Hay fechas que la historia constitucional y electoral, la que me ocupa en estas líneas es el 6 de diciembre de 2024, cuando, a dos días de la segunda vuelta presidencial en Rumania, la Corte Constitucional anuló la elección.

Entre una decisión y la otra aparecieron informes de inteligencia, posteriormente desclasificados, sobre una campaña digital coordinada, financiamiento oculto y mecanismos de recomendación que habrían favorecido a un candidato.

Una elección pasó así de la incertidumbre política a la inexistencia jurídica, como aquellas cosas de Tlön que perduran mientras alguien las piensa: millones de votos cancelados mediante una sentencia que pretendía defender la libertad electoral frente a una operación desarrollada, al menos en parte, dentro de sistemas que la ciudadanía apenas podía observar.

La paradoja resulta difícil de ignorar y me temo que será la paradoja de nuestro tiempo. Un tribunal encargado de combatir la opacidad algorítmica acudió a pruebas reservadas y a razones que los electores apenas alcanzaban a examinar. El secreto estatal intentó corregir el secreto de las plataformas: los teólogos de Babilonia, que administraban la lotería infinita, habrían reconocido el procedimiento.

El episodio rumano llevó hasta sus últimas consecuencias una tensión que comenzó mucho antes, cuando Pierre Lévy —filósofo tunecino de la primera hora digital, hoy releído con la melancolía con que se hojean los manifiestos de Marinetti, profeta también él de una velocidad que acabó administrada por otros— llamó ciberdemocracia a la ampliación de la vida pública mediante redes digitales.

Su concepto conserva el entusiasmo de los primeros años de internet, cuando la plaza electrónica parecía abierta por definición y cualquier persona podía organizar una campaña o discutir con el poder sin solicitar espacio en un periódico. Lévy comprendió la expansión de la palabra pública. Alcanzó a ver con menor claridad —nadie lo vio, seamos justos con él— el poder de quienes administrarían su circulación. La plaza continúa abierta, pienso, aunque el portero se ha convertido en una fórmula matemática.

Ese portero aprende nuestros horarios, recuerda nuestras búsquedas, clasifica intereses, calcula reacciones y decide qué mensaje aparecerá primero. La antigua censura necesitaba suprimir un discurso. La administración algorítmica puede volverlo irrelevante mediante un procedimiento más discreto y, por ello, más elegante: basta sepultarlo bajo millones de contenidos, como aquellos bibliotecarios que buscaban un libro legible entre galerías hexagonales atestadas de volúmenes indescifrables. La censura de nuestro siglo ya no hace hogueras, simplemente cataloga.

Un sistema de recomendación decide qué candidatura conocerá una persona. Un modelo de segmentación elige la promesa que recibirá cada barrio: propaganda de casa en casa, solo que ya nadie toca la puerta. Y una deepfake puede atribuir a una candidata o candidato palabras que jamás pronunció, ejercicio de ventriloquia que habría fascinado al autor de aquel Pierre Menard que reescribía el Quijote palabra por palabra: el texto es idéntico y la autoría lo cambia todo.

Hay en Borges un imperio cuyos cartógrafos, ganados por el celo del oficio, levantaron un mapa del tamaño exacto del territorio: la representación alcanzó la perfección y, con ella, la inutilidad. Y hay un muchacho de Fray Bentos que, después de caer de un caballo, quedó condenado a no olvidar nada, retenía cada hoja de cada árbol y cada una de las veces que la había percibido o imaginado, pero abstraer le resultaba casi imposible. El pobre Ireneo habría sido un servidor informático formidable y un juez desastroso. Lo recordaba todo y comprendía muy poco.

Los dos relatos anticiparon una superstición de nuestro tiempo —creemos que una mayor acumulación de datos produce necesariamente una comprensión más profunda— y las campañas electorales participan de esa fe con fervor de conversos.

Reúnen búsquedas, desplazamientos aproximados, hábitos de consumo y reacciones emocionales; cada fragmento promete reducir la incertidumbre y el ciudadano termina convertido en un perfil compuesto por probabilidades, en un aleph de bolsillo donde alguien cree ver, simultáneamente y desde todos los ángulos, a la persona entera. El narrador de aquel cuento vio el universo en un sótano; lo primero que hizo al salir fue recomendar que demolieran la casa.

Ese perfil puede anticipar comportamientos agregados y también puede confundir la correlación con la voluntad. Una persona que comparte características estadísticas con determinado grupo conserva la libertad de cambiar de opinión, de guardar silencio, de rechazar el mensaje calculado para persuadirla o de votar de una forma que el modelo consideraba improbable. La libertad política vive precisamente en ese margen de error, no es la predicción lo que debemos proteger: es el jardín de senderos que se bifurcan, donde cada elector puede tomar, todavía, la vereda que la máquina descartó.

