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FOMENTAR LA EDUCACIÓN CÍVICA DESDE UNA VISIÓN SOCIAL.

Ejercer las funciones en materia de educación cívica es una de las atribuciones que más claramente le otorga la Constitución Federal a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Tarea nada sencilla de ejercer por la dificultad que involucra la construcción de principios y valores democráticos en una sociedad tan heterogénea en su composición; a la que se suma la herencia de un pasado en el que, hasta hace poco más de treinta años, la democracia era solo una ilusión, una falacia en la que de antemano se conocía al ganador y el voto no valía; pero sobre todo, la existencia de una sociedad lacerada por la desigualdad social aún existente en nuestro País.

De las características que hemos señalado, en la segunda de ellas el avance y la consolidación institucional han alcanzado logros significativos. Esto es, gracias a la evolución de nuestro sistema electoral, y a la construcción paulatina de instituciones electorales verdaderamente autónomas tanto en el ámbito federal como el local, poco a poco se ha ido desterrando el recelo y desconfianza que nos heredó el pasado del siglo XX; pues hoy en día, se llevan a cabo procedimientos concretos para garantizar que el voto se emita en plena libertad, se proteja y cuente correctamente, y que la suma total de ellos refleje íntegramente la voluntad popular.

Al respecto, muy importante es señalar que estas garantías representan la esencia más trascedente de la democracia, porque no hay nada que refleje mejor a la democracia que la posibilidad de emitir un voto libre, porque el voto nos iguala a todas y todos. En el momento en que nos encontramos dentro de una mampara con una boleta en la mano y un crayón en la otra, las diferencias mundanas se eliminan, y el voto tiene el mismo valor independientemente de la condición económica, social, origen étnico, preferencia sexual, identidad de género o cualquier otra; en democracia, el voto de todas las personas cuenta por igual.

Lo anterior evidencia que, pese a las áreas de oportunidad que siempre puede tener, la democracia es el mejor modelo de convivencia que puede existir, porque en ella es posible encontrar soluciones pacíficas a las naturales diferencias de pensamientos y de opinión al tiempo que hace factible dotar de legitimidad a las y los representantes populares, así como a las y los gobernantes, pues éstos son el resultado exclusivo de la decisión ciudadana.

Bajo este esquema, resulta claro que las instituciones electorales hemos tenido grandes avances técnicos en materia de organización de elecciones, logrando implementar mecanismos claros, confiables y seguros para los procesos de votación; sin embargo, me parece que no hemos sabido traducir eficazmente estos avances en valores y prácticas que permitan fortalecer la educación cívica.

Cuestión que como instituciones debemos revertir y comenzar a innovar en la búsqueda de difundir estos valores y tratar de enraizarlos de manera que, progresivamente, se vuelvan parte inherente de nuestra sociedad, de tal forma que se pueda aquilatar en la justa medida la importancia de los principios democráticos para nuestra convivencia cotidiana.

Han pasado ya prácticamente nueve años desde que la reforma política electoral de 2014 dio vida a un nuevo esquema electoral en el que el INE y los OPLEs conviven mutuamente. En el caso del OPLE Veracruz, la organización exitosa de 4 elecciones ordinarias y 2 extraordinarias no solo ha significado una experiencia enriquecedora en materia de organización de elecciones; sino que también esta experiencia nos ha permitido conocer y reconocer, entre otras cosas,  la multiculturalidad de un estado cuya población indígena es de 13.6% respecto de su población total (equivalente a 1,101,306 personas), permitiéndonos identificar de mejor manera estos pueblos y comunidades, y desde luego reconocer no sólo su rica herencia milenaria, sino también la necesidad de ofrecer una perspectiva inclusiva para estos grupos, que no sólo debe limitarse a la emisión de acciones afirmativas, sino también de tareas y actividades que permitan que sean incluidos en la vida democrática cotidiana, en el fomento de los valores y principios democráticos, para generar mejores condiciones de igualdad real y de participación.

