lo que significa ser chiapaneco, se entiende que no es lo mismo hacer elecciones en San Pedro Garza García que en San Juan Chamula. Por tanto, se tiene que poner en relieve nuestro deber de ser un catalizador de la conflictividad política electoral.

Tenemos la corresponsabilidad de contener conflictos, porque justamente una de nuestras expectativas es la gobernabilidad. Nosotros, a través de esta colegialidad funcional, le tenemos que brindar al electorado un catalizador de los conflictos sociales y políticos. Tenemos que asumirnos como responsables de ello, brindando certeza, porque sabemos que en la política no todos van a estar de acuerdo. En política, gana uno y pierden los restantes. Y en este contexto, debemos propiciar que estos últimos estén convencidos de que perdieron por las razones correctas, no debido al Tribunal. 

En tercer lugar, es que el Tribunal debe ser un faro de gobernabilidad y de estabilidad. Lo más importante es que le demos estabilidad al sistema político mexicano –dentro de nuestras facultades y responsabilidades–. Se han dado algunos conflictos internos que no tienen por qué traspasar a lo público. Las determinaciones que se tomen al seno del propio Tribunal tienen que generar condiciones de estabilidad y gobernabilidad para el país. Ello implica y exige que tengamos gobernabilidad hacia el interior.

La política nacional no nos corresponde a nosotros. Hay mucha zozobra en el ámbito internacional, incluso tenemos al gobierno vecino estadounidense siendo muy incisivo, lo que genera condiciones de renegociación en lo económico, en asuntos de seguridad, en lo fronterizo, en lo migratorio, lo que infringe a nuestros gobiernos una presión adicional. La condición del Tribunal Electoral debe ser brindar estabilidad y gobernabilidad a la función de gobierno, porque esto redundará en beneficio de la ciudadanía para la salvaguarda de sus intereses en cualquier entorno. Debemos generar condiciones de certeza en la arena política y en la arena social. 

GAO: Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta: sabiendo y entendiendo que la formación de profesionistas en derecho electoral es fundamental, la Escuela Judicial Electoral resulta valiosísima. Es el semillero de las cuestiones académico-electorales. Sin embargo, la reforma constitucional obliga a fusionarla con la Escuela Judicial. ¿Cuál es tu visión y qué plan tendrías al respecto?

GBG: Mira, como bien lo dices, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitida en diciembre del año pasado, estableció que se tiene que integrar el nuevo órgano de administración judicial. 

La ley orgánica dice: “Se tendrá que determinar a través del órgano de administración judicial, la forma y los términos en que la Escuela Judicial deba ser incorporada como órgano auxiliar de la Escuela Nacional de Formación Judicial”. ¿Qué me dice eso? Que el primero de septiembre la Escuela Judicial Electoral seguirá estando bajo la instrumentación del Tribunal hasta en tanto el órgano de administración judicial no determine lo contrario. En esta transición, tiene que haber una transición para la propia EJE. Hay una convocatoria emitida para los estudiantes de un próximo ciclo. Hace días se acaban de otorgar los títulos y las certificaciones de una serie de maestrías y especialidades que esta escuela otorga de forma gratuita, con alto valor académico.

Si a mí me llegara a corresponder la presidencia en un primer momento, ofrecería mucho diálogo y sobre todo mucha gestión. Creo que la mayor responsabilidad de una presidencia se da en los trabajos de gestión o de interlocución, incluidos los dirigidos a los demás órganos del propio Estado. Y uno de ellos, durante esta primera gestión de la Sala Superior, será el órgano de administración. Existen dos defensorías de mucha valía en el seno del Tribunal Electoral, la defensoría de las mujeres, que fue la de última creación, y la primigenia de grupos vulnerables. 

