Bajo el manto de la llamada “austeridad republicana” desde 2023 el gobierno y su partido impulsaron cambios legales que tenían como propósito declarativo abaratar la democracia y como objetivo real asegurar para la 4T el control de las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, así como cambiar la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y los cabildos municipales, en el afán de repetir la inconstitucional sobrerrepresentación de Morena y aliados, que les asegure la mayoría calificada, hasta el fin de los tiempos.

Los planes de reforma electoral, de la A a la E, fueron concebidos y articulados desde Palacio Nacional en torno a esos propósitos. Por vez primera desde 1977, las iniciativas de reforma electoral presentadas por la presidencia no eran resultado de reclamos opositores, ni del diálogo entre el gobierno, su partido y las oposiciones. Fueron la expresión pura y dura de una desmesurada ambición de poder, enmascarada en un fantasmagórico mandato de eso que la demagogia de la 4T llama “el pueblo”.

En cada iniciativa presidencial se plasmó la visión unilateral que desde el poder de la 4T se pretende imponer para transformar el sistema electoral hasta convertirlo en un entramado legal, institucional y operativo que asegure al gobierno y a su partido el predominio legislativo y a nivel municipal, así como consolidar el régimen autoritario con fachada de legitimidad electoral que los ideólogos y operadores de la 4T piensan indispensable para, como soñó el Reich alemán, durar mil años en el poder. O un poco más.

La captura y sometimiento de las autoridades electorales a los dictados del gobierno y su partido fue acelerada desde diciembre de 2023, con el asalto a la presidencia de la Sala Superior del TEPJF. Se ha consolidado gracias a la espuria elección judicial de 2025. El dilema que aún no resuelven en Palacio Nacional es si posponen a 2028 -o 2030, la primera elección judicial ordinaria -la de 2025 fue extraordinaria- en cuyo caso será necesario extender -de nueva cuenta- el mandato de 4 de los actuales 6 magistrados electorales y seguir con la vacante que dejó la honrosa salida de la magistrada Janine Otálora.

Los intentos para remodelar a gusto de la 4T al sistema electoral han sido fallidos. En las dos derrotas consecutivas que sufrieron sus iniciativas en marzo pasado, también quedó cerrada la puerta para que esos cambios puedan estar en vigor para 2027.