Uno de los temas en que la ley electoral vigente resulta inservible es el de precampañas. Por el reclamo del PRD, en la reforma de 2007 se redujo la duración de las campañas y se reguló, con cierto detalle, los procesos internos de selección de candidatos y las precampañas. Desde su primera aplicación las normas establecidas resultaron inaplicables o insuficientes. Lo escribo con la autocrítica por delante.

El problema es elemental. Para que haya precampañas debe haber precandidatos, es decir competencia interna por una candidatura. La ley permite que cada partido decida, en su propio estatuto, el método a utilizar en la selección de sus candidatos, con la única condición de que sea “democrático”. Solo que, para la ley, tan democrática es la consulta abierta a afiliados y simpatizantes, como la decisión tomada por un órgano de dirección partidista.

En 2007 la experiencia de las anticipadas campañas de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador era muy reciente. El primero había iniciado tareas de proselitismo, para la elección presidencial de 2000, desde 1997, mientras que el segundo acumulaba, para ese entonces, siete años en campaña.

En aquel año había ganado cierto prestigio, sobre todo en el PRD, acudir a las consultas abiertas para escoger candidatos. Cualquiera que tuviera credencial de elector podía participar en ellas, de manera tal que los así escogidos no sabían, bien a bien, cuál era su apoyo real. Se llegó a mencionar que afiliados al PRI habían participado en consultas del PRD o del PAN, solo para impedir que un buen prospecto alcanzara la candidatura.

Al calor de esas realidades e ilusiones, se establecieron los plazos de las precampañas, que no deben exceder de dos terceras partes de los de campaña, y entre ambas debe mediar un plazo suficiente para que se presenten y resuelvan impugnaciones contra los resultados de los procesos internos de selección de candidatos en los partidos. Desde 2008 hablamos de precampaña, intercampaña y campaña, y de actos anticipados de precampaña y campaña. Todo se complicó.

La complicación fue mayor porque los partidos resolvieron -seguimos hablando de la reforma de 2007- que en el periodo de precampaña tendrían tiempo en TV y radio para promocionar a sus precandidatos. El problema se presentó casi de inmediato: ¿sin precampaña debía darse tiempo a un partido? La Corte resolvió que sí. Pero solo para propaganda genérica. Un precandidato único no debía aparecer en spots de TV y radio. Lo que sonaba bien en teoría, pero en los hechos generaba inequidad. Empezó entonces la falsificación de precampañas.

Los criterios fueron cambiando, sin cambiar la ley, hasta llegar a lo que hoy vemos en el estado de México y en Coahuila. En el primero hace varios meses que Delfina Gómez (Morena/PT/PVEM) anda en campaña, y hace semanas que Alejandra del Moral (PRI/PAN/PRD) hace lo mismo. La ley establece que las campañas para gobernador en ambos estados duren 60 días, por lo que formalmente iniciarán hasta principios de abril. La jornada comicial será el domingo 4 de junio; para ese día los candidatos y candidatas habrán acumulado entre 6 y 8 meses en campaña.

El Plan B no tocó para nada esa parte de la ley. Por eso los aspirantes a la candidatura presidencial, de todos colores y sabores, andan tan campantes, haciendo precampaña. 

Habrá que esperar un Plan C para ver si en la ley se corrige lo que no funciona.