A la par de ello, nuestras actividades también nos han permitido conocer a mayor detalle la realidad económica y social de nuestro estado, una realidad que duele decirla, porque es lacerante. Para el año 2020, de acuerdo con los datos del CONEVAL, Veracruz ocupaba el sexto lugar con mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza del país, ya que el 58.6% de su población se encontraba en esta condición. Y peor aún, en los estándares de medición de pobreza extrema, Veracruz ocupa un lastimoso cuarto lugar a nivel nacional, pues el 13.9% de la población vive en estas condiciones. Sumado a lo anterior, la experiencia del OPLE Veracruz nos ha permitido ir registrando las estadísticas de los procesos electorales, y por tanto también conocemos cuáles son los lugares con mayor, regular, y menor participación en las elecciones, que resulta también un parámetro trascendente para la educación cívica.

¿Y por qué resulta tan importante tener en cuenta esta realidad para nuestras actividades de educación cívica? o ¿Qué tiene que ver esto con la educación cívica?

Porque, pese a que tenemos certeza de que las desigualdades sociales no son consecuencia de la democracia, sino de quienes han distorsionado la democracia; las instituciones electorales debemos asumir un compromiso para hacer que la educación cívica se fomente y se cultive en todos los rincones de nuestras entidades, y no solo en las cabeceras distritales y en las ciudades más grandes. En una introspectiva honesta, me parece que debemos cambiar ese chip que tenemos en donde los eventos y programas los hacemos siempre en los mismos lugares y con las mismas personas.

Es así que, a partir de 2023, en el OPLE Veracruz estamos tratando de implementar un sistema innovador que nos permita focalizar los esfuerzos de acuerdo a ciertos objetivos. Para ello, se está llevando a cabo un programa de elecciones escolares, pero bajo un esquema segmentado por ciertas características en la búsqueda de objetivos claros.

Lo primero ha sido dividir al Estado en cinco regiones, cada región compuesta por un número similar de distritos electorales. Y en cada una de esas regiones la meta es celebrar cuatro elecciones escolares: una de nivel primaria, una de nivel secundaria, una de nivel preparatoria, y una más de nivel superior. Pero cada una de estas escuelas debe elegirse bajo un criterio.

Respecto de las elecciones a nivel primaria, en cada una de las cinco zonas se debe elegir una primaria de un municipio considerado indígena, es decir, que más del cincuenta por ciento de su población sea originaria. La idea es que, mediante las elecciones escolares, se pueda incentivar en este grupo poblacional los valores democráticos, con una finalidad no sólo de inclusión, sino también de una visión a largo plazo para que las generaciones futuras, que son quienes tendrán el deber de conservar la democracia, comiencen a adentrarse en ella, de tal manera que en el mediano y corto plazo formen cada vez más parte de los espacios de toma de decisiones.  

Referente a las elecciones a nivel secundaria, las escuelas deben pertenecer a los municipios con mayores niveles de pobreza de cada zona; este criterio se adoptó, por el hecho de que la deserción escolar, que mucha relación guarda con las carencias para seguir estudiando, precisamente comienza en este nivel educativo. Por ello lo que se busca es que, aun cuando haya el riesgo de que las y los alumnos abandonen la escuela que es una fuente de valores, hayan conocido mediante este ejercicio las bondades y virtudes de la democracia.

Por cuanto hace a las elecciones en el nivel medio superior y superior, las escuelas deben pertenecer a aquellos municipios con menor porcentaje de participación en relación con la última elección de ayuntamientos. Con la idea precisamente de enfrentar al abstencionismo e incentivar a las y los jóvenes que están próximos a alcanzar los 18 años, o que ya los tienen, para que participen en las elecciones de sus gobernantes y representantes.

Por supuesto, estamos ciertos que es un programa piloto al que todavía falta madurar, pero desde nuestra perspectiva se traduce en un nuevo punto de partida en la búsqueda de nuevas dinámicas de fomento a la educación cívica, pero sobre todo en la que existan objetivos claros, concretos y focalizados.

Desde luego, hay que decirlo, todo ejercicio destinado a construir ciudadanía será siempre insuficiente, porque la democracia es una tarea cotidiana y permanente; no obstante, consideramos que, de sostenerse este esquema y ampliarse en el futuro cercano, puede arrojar buenos frutos en materia de educación cívica y, por tanto, en la consolidación democrática como una forma real de vida, como una costumbre cotidiana que impacte positivamente en nuestra sociedad.  


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Roberto López Pérez

CONSEJERO ELECTORAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

En el ámbito académico, es Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, en donde también curso la Maestría en Derecho con área de especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, así como el Doctorado en Derecho Público. Asimismo, cuenta con la especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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