A medida que se acerca el día de la jornada electoral, se incrementan las referencias, análisis, conversaciones, comentarios y polémicas en torno al poder judicial que vendrá como consecuencia de un cambio tan radical, como es la elección de personas juzgadoras.

La renovación del poder judicial, tanto en el ámbito federal como en la mayoría de las entidades federativas, iniciará con grandes retos, pero será labor de la sociedad en su conjunto estar atenta y activa para realizar una valoración de los resultados de un proceso inédito y cuyos alcances podremos analizar cuando inicien sus labores las personas juzgadoras electas.

Así, la ciudadanía no debe conformarse con acudir a expresar su sufragio. Así como tampoco debe dejar de lado el tema hasta el día en que requiere hacer uso de los servicios de administración de justicia. Por el contrario, deberá estar atenta a la actuación de estos servidores públicos.

Del mismo modo, las asociaciones civiles involucradas en temas de justicia, al igual que las organizaciones que agrupan a profesionales, además de las instituciones académicas y de estudios superiores, deberán dar un seguimiento a los resultados de un proceso tan trascendente, no solo en los casos que acaparan la atención de medios de comunicación y actores políticos, sino también en aquellos que son los más cercanos a la población, y que en muchas ocasiones, no sólo dejan insatisfechos a quienes esperan que haya justicia en sus asuntos o que de forma lamentable terminan en una nota policiaca en los noticieros, como sobran ejemplos en la cotidianidad.

Aún mayor responsabilidad tendrá el poder ejecutivo y en particular el poder legislativo. Es claro que alcanzar una administración de justicia digna en un país como el nuestro no se consigue con todos los cambios que están en marcha. Se requiere que también haya cambios en las otras instancias que intervienen a fin de brindar justicia a la población -las fiscalías y a las policías-. Es ahí donde se requiere una severa revisión del marco normativo aplicable, así como de las personas desempeñan tales funciones.

Asimismo, no sólo a partir de los resultados de la elección del poder judicial, sino de todo lo que se ha venido presentando desde la reforma constitucional, los acuerdos que ha dictado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha puesto en evidencia que existen diversas áreas de oportunidad que deben ser atendidas en forma puntual y sin dilación, pues en 2027 vendrá una elección de personas juzgadoras, que será concurrente con la elección de diputaciones del Congreso de la Unión, sin olvidarnos de los diversos cargos en las entidades federativas.

Las modificaciones, reformas y adiciones que se requieren en la normativa que regula la elección de personas juzgadoras será tarea del poder legislativo. Como ya ha sucedido en diversas ocasiones, los criterios del tribunal electoral del poder judicial de la federación podrían convertirse en disposiciones legales.

No obstante, para ello es indispensable una actitud crítica e identificar qué es lo que se necesita cambiar, y reconocer que se presentaron errores, deficiencias e insuficiencias, que, por mínimas que sean, necesitan atención y no una actitud autocomplaciente.