Más tardó la presidenta del INE en exponer ante Pablo Gómez su pretendida defensa de los organismos públicos locales electorales (OPLES) que la presidenta de la República en descalificarla. En su conferencia mañanera del pasado martes 16 la mandataria expresó lo siguiente:

“Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final, es recurso público. Y entonces, hay que ver realmente las funciones de las OPLES, o sea, lo que eran o lo que son los Institutos Electorales Estatales, y las funciones del INE. Porque el INE, desde la última reforma electoral, tiene como atribución la organización y la supervisión fiscal; o no fiscal, sino la supervisión de lo fiscal solamente el SAT. Pero la utilización de los recursos públicos y privados para el uso de campañas, eso ya lo tiene el INE, ya no lo tienen los organismos estatales. Y ayudan en algunos temas, pero realmente —desde mi perspectiva— se duplican mucho las funciones. Pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y, a partir de ahí, presentar una propuesta general.”

Al parecer la visión de la presidenta de México está moldeada por el costo presupuestal de los procesos electorales, a los que ve como meros trámites burocráticos. Desaparecer los OPLES, como ella ha sugerido, no es para mejorar el sistema electoral y garantizar elecciones libres y resultas apegados a la voluntad ciudadana. Es, en la óptica presidencial, para reducir burocracia y gastos.

Bajo la misma óptica, que a nadie extrañe si en la próxima reforma electoral se incluye el voto por internet en territorio nacional. Así no habrá que gastar en capacitar ciudadanos, instalar casillas, imprimir boletas, fabricar urnas, y todo lo demás. El primer paso en esa dirección ya ha sido dado, es la CURP biométrica. El segundo paso en ese pantanoso terreno podría ser la elección judicial del 2027.

En la contrahecha reforma electoral de 2014 el IFE fue transformado en INE. De un sistema electoral federal pasamos a uno parcialmente centralizado en el que la autoridad nacional se encima y sobrepone a las autoridades locales. Asiste razón a la presidenta de México: hay duplicidad de atribuciones y tareas, lo que provoca gastos tan excesivos como injustificados. Los autores de aquella reforma afirmaron que crear el INE produciría un importante ahorro de recursos públicos. Ocurrió exactamente lo contrario.

Desaparecer los OPLES y llevar la centralización al extremo de que sea el INE quien organice y desarrolle todos los procesos electorales, ordinarios y judiciales, así como las diversas consultas a los ciudadanos, incluida la de revocación de mandato, no producirá ahorro alguno, ni en personal ni en gastos. Por lo contrario, como ocurrió a partir de 2015, habrá mayores gastos ya que tanto el personal como los procesos para organizar y realizar los comicios serán realizados con los modelos y personal pagado conforme al tabulador de sueldos del INE, que es muy superior al que existe en los OPLES.

La visión de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, sobre los OPLES es similar a la del propietario de un negocio con casa matriz y sucursales bajo el mando y tutela del dueño. La sumisión ante la 4T contrasta con el trato despótico hacia los presidentes de los institutos locales. Olvida que esos institutos son tan autónomos como el INE, no sucursales en los que ordena y manda.

Las dos presidentas carecen de una propuesta democrática y federalista para que en el sistema electoral se preserve la integridad, sin excesos burocráticos ni despilfarro de recursos. El enigma, que pronto habrá de despejarse, es si la próxima reforma será para fortalecer la autonomía e independencia de las autoridades electorales, reduciendo cargas burocráticas y presupuestales, o pretexto para culminar el asalto y subordinarlas al objetivo de perpetuar a la 4T en el poder, a cualquier costo.  

En perspectiva democrática, es necesario un nuevo diseño del INE, para volver a lo básico, que es la garantía del voto libre y secreto. Hay que revisar a detalle la estructura orgánica del INE, para suprimir direcciones y áreas superfluas, algunas creadas por el reparto de posiciones y recursos entre los consejeros. No hay que sumar más facultades y tareas al INE. Con las elecciones de los 3 poderes de la Unión y las posibles consultas ciudadanas tiene más que suficiente.  

Regresar al federalismo electoral es una vía para desmontar la pirámide llamada INE, lo que empieza por regresar a los 32 institutos electorales de las entidades federativas las facultades que les fueron arrebatas en 2014. Las elecciones locales deben ser responsabilidad de autoridades estatales, manteniendo tres ámbitos de coordinación nacional: el padrón electoral, la credencial para votar y la casilla única. Las reglas para esa coordinación deben estar en la ley, no en reglamentos del INE. En consecuencia, los 32 tribunales electorales locales deberán permanecer, asegurando su independencia.

Respecto de la justicia electoral, homologar el estatus constitucional de los tribunales debería ser parte de la reforma que viene. O están adscritos a los poderes judiciales, o son organismos públicos autónomos. La mixtura ha resultado letal. Hay un tema de previo y especial pronunciamiento: la actual integración de la Sala Superior, y la que a partir de abril del próximo año tendrá el Consejo General del INE, subordinan ambos organismos a los dictados de la 4T.  No hay integridad electoral con autoridades capturadas por el gobierno y su partido. Por ahí habrá que empezar.

Posdata: A quienes me leen y siguen: ¡Felicidades por las fiestas decembrinas y mis mejores deseos para un mejor año 2026! Nos volvemos a encontrar el 8 de enero próximo.

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