El mapa algorítmico agrega, además, una facultad que los cartógrafos del imperio desconocían. Ya no se limita a representar el territorio: actúa sobre él. Cuando una plataforma predice que una persona responderá a mensajes de miedo y comienza a suministrárselos, la predicción modifica el ambiente en que se forma su decisión El sistema mide una preferencia y después contribuye a producirla. Aquel heresiarca de Uqbar abominaba de los espejos y de la cópula porque multiplican el número de los hombres; no llegó a conocer el algoritmo, espejo que multiplica lo que refleja.

El papa León XIV firmó el 15 de mayo de 2026 la encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la dignidad humana ante el desarrollo de la inteligencia artificial, y la fecha —135 aniversario de Rerum Novarum— no fue casual. En 1891, León XIII examinó la cuestión social producida por la industrialización: la Iglesia llegó a las fábricas cuando las chimeneas ya habían oscurecido Europa, con la puntualidad del búho de Minerva, que solo levanta el vuelo al atardecer.

León XIV intenta llegar al algoritmo mientras todavía está aprendiendo nuestros hábitos. La analogía tiene grandeza y cierta impaciencia. La máquina industrial concentró capital y transformó el trabajo; la inteligencia artificial concentra datos y capacidad de cómputo, y organiza, además, la atención pública. Ambas tecnologías prometieron liberar a la humanidad de ciertas cargas y terminaron creando nuevas formas de dependencia.

En un Estado constitucional laico, una encíclica carece de autoridad para fijar el alcance de los derechos electorales y su aportación pertenece al terreno del juicio moral, lo cual no es poco. Magnifica Humanitas afirma que el uso de la inteligencia artificial “nunca es un hecho puramente técnico”, y la frase acierta porque destruye la cómoda ficción de la neutralidad.

En ese sentido, cada modelo incorpora decisiones sobre lo visible y lo valioso: alguien elige los datos y establece el objetivo, otra persona decide el margen de error aceptable, una institución coloca finalmente el sistema dentro de un procedimiento que afectará derechos.

La encíclica dirige la responsabilidad hacia quienes diseñan y utilizan esas herramientas, pregunta quién debe explicar una decisión y qué remedio corresponde a la persona afectada. Su vocabulario moral resulta fértil, aunque necesita convertirse en garantías concretas: la dignidad humana puede orientar el camino, pero una auditoría y un procedimiento de revisión deben permitir recorrerlo.

El Estado puede apoyarse en una herramienta y conserva íntegra la obligación de justificar sus actos: una resolución pierde legitimidad cuando se limita a afirmar que el sistema asignó determinado puntaje, porque el algoritmo fue seleccionado, alimentado y colocado dentro de un procedimiento, y todos esos actos poseen autoría, los oráculos no firman; las autoridades sí.

Magnifica Humanitas sostiene además que “la verdad es un bien común”, afirmación de una fuerza particular en la democracia digital. La competencia política admite opiniones incompatibles y proyectos enfrentados; su funcionamiento requiere un suelo factual compartido, y las deepfakes alteran fraudulentamente ese suelo. El derecho puede exigir que conozcamos quien paga un anuncio y que una imitación convincente sea identificada; la valoración de las propuestas pertenece a la ciudadanía. Una democracia protegida por un ministerio de la verdad habría olvidado aquello que pretendía salvar.

Después de la anulación rumana, la Comisión de Venecia examinó los estándares generales aplicables a estos casos y reconoció que las campañas digitales pueden sufrir manipulaciones capaces de afectar una elección y afirmó, a la vez, que la anulación constituye un remedio excepcional, pues requiere hechos claramente establecidos y una posibilidad fundada de influencia sobre el resultado.

Los informes clasificados pueden aportar contexto, su utilización como fundamento exclusivo de una decisión que cancela millones de votos debilita las condiciones del debate judicial, pues defender la democracia exige motivación suficiente y oportunidad para controvertir la evidencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible en marzo de 2025 la demanda de Călin Georgescu contra la anulación, apoyándose en que la garantía de elecciones libres del Protocolo número 1 se refiere a órganos legislativos y la Presidencia rumana queda fuera de ese ámbito.

El 6 de diciembre de 2024, los jueces rumanos tuvieron frente a sí expedientes, informes de inteligencia y el mapa digital de una elección. Ese mapa podía descubrir rutas ocultas de influencia; también podía borrar el territorio si el tribunal lo aceptaba como una verdad incuestionable. Borges dejó que el mapa del imperio se desgarrara bajo el sol, en manos de generaciones que entendieron que la cartografía perfecta es inútil. El derecho electoral enfrenta una tarea menos literaria y más urgente: publicar la leyenda, identificar a los cartógrafos y preservar, sobre todo, la libertad de cada elector.