Si me lo preguntas, considero fundamental robustecerlas, hacerlas crecer, porque conozco la valía de estos órganos en la impartición de justicia electoral. En consecuencia, resulta fundamental tener un diálogo muy respetuoso y una gestión eficiente para que estos órganos sigan prestando sus servicios al interior del propio Tribunal, pero sobre todo, a la ciudadanía, a los usuarios de estos sistemas, a las mujeres y a los grupos vulnerables y minoritarios que han utilizado los servicios de defensoría, y a los usuarios de nuestro sistema de justicia electoral que se quieren seguir capacitando.

Creo que la Escuela Judicial Electoral ha tenido una alta responsabilidad con gente que conoce, que quiere aprender y que quiere seguir construyendo, consolidando, robusteciendo el sistema electoral mexicano. Pero también creo que existe una gran oportunidad. Una de las enseñanzas que me dejó la elección y la campaña es que necesitamos hacer una divulgación más cercana con la ciudadanía. La Escuela Judicial tiene la vocación para hacerlo. 

Creo que para el órgano de administración judicial estas funciones deberán ser asumidas por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Se necesita, pues, de la especialidad de la carrera electoral, y no tiene por qué ser privativa de una institución. El conocimiento debe ser lo más público y nosotros nos habremos de sumar desde donde corresponda para gestionar esta función del Estado a través de políticas judiciales como las tiene hoy la Sala Superior en la propia EJE, y en la defensoría también.

GAO: Justo en la Escuela Judicial Electoral va a haber una nueva dirección. Cuando hay un cambio de dirección de un ente académico, hay otros cambios de comunicación hacia la ciudadanía. Respecto a dicha comunicación con la ciudadanía, existe en la opinión pública una percepción de que el gobierno y su partido cuentan con tres votos en Sala Superior. ¿Qué hacer para cambiar esa percepción? No quiero decir que eso sea cierto, pero es una percepción. ¿Qué hacer?

GBG: Creo que la percepción se ha dado en función de determinaciones muy particulares. No tengo el dato, alguno de mis compañeros lo maneja muy puntual y muy preciso y se lo he escuchado, y él dice: “en el 92 % de los asuntos votamos por unanimidad”. No habla de bloques. Se trata de generar criterios, necesitamos generar un insumo institucional que permita explicar que las sentencias son resultado de la pericia técnica, resultado de un análisis imparcial. Esa es una cuestión que yo te diría que nadie podría debatir. Los fundamentos de mis compañeros tienen un análisis técnico, imparcial, sólido y fundado. 

Lo que necesitamos dejar en claro, lo creo firmemente después de recorrer los treinta y dos estados en sesenta días, es que estas sentencias son una representación de la pluralidad del país, de la pluralidad de las visiones políticas del país, y de la legalidad que impera en todo el país. Tenemos una gran oportunidad para poder transmitir empatía, conocimiento técnico y una visión de responsabilidad republicana, responsabilidad de Estado en cada una de las sentencias que emita este nuevo órgano. 

Seremos ahora siete. Será enriquecedor observar cómo se van a integrar nuestras votaciones, pero creo que, en cada una de las votaciones, tenemos la oportunidad de generar criterios que muestren empatía, sensibilidad, responsabilidad de Estado y visión de la pluralidad de nuestro país. La pluralidad no solamente pasa por lo social, también por lo político porque justamente los actores que se asumen como agraviados ante el Tribunal son, en su mayoría, actores políticos y, por supuesto, también ciudadanos. A lo que nosotros respondemos es a los agravios con la ley en la mano. Y ante ello, debemos resolver con una pedagogía sólida y suficiente.

Creo que la Escuela Judicial puede generar una orientación, darle luz a la ciudadanía para conocer más al Tribunal, pero no solamente desde lo técnico, también desde un basamento ciudadano que genere esta empatía en nuestras determinaciones, una corresponsabilidad con los ciudadanos y, sobre todo, lo vuelvo a decir, con los actores políticos, que en su mayoría son los usuarios del sistema de justicia en nuestro país. 

