Al final de un largo y tortuoso trayecto la presidenta de México dejó en claro que su principal intención y objetivo casi único, en las dos iniciativas de reforma electoral que presentó ante el Congreso de la Unión, es entrometerse con boleta propia en los procesos electorales, federal, locales y judicial, del año 2027.

Al escribir este artículo, tengo a la vista la segunda iniciativa presidencial de reforma constitucional electoral, a la que su firmante denomina “plan B”, sin que aún haya sido entregada la que atenderá los aspectos reglamentarios del cambio constitucional, más otra serie de ajustes en leyes para cerrar la pinza en el nuevo entramado de elecciones bajo control del gobierno.

Usando como pretexto su obsesión por abaratar las elecciones, en los hechos lo que la presidenta pretende es convertir la revocación en intrusión para asegurar para su causa y su partido el resultado de las elecciones del 2027. Para conservar el poder lo que realmente propone es cancelar la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas en el poder Legislativo y anular la alternancia en el Poder Ejecutivo, demoliendo el endeble entramado jurídico que permitía condiciones mínimas de neutralidad de los servidores públicos en la competencia entre partidos políticos, empezando por el presidente(a) de la República.

La cereza del merengue es la propuesta de incluir en la Constitución (artículo 35) la explícita autorización de que “la persona sujeta a revocación (sic) podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. Esa “persona” es la autora de la iniciativa, que mediante ese cambio podrá actuar, de manera abierta, constitucionalmente autorizada, como jefa de campaña y propagandista central de su partido en 2027.

No sabemos si por las prisas, o porque no creen a sus propias encuestas, la iniciativa presidencial pretende dejar en la incertidumbre la fecha de realización de la consulta de revocación de mandato. En efecto, se propone que pueda tener lugar en el tercero (2027) o cuarto año (2028) del sexenio. Sin especificar las normas legales que soporten tal dilema, estamos frente a un monumental galimatías que deja en manos de la interesada la decisión del año en que pondrá en acción la maquinaria para obtener las firmas requeridas y dominar la escena política y mediática antes, durante y después de las campañas.  

En los hechos, la incertidumbre presidencial, que cruza la iniciativa del plan B, es sobre lo que más conviene al Partido Morena. No han podido decidir que les conviene más. Si la presidenta se mete en una boleta el próximo año, liquidando la integridad de los procesos electorales de 2027, o esperar a 2028 para medir fuerzas y dejar abonado el terreno de la elección presidencial en 2030, como lo hizo su antecesor en 2022.

La iniciativa presidencial del plan B autoriza plantear la hipótesis que, contra lo que pregonan las encuestas “patito”, la presidenta tiene otros datos, que electoralmente hablando no son halagüeños, ni para ella, su gobierno y su partido. Cabe afirmar que la decisión de dejar abierta la inclusión de la presidenta como actora central de la competencia electoral deriva de encuestas -mantenidas en reserva- sobre preferencias de voto para 2027, en gubernaturas y en los municipios más poblados, que hicieron sonar las alarmas en el cuarto de guerra del oficialismo.

Los otros cambios que contiene la iniciativa presidencial, presentada el 17 de marzo pasado, son en realidad el envoltorio de lo principal, que es adelantar al próximo año la mal llamada consulta de revocación de mandato, reconocida ahora como campaña de promoción para la ratificación de la popularidad de la presidenta y el impulso a los candidatos de su partido.

En este espacio y en la edición de abril de la revista Voz y Voto habré de extender y profundizar la revisión de las propuestas presidenciales. Hasta el día de hoy, las iniciativas para las adecuaciones a leyes electorales no habían sido enviadas al Senado, y el PT seguía deshojando la margarita para decidir si respaldan o rechazan la intrusión de la presidenta en las elecciones de 2027.

Colocarse a sí mismo la soga al cuello no es algo grato, para nadie.