Según reconoció el consejero presidente de la comisión del INE para la elección judicial, la mejor previsión de asistencia a las urnas para el 1 de junio es del 15% de los inscritos en las listas de electores, lo que equivale a 15 millones de votantes. El mismo consejero aceptó que esa participación pudiera ser mucho más baja, del 5%, es decir 5 millones de votantes.

Las consecuencias del mal diseño de las normas legales y el atropellado proceso de organización y desarrollo de la llamada “elección judicial” están a la vista. Sin embargo, nada le importan al gobierno, sus legisladores y al Partido Morena, empeñados en destruir al actual Poder Judicial, para edificar otro, a su servicio, cuyos integrantes surgirán del resultado de una dudosa jornada comicial y del escrutinio y cómputo de votos que, por vez primera, no será realizado por los ciudadanos en las casillas, sino por los empleados y funcionarios del INE en sus instalaciones

Una de esas consecuencias es la distorsión de la voluntad ciudadana que ocurrirá, de manera inevitable, en el resultado de la votación por efecto de la concurrencia del ámbito judicial federal con el local, y por el potencial efecto de las elecciones ordinarias para ayuntamientos en Durango y Veracruz, el mismo domingo 1 de junio.

Un principio de toda elección democrática es que cada voto tiene el mismo valor, cada elector tiene la misma oportunidad de participar y cada voto, en la suma que define el resultado, cuenta y se cuenta. Ese principio está vulnerado en la elección judicial.

Por razones presupuestales, el INE instalará solamente 84 mil casillas, menos de la mitad de las que funcionaron en la elección de 2024. Además, las casillas podrán ser agrupadas en centros de votación ubicados exclusivamente en las cabeceras municipales. Ambas medidas alejarán las urnas de los electores, favoreciendo a unos y perjudicando a otros, que seguramente son la mayoría.

Mientras que la elección para el remedo de Poder Judicial Federal se realizará en las 32 entidades federativas, para los pseudo poderes judiciales locales solamente habrá elección en 18 estados y en la CDMX. Cabe esperar que en esas 19 entidades habrá mayor participación, la que podría acentuarse en los 2 estados con elección ordinaria, Veracruz y Durango. Esa situación provocará que, en el resultado de la elección para ministros de la Corte, magistrados electorales y para integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, esas 19 entidades, especialmente Veracruz, por el tamaño de su padrón electoral, serán determinantes, en detrimento de los electores de los 13 estados que, por tener solamente elección judicial federal, previsiblemente tendrán menor asistencia a las urnas.

Las diferencias entre las elecciones judiciales locales son otra fuente de distorsión. En Chihuahua cada elector recibirá 13 boletas, 6 federales y 7 locales, mientras que en la mayoría de los estados con elección judicial concurrente serán de 9 a 10 las boletas a entregar. Entre más boletas, mayor posibilidad de error y por tanto más votos nulos. Otras aberraciones: en Durango hay planillas únicas para el ámbito judicial local, si solamente hubiese un elector, ese voto decidiría la integración de todo el Poder Judicial de ese estado. En Quintana Roo se votará por planillas, no por personas, lo que fue avalado, con 3 votos, por la Sala Superior del TEPJF.

La distorsión mas grave se producirá por el acarreo de votantes que los gobernadores de la 4T están preparando para el domingo 1 de junio. Como se hizo en la consulta de revocación de mandato de 2022, es secreto a voces que la Secretaría de Gobernación asignó cuotas de votantes para cada estado, lo que habrá de reflejarse en distorsiones como las observadas en aquella simulación, en la que 4 entidades -CDMX, México, Chiapas y Puebla- aportaron el 34% de los votos. Además, en cada estado serán determinantes los municipios gobernados por el Partido Morena, así como en la CDMX, donde las alcaldías de mayor población, gobernadas por ese partido, inclinarán la balanza, no tanto por su tamaño de padrón como por la capacidad de acarreo en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tlalpan.

La simulación alcanza niveles no vistos en el pasado. Más de 200 mil ciudadanos han sido registrados por el INE como “observadores electorales”. Hay evidencia de que la mayoría de ellos están al servicio del Partido Morena y muchos son también empleados públicos. Esos “observadores” serán quienes tendrán a su cargo llevar a votar a los beneficiarios de programas sociales, o a quienes sin serlo recibirán el pago en efectivo. También se encargarán las plantillas con los números que los votantes deberán anotar en cada boleta.

Ningún candidato que carezca del respaldo del gobierno y su partido tiene posibilidad de resultar ganador. Para asegurar que resultarán “electos” ministros, magistrados y jueces solamente los aprobados en Palacio Nacional el oficialismo tiene el control de INE y la subordinación del TEPJF. Y dispone de suficientes boletas en blanco para remediar cualquier desviación de sus designios.

¿Tiene sentido ir a votar?

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