El artero asesinato de la candidata de Morena a alcaldesa de Celaya pone de manifiesto varios problemas. El primero, la ausencia de algo que merezca el nombre de “estrategia” para la protección de los candidatos a cargos de elección popular. Para muchos de ellos y ellas hacer campaña es como jugar a la ruleta rusa.

El documento que contiene la supuesta “estrategia, elaborado en la Secretaría de Seguridad federal (SSPC), avalado por la presidenta del INE, es una vergüenza. Así lo calificaron tres conocedores del tema, a los que convocamos para analizarlo unas horas antes del inicio de las campañas. (Voz y Voto, abril, 2024). En ese documento se afirma que “no se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de las Candidatas y candidatos (sic)”

El crimen en Celaya muestra otro grave problema: la descoordinación entre las autoridades electorales, las de seguridad pública, y entre todas ellas. Entre el INE y los OPLES no parece haber coordinación para el tema. Entre las autoridades de seguridad, federales y locales, priva la desconfianza, o el conflicto. Confiar a la SEDENA la protección de las candidatas a la presidencia fue una decisión del tipo “es que no hay de otra”. Agreguemos a lo anterior que no inteligencia civil para este fin, y los militares no están entrenados para esas tareas. Se sabe que el INE tiene un “mapa de riesgos” que está encerrado en una caja fuerte. “Eso no nos toca”, dicen los consejeros.

La secuencia de trámites burocráticos que antecedieron al asesinato de Gisela Gaytán da cuenta del problema de coordinación entre autoridades para fines de la protección a candidatos. Es cierto que esa tarea no es electoral, es de seguridad pública, pero entonces la tramitología fue un error monumental.

El 8 de marzo de 2024 el secretario general de Morena en Guanajuato solicitó al INE intervenir “ante la Mesa de Seguridad Interinstitucional, que coordina la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez,  Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a afecto de que las fuerzas de seguridad incluyendo SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional proporcionen elementos de y medios suficientes e idóneos para salvaguarden (sic) la integridad física de las siguientes personas postuladas a cargos de elección popular.” En la lista de esas personas se incluyó a la hoy occisa.

El 10 de marzo la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE turnó a la presidencia del Instituto Electoral de Guanajuato (IEEG) la solicitud antes referida. De acuerdo al documento de “Estrategia” (SSPC/INE), la protección a candidatos locales, salvo para gobernador, corresponde a las autoridades de ese ámbito y debe solicitarse ante los OPLES.  

El 12 de marzo la consejera presidenta del IEEG envió oficio al secretario general de Morena en Guanajuato, para informarle que la solicitud de protección a candidatos locales debería presentarse una vez que iniciara el periodo de registro legal de los mismos. Al parecer la solicitud de protección no fue ratificada por Morena ante el IEEG.

Desde marzo pasado la SEDENA otorga protección a la candidata de Morena a gobernadora de Guanajuato y a uno de sus candidatos al Senado, pero no a los demás candidatos. No le toca. En esa división de tareas, lo que no funciona es el supuesto modelo de protección a candidatos, que deja a los de ámbito municipal, que son los más vulnerables, a merced de la voluntad y capacidades de autoridades locales de seguridad que carecen de recursos y capacidades para dar esa protección.

Culpar a la autoridad electoral local de lo ocurrido es un despropósito. Como lo es ver la paja en Guanajuato sin ver la viga nacional. La inseguridad es un tema de Estado, con mayúscula. Lo que revelan los documentos dados a conocer por el dirigente nacional de Morena es la descoordinación que existe entre las autoridades de seguridad, federal y locales y la evidente inutilidad del esquema avalado por el INE.

En las mesas interinstitucionales de seguridad, tanto en la federal como en las que existen en las 32 entidades federativas, no están los partidos políticos. Nadie del INE propuso que se les invitara. Ignoro si en las estatales se invitó a los vocales ejecutivos locales del INE y a los presidentes de los institutos electorales locales. Quizá esas ausencias explican la burocrática respuesta: “A mí no me toca”.

¿A quién le toca?

Sígueme en www.vozyvoto.com.mx