Por las acciones y omisiones de sus consejeros electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) llegó a su fin como ente público autónomo, independiente, respetable. No auguro que vaya a desaparecer de inmediato, aunque podría no llegar a las elecciones de 2030 con su estructura y nombre actuales. Lo que es previsible es que antes de 2027 la 4T concluirá su captura y lo pondrá, sin medias tintas, a su servicio, convirtiéndolo en la nueva Comisión Federal Electoral (CFE), similar a la que se extinguió en 1990.

La debacle del INE es responsabilidad primera de su actual presidenta, primera que llegó a ese cargo por virtud de una amañada tómbola, decidida desde Palacio Nacional como estratagema para colocar subordinados de la 4T en la presidencia del INE y, salvo excepción, en las consejerías que fueron renovadas en 2023.

Resulta inevitable la comparación entre lo que ha ocurrido en el INE, con motivo de la elección judicial, y lo que se vio en 1988 en las sesiones de la CFE posteriores a la jornada electoral. En aquel año los comisionados de las oposiciones denunciábamos, con pruebas y datos, el fraude para otorgar a Carlos Salinas la mayoría absoluta de la votación. Votación tras votación, los 15 comisionados el PRI, que hacían mayoría por sí mismos, rechazaron nuestras denuncias y validaron el fraude. Paradojas de la política mexicana, ya como presidente lo primero que hizo Salinas fue convocar a las oposiciones a negociar una reforma electoral, de la que surgió el IFE.

Excluidos los partidos, para la preparación de la elección judicial los consejeros del Consejo General del INE aprobaron un cúmulo de tropelías. Unas eran impuestas por la ley, pero otras fueron diseñadas para hacer posible una operación fraudulenta, sin interferencias ciudadanas en las casillas electorales, y para asegurar el control de buena parte del aparato operativo del INE. En menos de dos años la presidenta del INE y el grupo que le es afín se apoderaron del control de la Junta General Ejecutiva, impusieron a la titular de la secretaría ejecutiva y han propiciado un severo deterioro del servicio profesional electoral, desintegrando en paralelo las garantías para la limpieza del proceso electoral y la veracidad de sus resultados.  

La puntilla fue la votación sobre la validez de las elecciones judiciales. La catarata de pruebas del fraude electoral, cometido por el gobierno y su partido, fue ignorada por seis de los once  consejeros del Consejo General del INE. No exagero al decir que pusieron los clavos finales en el ataúd en que, más temprano que tarde, la 4T colocará al INE para darle sepultura. El INE será sustituido por el INEC, tal y como lo decidió en su “plan B” Andrés Manuel López Obrador.

Visto el cúmulo de violaciones graves a la ley, la propuesta del consejero Arturo Castillo, respaldada por 4 de sus colegas, no era anular la elección judicial, sino abstenerse de emir la declaratoria de validez de esta, a fin de turnar al TEPJF y a la SCJN las pruebas del fraude electoral, para que esas instancias, en sus respectivas competencias, resolvieran sobre la   validez o nulidad. El único efecto concreto que habría tenido la propuesta de Castillo, de haber sido aprobada, hubiera sido posponer la entrega de las constancias de mayoría a los “ganadores” de cada tipo de elección. Así las cosas, esperar que en la Sala Superior los 3 magistrados que hacen mayoría entren a revisar las pruebas del fraude, es pedir peras al olmo.

El miércoles 18 de junio se repitió la escena de los 6 votos a favor y 5 en contra de la declaratoria de validez de la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito de ámbito federal. Al momento de entregar este artículo, la sesión del Consejo General en que habrían de confirmarse los nombres de los electos ha sido pospuesta. La dirección jurídica del INE hizo trampa en favor de más de un elevado número de candidatos “electos” que no cumplen los requisitos constitucionales de elegibilidad.

La captura del INE tendrá una siguiente y definitiva estación en abril de 2026, cuando concluyen su encargo Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel. La inconstitucional mayoría calificada del oficialismo en San Lázaro decidirá sus relevos. No sorprenderá que se repita la tómbola que usaron en 2023, para así disfrazar la llegada de otros 3 incondicionales al servicio de la 4T, que habrán de sumarse a los 6 con que ya cuentan.

¿Qué sigue?

Por la norma del artículo 105 de la Constitución, si antes del proceso electoral de 2027 el oficialismo decide aprobar una reforma electoral, deberán promulgarla antes del 31 de mayo de 2026. Parece inevitable un ajuste normativo y de procedimientos, por el riesgo inminente de colapsar en 2027 la elección de diputados federales y las elecciones locales concurrentes, al encimarles la segunda parte de la judicial. No es lo mismo operar la movilización, acarreo e inducción del voto -mediante acordeones- para 10 millones de votantes, en un proceso sin vigilancia ciudadana, que hacerlo en una elección ordinaria intermedia, en la que además de la Cámara de Diputados, estarán en juego 17 gubernaturas y las presidencias municipales de la mayoría de las grandes ciudades.  

En su caso, la futura reforma nos dirá hasta donde está dispuesto a llegar el oficialismo para mantener en 2027 su inconstitucional mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

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