La remoción del titular de la Fiscalía General de la República, y la designación de la nueva fiscal, dan cuenta del efecto destructivo que sobre la democracia mexicana ha tenido, y seguirá teniendo, la inconstitucional sobrerrepresentación que el INE y el TEPJF otorgaron al Partido Morena y sus dos aliados en la Cámara de Diputados, que se complementó con la captura de la mayoría calificada que, a golpe de chantajes y sobornos, obtuvieron en la de Senadores, y después con la “elección” de jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales, federal y locales.

La demolición de los cimientos de nuestra endeble democracia empezó en 2019. El ataque verbal fue lo primero, luego vino el asalto a los órganos directivos de los organismos autónomos. A partir de ese año los comisionados o consejeros en funciones fueron criticados, en ocasiones a grado de calumnia, desde la conferencia mañanera. Cada renovación de esos funcionarios fue aprovechada para incrustar incondicionales al servicio del presidente. La regla para designar a los nuevos quedó implantada: 90% de lealtad. Lo demás no importa.

El primer caso fue la CNDH, cuya titular, reelecta de igual o peor manera que en su designación primera, se ha encargado de convertir a esa Comisión en una piedra tan pesada como inservible. Las comisiones reguladoras del sector energético fueron también tomadas por dentro, luego las desaparecieron. En el INE, dos renovaciones de consejeros fueron aprovechadas para operar como caballo de Troya, colocando consejeros y presidenta subordinados, que han puesto una mayoría de incondicionales al frente de las direcciones ejecutivas y liquidaron la colegialidad en la toma de decisiones y nombramientos.

En la Sala Superior del TEPJF, la deliberada omisión de la mayoría oficialista en el Senado para cubrir las vacantes de dos magistrados abrió el camino para que tres de los cinco que quedaron asaltaran la presidencia del Tribunal y lo pusieran al servicio del gobierno. Sentencia tras sentencia, la justicia electoral fue aniquilada. La “elección” de dos nuevos magistrados no parece haber cambiado en nada esa situación. El oficialismo tiene asegurado, sin fecha de término, el control casi total del Tribunal Electoral   

El INAI fue primero anulado y luego cerrado. Los excesos y abusos de algunos de sus comisionados provocaron en la opinión pública desencanto y alejamiento. Nos quedamos sin transparencia, sin acceso a la información pública y sin protección de datos personales. El IFT desapareció del mapa público, sus facultades fueron concentradas en las manos del titular de la Agencia Digital, que además se asignó las que tenía la desaparecida Comisión de Mejora Regulatoria, y muchas otras que invaden competencias de varias secretarias y organismos. La COFECE cerró y el CONEVAL fue liquidado.

En 7 años el mapa del Estado mexicano ha sido modificado radicalmente. Los 3 poderes de la Unión se transfiguraron en uno. Los organismos autónomos han desaparecido. El poder fue concentrado en el Ejecutivo, que lo ejerce sin rendir cuentas a casi nadie.  

Recordemos que, en democracia, la división y equilibrio entre los poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) es parte del entramado institucional que asegura la vigencia de la ley, es decir el respeto a los derechos y garantías de las personas y los ciudadanos. Es lo que llaman los juristas “Estado constitucional de derecho”.

Liquidados casi todos los organismos autónomos, borrados de la faz del territorio el federalismo y la autonomía municipal, sometidos al control presidencial los otros dos poderes de la República, le llegó su turno a la Fiscalía General de la República y a su titular, designado con bombo y platillo en 2019 por López Obrador, una vez que su antecesor fracasó en el intento de dejar un “fiscal carnal”.

Ignoramos los motivos para la remoción presidencial del titular de la FGR. Una carta entregada “por el Senado” a la presidenta de México fue la señal para operar la trompicada remoción. Esa carta, anunciada por la presidenta, ha sido ocultada por ella misma. Lo demás son especulaciones y rumores. Sabemos que, al enviarlo de embajador, la titular del Ejecutivo generó la supuesta “causa grave” por la que el Senado aprobó el “retiro”, interpretado como “renuncia”. Un galimatías y un desprecio total por la ley.

Ayer, miércoles 3, con una pequeña ayuda de algunos amigos, en el Senado ungieron, entre aplausos y porras, como nueva Fiscal a la senadora con licencia, hasta pocas horas antes consejera jurídica de la presidencia, habilitada por el hoy ex fiscal como encargada del despacho de la FGR. No fue como en los años de la presidencia imperial. Es mucho peor.

Ejercida durante siete años al gusto e interés del inquilino de Palacio Nacional, o para atender los intereses personales del antier removido, la autonomía de la FGR ha quedado sepultada bajo el peso del poder presidencial. Solo les falta borrarla de la Constitución.

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