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Voto electrónico por internet

En México, el artículo 35 de la Constitución Federal reconoce el derecho de la ciudadanía a votar para elegir a los integrantes de los tres poderes del Estado, así como para participar en mecanismos de democracia directa, como consultas populares y revocación de mandato. De manera tradicional, la ciudadanía acude a las casillas durante la jornada electoral, recibe una boleta, deposita el voto en la urna y, posteriormente, los integrantes de la mesa directiva de casilla cuentan los sufragios para determinar la opción más votada.

 

A lo largo de la historia, se han implementado diversos métodos para emitir y contar el voto con mayor rapidez y precisión. Algunos países han incorporado tecnologías de la información para lograr un sufragio más eficiente y accesible. Hoy en día, existen dos formatos principales de voto electrónico: 1) el voto en módulos mediante urnas electrónicas y 2) el voto remoto desde cualquier lugar, conocido como voto electrónico por internet (Téllez, 2010).

 

La adopción de estos mecanismos de votación varía enormemente entre países y no ha avanzado al mismo ritmo que el uso cotidiano de la tecnología. Por ejemplo, mientras que la urna electrónica ha sido implementada con éxito en Brasil, Filipinas e India —la mayor democracia del planeta, con más de 1,450 millones de habitantes—, en Colombia aún se debate su aplicación debido a la desconfianza ciudadana. En contraste, naciones como Bélgica han optado por un modelo híbrido entre centros con boletas físicas y casillas con urnas electrónicas, mientras que otras como los Emiratos Árabes Unidos y Estonia, principalmente, lideran la transformación digital del Estado en su conjunto —éste último, por ejemplo, desde que implementó el i-voting en 2005, permitiendo a su ciudadanía votar desde cualquier lugar del mundo.

 

La implementación de tal o cual sistema de votación continúa generando debate alrededor del mundo debido a que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El segundo capítulo del libro Desafíos contemporáneos de la función electoral mexicana: análisis y propuestas en el primer cuarto de siglo, publicado por la Editorial del TEPJF en 2025, trata exclusivamente el tema del voto electrónico y desarrolla puntualmente las ventajas y desventajas de cada sistema de votación:

 

1.    Votación tradicional

a.     Ventajas: la supervisión física durante la jornada asegura mayor control, lo cual se traduce en mayor integridad del proceso electoral, pues dificulta la manipulación de resultados a gran escala; es más accesible ya que no requiere conocimientos tecnológicos, y su familiarización puede implicar, en un primer momento, mayor confianza respecto a otros medios de votación.

b.    Desventajas: su proceso de conteo es el más lento y esto puede, en algunos contextos, generar mayor incertidumbre postelectoral; requiere más recursos físicos y humanos, lo cual suele aumentar el costo de las elecciones y complicar su organización, y es —por mucho— el método que genera más residuos.

 

2.    Votación mediante urna electrónica

a.     Ventajas: mantiene cierto grado de supervisión con respecto a la votación tradicional, debido a que la ciudadanía debe acudir a casillas; el uso de interfaces adaptativas facilita la votación para personas con ciertas discapacidades; sus resultados son más rápidos y precisos porque se reducen errores en el conteo, y es más ecológico al prescindir de grandes cantidades de papel.

b.    Desventajas: la integridad de los resultados precisa confianza por parte de la ciudadanía; el costo inicial de implementación puede ser alto, y, como todo sistema electrónico, no está exento de fallas técnicas.

 

3.    Votación por internet

a.     Ventajas: es el más práctico; permite a la ciudadanía votar desde cualquier lugar si hay acceso a internet; tiene el potencial de incrementar la participación electoral y, a la larga, puede ser el sistema más económico, pues disminuye la necesidad de establecimientos físicos, personal y material electoral.

b.    Desventajas: requiere una infraestructura de internet robusta y accesible para todos los votantes, así como de educación digital; de lo contrario, se corre el riesgo de excluir a segmentos de la población; es el sistema de votación con menor posibilidad de supervisión estatal, y sin un aparato integral de ciberseguridad, puede ser altamente susceptible a problemas de hacking y manipulación de votos.

 

Experiencia en México

Entidades federativas como Coahuila, Ciudad de México y Jalisco han utilizado urnas electrónicas en periodos no electorales y en algunas secciones durante procesos constitucionales. Para la elección de Jefatura de Gobierno de 2012 en la Ciudad de México, se implementó por primera ocasión Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) para residentes en el extranjero, pero fue impugnado por partidos políticos. El Tribunal Electoral local revocó los lineamientos, aunque la Sala Superior del TEPJF confirmó su validez en el SUP-JRC-306/2011, al considerar que no vulneraba las características del voto y cumplía con los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica.

 

Desde entonces, si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) como diversos institutos electorales locales han impulsado el uso de tecnología para lograr jornadas más seguras y procesos más ágiles, el voto electrónico por internet se ha mantenido como una facultad exclusiva para la ciudadanía en el extranjero. Será en el proceso electoral local 2025-2026 de Coahuila, cuando se lleve a cabo una prueba piloto del Voto Anticipado por internet, dirigida a personas con discapacidad y personas cuidadoras primarias.

