Informa Voz y Voto que el próximo lunes 17 en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE se conocerá y votará el proyecto de acuerdo para el financiamiento ordinario y de campaña de los 8 partidos políticos nacionales para el año 2027.

En el cuadro siguiente se muestran los datos relevantes del proyecto que, una vez aprobado en la Comisión, pasará a conocimiento y votación del Consejo General. 

En realidad, no hay nada que discutir sobre ese tema. El cálculo para el financiamiento anual y de campaña de los partidos políticos se encuentra detallado en el artículo 41 de la Constitución. El INE no hace más que aplicarlo.

Para determinar el monto anual de financiamiento ordinario la Constitución establece que el número total de inscritos en el padrón electoral (118,308,990, al 30 de julio de este año) se multiplique por el equivalente en pesos de un 65% de la UMA ($117.35x0.65= $76.2515). Al resultado de esa operación ($7,880 millones de pesos) se suman prerrogativas adicionales, como la que debe destinarse a educación y capacitación, y la destinada a gastos por envíos a través de Correos de México, para alcanzar un total de $8,380 millones de pesos.

El monto total de financiamiento ordinario se distribuye en un 30% de forma igualitaria entre los 8 partidos políticos, y el 70% conforme al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección inmediata anterior (la de 2024). Para los dos nuevos partidos con registro, la ley establece que se les otorgue el equivalente al 2% del monto total a distribuir. 

El monto total de financiamiento para campaña equivale al 30% del financiamiento ordinario en el año de campaña (antes de otras prerrogativas) de lo que resulta el monto a repartir en 2027, que será de $2,364 millones de pesos. Para cada partido, su financiamiento de campaña es el 30% de lo que recibe por financiamiento ordinario en el año de la elección.

Como se ve en el cuadro, en 2027 el erario destinará al financiamiento de los 8 partidos políticos nacionales $10,744 millones de pesos. Un 78% para gastos ordinarios y el 22% para gastos de campaña.

El monto consignado en el párrafo inmediato anterior no incluye lo que en cada estado y en la CDMX, a través de los OPLES, se otorga a los partidos, nacionales y locales, por concepto de financiamiento ordinario y de campaña, que, grosso modo, es otro tanto de lo que entrega el INE.

Las fórmulas para el cálculo y distribución del financiamiento público a partidos políticos fueron establecidas en la reforma constitucional de 1996. En la de 2007 se hicieron ajustes al financiamiento ordinario y se redujo de manera importante el de campaña, pero los montos siguen siendo estratosféricos y en cada elección federal, cada 3 años, se disparan los montos totales.

Hay un efecto no esperado y no deseado en la fórmula establecida en 1996. Ese efecto es la significativa inequidad en la asignación del financiamiento público en favor del partido mayoritario, lo que afecta de manera directa las condiciones de competencia entre partidos.

Morena es el gran beneficiario de tal inequidad. En 2027 recibirá un total de 3,605 millones de pesos, casi el doble de lo que tendrá el PAN, y casi 7 veces más de lo que se asignará a cada uno de los dos nuevos partidos. La alianza de Morena con el PT y el PVEM dispondrá en 2027 de 5,719 millones de pesos. Si hubiese una alianza del PAN, PRI y MC, sumarían 4,532 millones de pesos, 1,187 millones menos. Sin alianza, las oposiciones competirán en absoluta inequidad frente a la coalición del partido oficial (Morena). Para los 2 nuevos partidos, impedidos por ley de establecer alianzas en 2027, la cuesta es peor que la de enero, dispondrá, cada uno, del 4.3% del dinero público del que disfrutarán Morena y aliados. Es la inequidad absoluta.

Es necesario que el Constituyente Permanente cambie la fórmula del artículo 41 de la Carta Magna, para reducir drásticamente el monto total a distribuir como financiamiento ordinario y establecer un tope al monto total que puede recibir un partido político. Por ejemplo, que no pueda ser más de 3 veces el que reciba el partido de menor financiamiento público.

Aunque la reforma para ese propósito no podría aplicarse para el año 2027, aprobarla en este año permitirá reducir el financiamiento ordinario para 2028 y los años subsecuentes, y reducir en 2030 el de campaña. No espero que los partidos respalden una reforma como la que estoy esbozando. Sin embargo, desde Voz y Voto habremos de impulsar, con el respaldo de nuestros lectores, la presentación de una iniciativa ciudadana de reforma constitucional para esos propósitos.

Esperamos contar con tu apoyo.