La escena del rechazo al dictamen de la reforma en materia electoral propuesta por la presidenta de México ante la Cámara de Diputados fue como un dejà vu.

La misma escena, hoy con actores diferentes, la vimos en 2023, cuando a sabiendas de que no contaba con los votos suficientes, el ex presidente López Obrador obligó a su partido a llevar a la votación su plan A, que fue rechazado.

Sin embargo, hay una diferencia importante. Ayer (2023) el rechazo lo explicó el voto de las oposiciones. Hoy (2026) el rechazo lo explica la inesperada confluencia entre los dos aliados del oficialismo (PT y PVEM) y las oposiciones. Hoy como ayer, desde la presidencia se amaga con el plan B. Nueva diferencia: hoy no existen ministros de la Corte con los conocimientos, integridad e independencia para hacer valer la Constitución. Los 9 que ahí llegaron actúan conforme les ordene quien ahí los puso. Frente a un posible plan B del Ejecutivo, la ciudadanía está indefensa.

¿Qué sigue?

En la forma, todo indica que veremos, en el curso de los próximos días, la repetición del guión que ha seguido la titular del Ejecutivo desde que anunció sus intenciones de reforma electoral. Monólogos ante el espejo. El “pueblo” como demiurgo y las encuestas como oráculo inapelable. La presidenta dice que propone lo que el pueblo quiere, y ella es la única que lo sabe, porque para eso paga al oráculo. No habrá diálogo ni negociación, no con los opositores ni con los críticos, a los que seguirá descalificando o ignorando.

El plan B de López Obrador, aprobado por Morena y aliados en 2023, en lo principal fue una serie de recortes con machete a la estructura del INE, para supuestamente obtener un ahorro en el gasto propio de la autoridad electoral federal. Esos machetazos eran a todas luces inconstitucionales. Sin embargo, la Corte no tuvo que entrar al fondo del asunto. Las graves violaciones al proceso legislativo en que la mayoría oficialista incurrió en San Lázaro fueron motivo suficiente para invalidar la totalidad del plan B.

El plan C de López Obrador, su tercer intento de reforma electoral, presentado el 5 de febrero de 2024, está en el archivo muerto de la Cámara de Diputados, en donde a partir de ahora le hace compañía el plan A de la presidenta. Los intentos A, B y C del tabasqueño fracasaron. El cuarto intento, el D, acaba de ser desechado en San Lázaro. Por el orden alfabético de las propuestas de reforma electoral en los años de la 4T, deberíamos esperar el plan E. Pero ni en eso son ordenados. Lo han llamado “plan B”.

Voceros de la 4T dicen que en el plan B estará lo mismo que el miércoles 11 de marzo no lograron hacer aprobar. Eso no se puede. Para empezar, no es posible modificar en la ley la asignación de las curules de representación proporcional, ni tampoco desaparecer los 32 escaños de lista nacional (plurinominales).

Menos aun se podría, mediante cambios a la ley, reducir el financiamiento público federal a los partidos políticos. Todo bajo el supuesto de que respeten la Constitución, lo que de ella queda.

Hoy jueves 12 de marzo en la mañanera nos enteramos que el plan B que están pergeñando los asesores presidenciales consistirá en una nueva tanda de propuestas de reforma constitucional, entre las que se incluyen la reducción de integrantes y presupuesto a los 32 congresos locales y ayuntamientos municipales (artículos 115 y 116 de la Constitución). En el mismo paquete estaría adelantar la consulta de revocación de mandato, que no es obligatoria, el primer domingo de junio del próximo año, junto con las elecciones ordinarias. La cereza del merengue será posponer la elección judicial ordinaria para algún año posterior al 2027, o para cuando haya dinero para pagarla.

Tropezando con la misma piedra, la presidenta insiste en que le redacten nuevas iniciativas, como una especie de batidillo de ocurrencias, fobias juveniles y la obsesión por ahorrar centavos mientras siguen dilapidando miles de millones de pesos en el sostenimiento operativo de las inútiles obras construidas el sexenio anterior. Ella quiere una democracia barata, lo demás no importa.

Para reducir el gasto en elecciones no hace falta seguir escarbando en el hoyo en que se metió la presidenta. En ese ámbito hay mucha tela de donde cortar. Lo único que requieren en Palacio Nacional, para seguir con la analogía, es tener una costurera que sepa usar con destreza y cuidado las tijeras.

El INE requiere una revisión a fondo de su estructura orgánica, de su plantilla de personal y del tabulador de sueldos. Para terminar con duplicidades y extravagancias no hace falta torturar la Constitución que con los aberrantes cambios que en menos de dos años la han deformado está irreconocible.

Dar consejos a la presidenta no es mi tarea. Pero esta vez me tomaré una licencia.

Dicen en Sinaloa que cuando uno cae en un hoyo, no hay que rascar en la tierra, porque corre el riesgo de hundirse más. Respetuosamente sugiero a la señora presidenta admitir que, en lo que hace a su iniciativa de reforma electoral, cayó en un hoyo. Lo mejor que puede hacer es dejar de rascarle. Le hará bien respirar, contar hasta 10 y luego empezar a pensar como salir del hoyo.

Para ella, por el bien de todos, eso sería lo mejor que sigue.