 

La implementación de esta alternativa fue posible gracias a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF (SUP-JDC-0639/2024), la cual atendió la petición de madres y cuidadoras primarias de personas con discapacidad, quienes solicitaron votar a través del SIVEI, a fin de garantizar tanto sus derechos político-electorales —en calidad de cuidadoras primarias— como los de sus hijos y de todas las personas con discapacidad que no pueden acudir a una casilla el día de la votación.

 

Opinión pública

En cuanto a la opinión pública en México, ésta muestra una tendencia positiva hacia la implementación del voto electrónico, sustentada tanto en ejercicios ciudadanos como en mediciones institucionales y privadas. Un caso interesante es la consulta de presupuesto participativo 2021-2022 de la Ciudad de México, donde el 70% de las personas registradas votó de esta forma, demostrando un alto nivel de confianza en la participación electrónica.

 

Retos y factibilidad

A pesar de contar con un alto índice de aprobación, la implementación del voto electrónico por internet en México enfrenta retos importantes: acceso a internet generalizado, legislación específica, familiarización gradual y, sobre todo, consenso entre todos los actores políticos.

 

Desde una perspectiva práctica, los avances en ciberseguridad, la encriptación de datos y el reconocimiento biométrico ofrecen mayor certeza de que el voto electrónico será libre y secreto. Aunque la inversión inicial es elevada, a mediano plazo se reducirían costos al disminuir el personal para el conteo, los traslados de paquetes electorales y la impresión de boletas. De acuerdo con Robert Krimmer, catedrático de Gobierno Electrónico en la Universidad de Tartu, Estonia, la votación por internet cuesta aproximadamente la mitad que otros canales de votación, e incluso hasta una décima parte del costo de votación en los centros de votación regulares (INE, Foro Voto Electrónico).

 

Por mencionar algunos números recientes: en la elección judicial de 2025, el gasto en impresión de boletas ascendió aproximadamente a 775 millones de pesos para 602 millones de boletas (INE, datos oficiales), con una participación de alrededor del 13 % de los casi 100 millones de electores habilitados. Esto implicó un costo aproximado de 586 pesos por voto emitido y la destrucción posterior de la mayoría de las boletas, generando un desperdicio significativo de recursos (alrededor de 672 millones de pesos perdidos, según reportes). En este contexto, la implementación del voto electrónico podría —cuando menos— reducir a la mitad el costo de un proceso electoral, el Poder Legislativo debería evaluar la emisión del sufragio por internet como una forma de perfeccionar el sistema para generar ahorros sustanciales en esta materia.

 

Es más, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2020, México supera los 126 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 66.5 % está en edad de votar. Datos más recientes indican que hay 98.6 millones de usuarios de telefonía celular y 100.2 millones de personas con acceso a internet; es decir, 83.1 % de la población igual o mayor a 6 años (ENDUTIH 2024). Además, se estima que unos 80 millones usan banca por internet (asociaciones del sector, 2024), lo cual muestra que la mayoría de la población cuenta con los medios necesarios para ejercer el voto electrónico por internet.

 

Conclusión

Si bien requeriría una fuerte inversión inicial en infraestructura y un sistema de ciberseguridad robusto que garantice la integridad de las elecciones, la implementación del voto electrónico por internet preservaría las características esenciales del sufragio[1]. Además, la experiencia internacional ha demostrado que el voto electrónico por internet no solamente eficientiza los procesos involucrados en la captación, escrutinio y cómputo del ejercicio electoral, sino que, con el tiempo, también aumenta la confianza y la participación ciudadana.

 

México, se ha visto, cuenta tanto con la confianza ciudadana como con las condiciones sociodemográficas de acceso a internet como para cavilar una gradual ampliación del derecho al voto electrónico vía internet. Iniciativas del INE y resoluciones del TEPJF han comenzado una modernización progresiva del sistema electoral mexicano en este sentido. No puede ser distinto: la confianza en los procesos electorales debe mantenerse a toda costa, y solamente ocurrirá si el proceso de familiarización con un nuevo modelo de votación es gradual y paulatino.

 

 


[1] Universal (solo para ciudadanos con derechos), secreto (privacidad en la identificación y encriptación de la información) y directo (emitido por el propio votante desde cualquier dispositivo).


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José Antonio Gómez Díaz

Estudios.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

 

Actividad profesional.

En el ámbito privado, se ha desempeñado como trainesss y asociado junior en el Despacho Delfino Jiménez Vera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En la función pública se ha desempeñado como encargado de la Oficialía de Partes y Archivo; actuario; y secretario Auxiliar en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

También laboró como secretario auxiliar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente funge como secretario de apoyo en la Sala Regional Ciudad de México del propio Tribunal Electoral.

Redes sociales.

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