El 30 de abril concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXVI legislatura federal. En un primer balance, lo destacable es la transformación del Poder Legislativo de la Unión en un no Poder. La construcción del nuevo régimen político que Morena pregona tiene dos de sus pilares en la subordinación del Legislativo y el Judicial a los designios del Ejecutivo.

Nunca vimos una forma tan abierta de controlar y humillar a la legislatura federal, y a las locales bajo dominio del oficialismo, como la observada desde septiembre de 2024. En democracia la mayoría tiene el derecho a decidir, pero no a pasar por encima de las minorías, a ignorarlas y apabullarlas, ni tampoco a desfigurar el marco institucional de la República, para moldearlo -a troche y moche- conforme sus visiones y ocurrencias. 

Queda por ver si antes de terminar agosto de este año tiene lugar el periodo extraordinario de sesiones que ofreció la presidenta de México, después de frenar la aprobación de su propia iniciativa de Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, podemos dar por concluido el primer año de ejercicio de la presente legislatura. 

En siete meses el órgano reformador de la Constitución, convertido en ventanilla de trámites de la Presidencia de México, aprobó casi todas las reformas iniciadas en febrero de 2024 por el expresidente López Obrador. Solo faltó la relativa al sistema electoral, de la que Claudia Sheinbaum rescató la prohibición de reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales y al nepotismo, aunque en el forcejeo con su partido, la presidenta tuvo que admitir que se aplique hasta las elecciones de 2030. 

Quien compare los textos de la Constitución vigente al 30 de agosto de 2024 con la del 30 de abril de 2025 podrá constatar la obra destructiva de los dos Ejecutivos emanados de la 4T. Es cierto que, desde su promulgación, la Carta Magna de 1917 había sufrido cientos de cambios, algunos aberrantes, pero no con la velocidad, atropello y descuido que impone la 4T. 

Subordinado el Poder Legislativo, desaparecido el Poder Judicial, todo el Poder se concentra en la titular del Poder Ejecutivo. Tres poderes y un solo poder verdadero. Es como en el dogma católico de la Trinidad Sin las formalidades de una reforma constitucional, en México la división de poderes ha sido abrogada. En efecto, hoy, la realidad es que el “Supremo Poder de la Federación” se concentra para su ejercicio en la titular del Poder Ejecutivo, que reúne en su persona los poderes Legislativo y Judicial. El primero bajo su control directo. El segundo por desaparecer. Eso, aquí y en China, se llama autoritarismo

Estamos pasando de una democracia en construcción a un nuevo régimen, de naturaleza autoritaria, disfrazado con ropaje electoral. La mayoría calificada que, violando la Constitución, el INE y el TEPJF entregaron al oficialismo, está siendo usada para demoler, o someter a control, a las instituciones de la República, incluyendo las electorales. Los pesos y contrapesos, los equilibrios y controles, para evitar los excesos y abusos del Poder Ejecutivo, asegurar la constitucionalidad de los actos de ese Poder y del Legislativo, a través de un Poder Judicial independiente, han sido eliminados, de jure o de facto. Eso se llama autoritarismo.

El Estado mexicano deja de tener la estructura de uno democrático constitucional, para ser transformado en una maquinaria autoritaria, sin más frenos y límites que los que la presidenta se auto aplica, para contener sus deseos y caprichos, o los de sus huestes. No es una regresión. Se trata de la destrucción de la democracia que -aún con sus imperfecciones y faltantes- construimos durante el último medio siglo. La 4T está edificando un nuevo régimen político, al que, por su estructura centralizada y operación arbitraria, cabe considerar autoritario. 

El objetivo último de las reformas que han sido aprobadas por la inconstitucional mayoría de la 4T es la permanencia en el poder del Partido Morena (PM). Si para ese fin requieren destruir lo que queda del sistema electoral y sus instituciones, lo harán. Desde diciembre de 2023 la 4T tiene a su servicio a los 3 magistrados que forman mayoría en la Sala Superior del TEPJF; acaba de apoderarse de los tribunales electorales locales y el año que entra tomará la mayoría calificada en el Consejo General del INE.

La 4T no va a suprimir las elecciones. Pero hará de ellas una farsa, una simulación. Como la que está en curso para imponer a los ministros, magistrados y jueces que decida el oficialismo. El huevo de la serpiente asoma en las propuestas de cambio constitucional que la presidenta impulsó recientemente, como la CURP biométrica y el control de los medios de comunicación, incluyendo las otrora “benditas” redes sociales. 

No todos los autoritarismos derivaron en tiranía, pero ésta casi siempre inició con lo primero. Hay regímenes autoritarios que mantienen las libertades formales y se revisten con el oropel de una constitucionalidad a modo, que en México la 4T se otorga a sí misma. Esa historia la vimos en Alemania e Italia en los años 30 del siglo pasado. A diferencia del PRM, que como partido hegemónico surgió de la Revolución Mexicana, Morena fincó su dominio -que no hegemonía- en un fraude a la Constitución, a la que está desfigurando para alcanzar lo que antes soñó el Tercer Reich: quedarse mil años. Eso es autoritarismo. Luego vendrá la tiranía.

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