Lo decía yo también en la propia campaña: con la elección judicial tenemos una oportunidad de reconciliar a la ciudadanía con la justicia como herramienta de estabilidad. Una estabilidad no sólo política, también económica, de seguridad, en beneficio del goce de los derechos, porque estamos hablando de derechos político-electorales. El ejercicio político es únicamente la puerta de entrada a la vivencia de todos los demás derechos. Necesitamos tener la capacidad de transmitir tal conocimiento a la ciudadanía en cada una de nuestras sentencias, porque eso es lo que realmente hacen las sentencias, transforman la forma de vivir de una comunidad.

GAO: Y hablando de sentencias, algunas de ellas se encuentran en el centro de muchas críticas por parte de un sector sobre todo mediático. Sentencias que tienen que ver particularmente con los temas de libertad de expresión de periodistas y usuarios de redes sociales, así como la relacionada con los acordeones. A partir de la jornada judicial, considero que es obligado plantearse como tarea la recuperación de la confianza ciudadana. Entiendo que este último tema es un poco más complejo, pero respecto de la libertad de expresión, del uso de redes, ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía? ¿Por qué se tomaron esas decisiones?

GBG: Yo te decía, en un primer momento, la importancia de reconciliar a la ciudadanía con la justicia. Yo establecía muy claramente que lo mío era defender el ejercicio del sufragio sin importar que tú estuvieras votando por una presidenta, por una gobernadora, por una diputada o por una magistrada. Que la ciudadanía sepa que somos garantes de estabilidad y de gobernabilidad.

Respecto del tema de los acordeones, es muy importante que se delibere cuáles fueron estos mecanismos, cuál fue su incidencia. Si fueron determinantes, ¿cómo marcaron la diferencia en el resultado de una elección? Creo que es un debate que está sobre la mesa y que le va a corresponder a mis compañeros en un primer momento, y a mí en un segundo momento con miras hacia el 27, si sucediera de nuevo.

Pero lo más importante, yo te diría, sería el uso indebido de recursos públicos. Porque un acordeón lo hice yo también, o lo hizo mi familia –y un sinfín de ciudadanos como un auxilio legítimo para ejercer de manera libre su voto–. Creo que la complejidad de esta elección permitió que el término de acordeón se acuñara en el transcurso de la elección, como se construyeron muchos de los criterios y muchas de las reglas durante el propio proceso, durante la propia contienda previo a la jornada.

Uno como candidato iba caminando y no tenía certeza de muchos de los criterios. Y acuñar el término acordeón fue uno de ellos y lo que sí se dejó en claro es que eran necesarios a efecto de poder generar una reflexión colectiva. Lo importante es si estos mecanismos vulneraron la determinación libre de la propia ciudadanía o el uso de los recursos públicos. 

Por lo que hace a la libertad de expresión, podemos estar de acuerdo en que es la piedra angular de todas las democracias. Una democracia contemporánea no se puede entender si no existiera la libertad de expresión. Pero pasamos ahora por fenómenos que han transformado la arena de la comunicación en que antes se operaba en periódicos, prensa, libros y, por supuesto, también en la radio y televisión. Hoy estamos en arenas muchísimo más complejas. Ya la gente no necesariamente lee el periódico, la prensa escrita. Ya la gente no ve la televisión. O no sólo se informa y entretiene a través de esos medios. Ahora todo el mundo tiene su teléfono inteligente. Creo que es una obligación de los juzgadores entender las tecnologías, lo que significan para la ciudadanía y para los comunicadores. Es aquí donde debemos tener la capacidad para decir qué rol juega el Estado en esta regulación, pues a partir de estos medios cualquiera tiene una posibilidad de salir a medios o hacerse de conocimiento masivo. 

En términos generales, creo que se incrementará la judicialización de estos asuntos, así como los relativos a la utilización de la inteligencia artificial que ya está operando de cara a plataformas de comunicación digitales. Por tanto, en la medida en que nosotros podamos comprender estos medios vamos a poder generar equilibrio entre la protección de un derecho angular para la democracia y los límites que debe tener el Estado para su regulación. 

