La presidenta Claudia Sheinbaum llega al final del año 1 de su mandato con un balance en que predominan los tonos grises. Mas que por sus logros, las valoraciones positivas se refieren más que a lo hecho, a lo evitado. Si a las encuestas atendemos, ella tiene alta popularidad. Su gobierno no. Sus dos mayores deficiencias están en la continuada inseguridad pública y en el virtual estancamiento de la economía. Supongo que su mayor reto está en aplicar la ley ante los hechos de corrupción y abusos que involucran a dirigentes y funcionarios públicos de su partido. El caso de “la barredora”, en Tabasco es el más escandaloso, pero no es el único ni el que ha causado mayor daño a la sociedad.

Varios de los eventos destacables en el año 1 de la presidenta son producto del contexto externo, o de las decisiones y acciones tomadas por su antecesor, en particular por la catarata de reformas constitucionales que impuso en el mes final de un sexenio que parece extenderse más allá de su límite temporal y político. Lugar destacado tiene la demolición del Poder Judicial, y la deforme creatura que emergió del concierto de acordeones del primer domingo de junio de este año.

El contexto del año 1 lo enmarcan hechos fuera del alcance de la presidenta. El más significativo es la continuada presión que contra México se ejerce desde Washington a partir de que Donald Trump ocupa el Despacho Oval. Víctima de amenazas y groserías el mayor mérito de Claudia Sheinbaum ha sido no engancharse en los anzuelos que una y otra vez le lanza el inquilino de la Casa Blanca, como pretexto para desatar acciones más agresivas, en particular en los ámbitos del comercio, la migración y la seguridad. Por ese contexto, la defensa de la soberanía es hoy una tarea real, que no debe ser usada como pretexto para descalificar a los adversarios políticos y a los críticos del gobierno. Pedir unidad y calificar a los adversarios de “traidores a la patria” son discursos incompatibles.

Para calmar los ánimos belicosos de la Casa Blanca, sin reparar en la “defensa de la soberanía”, nuestro gobierno aceptó contener el flujo de migrantes en ambas fronteras, lo que se suma a las acciones de terror contra los indocumentados en Estados Unidos. Con la espada de Damocles sobre las exportaciones de México, el tributo pagado fue la entrega de varios delincuentes a la justicia de Estados Unidos, sin cumplir los procedimientos que ordena nuestra legislación. No se trató de extradiciones, sino de expulsiones de mexicanos, a quienes las condenas por sus delitos no los privó de derechos humanos ni de nacionalidad.  

En el ámbito económico la mediocridad es el signo en el año 1 de la presidenta. En 2025 el PIB tendrá un crecimiento de entre 0.5 a 1 %, y para el 2026 se estima en 1.5% A la tenaza que provocan la incertidumbre, desatada por la destrucción del Poder Judicial, la amenaza de los aranceles y la inminente revisión del TMEC, sumemos la inédita reducción de la inversión pública que lastra los motores del crecimiento para 2026. (Ver Voz y Voto de octubre, 2025).

Sin recursos públicos para invertir en lo más elemental, como la infraestructura energética, de comunicaciones, o el equipamiento urbano, el Plan México es un catálogo de buenas intenciones y falsas promesas. Las inversiones privadas no fluyen porque no hay energía, mano de obra calificada, ni seguridad pública, tampoco jurídica. La desordenada expansión de los programas sociales ahoga las débiles finanzas públicas. El populismo clientelar con fines electorales cuesta a los contribuyentes casi un billón de pesos al año, y sigue aumentando.

En el año 1 la sombra del caudillo ha sido omnipresente. No pasa día sin que esa sombra imponga tener que hacer en la mañanera encendidas defensas del tabasqueño, al que de manera casi reverencial insiste en seguir llamado “presidente”. Una palabra dice más que mil imágenes.

A diario leo opiniones de que la política de seguridad pública y las acciones en contra del crimen organizado es el punto de quiebre, el inicio del divorcio con el tutor. Hay incluso quienes insisten en pronosticar brusca ruptura, aunque ella no lo quiera. Si atendemos a los hechos y dichos de la presidenta más nos vale descartar tales especulaciones y rumores. No hay -ni habrá- ruptura. Dejar que se hundan algunos políticos que ya habían caído no es ruptura, es ejercicio de paciencia. 

El límite que no será traspasado por la titular del Poder Ejecutivo es la impunidad. No importa si existen evidencias sólidas de la presunta asociación y complicidad entre delincuentes y políticos del Partido Morena. La impunidad es el cemento que mantiene la unidad del poder. Siguiendo la analogía del dominó, se escucha en los lavaderos del Senado la advertencia “si cae uno, caemos todos”.  En otras palabras, el segundo piso de la 4T no tiene salidas laterales.

A lo largo del año1 hemos visto un progresivo endurecimiento en el discurso y la práctica del Poder Ejecutivo frente a sus críticos y adversarios políticos. Referirse a los primeros con el término “comentócratas” revela un desprecio por ellos y sus opiniones. Colocar a los adversarios etiquetas de “neoliberales”, o “traidores a la patria”, invocar una y otra vez al “pueblo” como demiurgo de las decisiones presidenciales, dejando implícito que los otros son el “anti-pueblo”, es declinar de su obligación de ser presidenta de todos y para todos, no solo para los suyos.     

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