GAO: Y respecto de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿en dónde radica ese límite en el momento en el que yo transgredo tu integridad? Lo hemos visto mucho en temas de violencia política en razón de género, y no solamente entendida contra las mujeres sino contra la diversidad sexual. Uno de los grandes aportes de este estudio y de este análisis jurisdiccional ha sido: “sí libertad de expresión, pero hasta aquí”, justo en el momento en el que vulneras la integridad de una tercera persona. Te pongo un ejemplo de hace ya unos años de una mujer que fue senadora: “¿Decirle a Nestora Salgado ‘secuestradora’ es violencia política en razón de género?”. Y yo decía: “Es violencia política, sí, pero no en razón de género, pues no le están diciendo: usted, en su calidad de mujer, es una secuestradora”. 

¿Cuáles serían, en tu visión, esos ajustes hacia la elección judicial del 2027?

GBG: Creo que en este momento no sería muy prudente que yo me pronunciara al respecto, pues aún soy magistrado electo y no he asumido funciones. Creo que muchas de las posibilidades de reforma que nos ofreció la elección siguen abiertas hoy. Yo personalmente las sufrí y tengo una opinión fundada al respecto. Aunque candidatos fuimos más de cuatro mil personas, no todos hicimos campaña. La experiencia que a mí me dejó hacer una campaña durante sesenta días por todo el país fue muy enriquecedora. Tengo yo hoy una experiencia personal que ha robustecido mi criterio al respecto y si se diera la posibilidad de incidir, desde un aporte institucional, de cara a la experiencia de 2027, abonaré. 

Muchos de los criterios se han dado al seno de las autoridades jurisdiccionales, pero corresponderá al Poder Legislativo su implementación. ¿Qué nos puede servir en estos momentos? Yo pedí licencia a mi cargo porque estaba convencido de que no debería participar en inequidad en la propia contienda. La campaña es justamente para salir, convencer, para llegar a la gente, a la ciudadanía, así que no lo iba a hacer a través de un Tik-Tok. Mi campaña fue a ras de tierra. ¿Quién está midiendo la incidencia que tuvo un candidato recorriendo los treinta y dos estados? Absolutamente nadie. 

Si tuviéramos una reforma electoral en puerta, levantaría la mano para participar en la misma, a fin de aportar a este mandato de salir, de convencer, de platicar, de mirar a la gente de frente, de otorgar volantes mientras me regalaban cinco minutos en plazas públicas. 

Lo que se necesitaba justamente era hablarle a la gente de igual a igual y eso sí lo pretendo hacer ahora desde la propia magistratura porque es un aprendizaje que me dio la propia elección y creo que es una responsabilidad que ahora sí nos corresponde a todos.

Será aleccionador para todos ver cuál será el proceso que asuma el Poder Legislativo. Como institución de Estado, a nosotros nos corresponde fijar criterios, pues son orientadores para el legislador. En este caso, debemos pronunciarlos abiertamente, con mayor participación y más pedagogía. 

GAO: Claro. Ya para enfilarnos a las últimas preguntas, ¿cómo tener un Tribunal Electoral del Poder Judicial más eficiente, respetable y menos costoso?

GBG: Yo creo que el Tribunal Electoral es una de las instituciones más eficientes que existen en el país. Con los cambios, no vamos a tener ahora una Secretaría Administrativa, y le va a corresponder al nuevo órgano de administración judicial la eficiencia de los propios recursos. Entonces, el reto es cómo hacer más con menos. Lo que sí corresponde al propio Tribunal, y para eso están creando este órgano administrativo, es para que nos aboquemos al estudio y al análisis, es decir, a la impartición de justicia en materia electoral. El simple hecho de que existan términos improrrogables en la materia electoral es una condición única en la impartición de justicia de nuestro país.

El Tribunal Electoral, sus diferentes salas, sus diferentes componentes y sus diferentes niveles son de alta eficiencia en la emisión de su quehacer, que es impartir justicia. Con estos insumos se pueden hacer proyectos en beneficio de la ciudadanía. Tenemos que evaluar con qué recursos nos quedamos, entiéndase entre ellos la propia Escuela Judicial. A cuánta gente se capacita, a cuánta gente se está llegando con políticas jurisdiccionales, y eso es muy importante establecerlo desde la propia presidencia. 

Hay que explicar, de cara a la ciudadanía, que el hecho de tener diálogo con los actores políticos es parte de nuestro quehacer. Yo no soy político, pero trato con políticos y es una tarea fundamental. Tenemos que hacerle ver a la ciudadanía que no existe nada más público que la justicia, y que en ese sentido somos actores políticos porque impartimos justicia, y que eso le tendría que importar a toda la gente, a la ciudadanía.

De cara a la propia elección del 2027 tenemos que generar políticas judiciales valiosas que sustenten este ejercicio, que sustenten este componente de hacer política jurisdiccional, política judicial. A la gente le tendría que importar mucho la impartición de justicia y ahí estamos generando unas grandes ventanas de oportunidad para el 27. 

Debemos trabajar algunos elementos que nos permitan medir el impacto favorable del quehacer jurisdiccional del propio Tribunal en la ciudadanía y en los actores políticos. Creo que hay que hacer una medición de cuál es el ánimo de la ciudadanía con respecto al propio Tribunal. 

GAO: Y añadiría una cuestión que hemos visto a lo largo de muchos años en el trabajo de observación electoral: es fundamental una valoración cualitativa, no sólo cuantitativa, porque si tú te vas por los números de tantas personas evaluadas, tantas personas capacitadas, los números apantallan, pero ¿les sirvió la capacitación?, ¿les cambió la vida, les cambió la percepción? Porque sabemos que una sentencia no es un número, es la vida de una persona y los derechos de esa persona. Sin embargo, cuando tú no sabes que algo te pertenece, no lo reclamas. 

GBG: Le diste al clavo: lo cualitativo importa. La defensoría empezó con cinco defensores. ¿Cuál es la trascendencia de estos asuntos? Fue determinante porque cambia vidas, y no sólo eso, cambia también una comunidad –algo de enorme valía para la vida social y política y todo lo que viene después en términos de derechos–. Existen muchísimos casos de éxito. Entonces, vale la pena invertir, y el impacto tiene que ser en lo nuclear. Como lo hemos visto, para una persona privada de la libertad tener una credencial resulta fundamental no solamente para votar, incluso para casarse. El costo de tener cinco defensores debe evaluarse en términos de beneficio social, en términos de estabilidad política y gobernabilidad.

GAO: Es como con la educación cívica: es mucho más caro no tenerla, el precio es más alto en lo social. Otro gran ejemplo: trece millones de personas salieron a votar en un universo de cien. No hubo una buena pedagogía porque todo fue muy rápido. Para los que estudiamos el voto y sobre todo el voto joven, hay muchas cosas todavía que estudiar, que aprender. Magistrado, ¿algo que yo no te hubiera preguntado y que quieras añadir a esta entrevista?

GBG: Creo que la justicia se tiene que centrar en las personas como individuos valiosos en sí mismos. Y si podemos poner al centro a las personas, también vamos a tener al centro a las propias comunidades. Entonces, podemos dejar de tener una justicia que suene a sentencia. Debemos construir una justicia que suenen a compromiso ciudadano. ¿Por qué? porque tenemos la posibilidad de cambiar la vida de las personas, de la propia comunidad, y creo que ese fue el llamado de la campaña, te lo digo a título personal: poner al centro a las personas y generar sentencias que generen un compromiso de cara a la ciudadanía. 

Lo técnico, lo autónomo, no está peleado con lo democrático. No debe estar peleado con ello y esta convicción se tiene que dar justamente en el ejercicio de nuestras atribuciones.

GAO: Muchísimas gracias por esta larga y muy fructífera entrevista que, espero, no sea la última. En Voz y Voto tienes un espacio abierto para estas reflexiones. Durante treinta y dos años ha existido este espacio que ahora tengo el honor de dirigir, espacio en el que puedes seguir contribuyendo a esta tarea de todos que es la democracia.