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¿Quién quiere partidos digitales?

De 2015 a 2025, la proporción de personas que usa internet en México pasó de 57 % a 86 %, y hoy, nueve de cada diez internautas utilizan redes sociales. La política mexicana, sin embargo, había comenzado a experimentar con ese espacio mucho antes. Durante la campaña presidencial de 2000, Amigos de Fox, uno de los primeros casos documentados a escala nacional, utilizó internet para organizar simpatizantes mediante páginas, cadenas de contacto y una red cibernética que llegó a enlazar a unos cien mil integrantes.

En aquellos años, internet servía principalmente para comunicar y movilizar. Con el tiempo empezó a usarse en procedimientos internos de los partidos y, con ello, cambió también el alcance de su uso. En 2019, Fuerza REDmx consultó al INE si podía celebrar en línea las asambleas necesarias para constituirse como partido. Durante la pandemia, Morena permitió, con efectos formales, sesiones virtuales de su Comité Ejecutivo Nacional. Rumbo a 2027, la discusión alcanza ya la selección de candidaturas. Después de celebrar 205 asambleas distritales y una Asamblea Nacional Constitutiva para obtener su registro, SOMOS ha planteado realizar elecciones primarias abiertas mediante mecanismos electrónicos.

Si una asamblea, una consulta o incluso la selección de candidaturas puede trasladarse parcialmente a una pantalla, importa saber quién quiere participar y bajo qué condiciones acepta hacerlo. ¿Quién está dispuesto a entrar en esos espacios y quién acepta que los partidos incorporen inteligencia artificial y otras tecnologías a su vida interna? Para responder, utilizamos el Estudio de Hábitos del Internauta 2026, aplicado a 1200 usuarios de internet en México. Entre otras cosas, la encuesta pregunta por el interés en participar en una asamblea virtual sobre un asunto que afecta directamente a la persona, y por el grado de uso que hagan los partidos de tecnologías emergentes para escuchar opiniones, facilitar la participación y acercarse a la ciudadanía.

En la encuesta, el 40 % de las personas manifiesta mucho o bastante interés en participar en una asamblea virtual, mientras que 36.9 % está de acuerdo o muy de acuerdo con que los partidos utilicen dichas tecnologías. Una cuarta parte está de acuerdo con ambas respuestas y otro 15 % quiere participar, aunque se mantiene neutral o en desacuerdo frente a su uso partidista. 

 

1. La disposición a participar

 

Los porcentajes agregados ya apuntan a una relación entre el interés por participar y el respaldo a que los partidos utilicen estas tecnologías. A medida que aumenta el primero, crece también el segundo. Para comprobar si la relación se mantiene al considerar otras diferencias entre las personas entrevistadas, estimamos un modelo estadístico que toma en cuenta edad, género, nivel socioeconómico, región, hábitos digitales, experiencia con chatbots y opiniones sobre la IA. Después de ese ajuste, la probabilidad estimada de apoyar su uso por los partidos pasa de 17 % entre quienes expresan interés nulo a 26 % en el nivel moderado; luego sube a 52 % entre quienes declaran mucho interés y alcanza 66 % entre quienes manifiestan bastante interés (ver la figura 1).


Con interés nulo, el desacuerdo concentra 54 % de la probabilidad estimada, mientras que en el nivel moderado la neutralidad ocupa el primer lugar, con 49 %. Cuando el interés alcanza su nivel más alto, en cambio, el apoyo se vuelve la respuesta predominante. Así, conforme aumenta la disposición a participar, cambia también la distribución completa de las respuestas; además, la relación se mantiene cuando el modelo se estima de distintas maneras.

El uso de estas tecnologías por los partidos encuentra mayor receptividad entre quienes ya muestran más disposición a participar, aunque el análisis no permite saber si los mismos mecanismos conseguirían atraer a personas con poco o ningún interés previo. En ese sentido, si la digitalización partidista aspira a ampliar la participación, habrá que observar también qué ocurre entre quienes hoy muestran menor disposición a entrar en esos espacios.

 

2. Experiencia con chatbots

 

El respaldo cambia también con la experiencia concreta con chatbots. Al aplicar el mismo criterio de ajuste utilizado para la figura 1, la probabilidad de respaldar el uso de estas tecnologías por los partidos es de 28 % entre quienes nunca han utilizado uno y tampoco tienen interés en hacerlo; sube a 33 % entre quienes quisieran probarlos y a 38 % entre quienes ya los han utilizado alguna vez. Cuando el uso es frecuente, en cambio, alcanza 51 %, de modo que entre los dos extremos hay una diferencia de alrededor de veintidós puntos porcentuales (ver figura 2). 


La diferencia es mucho mayor cuando se observa la experiencia concreta con chatbots que cuando se distingue simplemente entre usuarios y no usuarios de inteligencia artificial. En los porcentajes observados, 47.5 % de quienes dicen usar alguna aplicación de IA respalda su incorporación por los partidos, frente a 27.1 % entre quienes no las utilizan; sin embargo, esa distancia se reduce considerablemente al tomar en cuenta la experiencia con chatbots y la disposición a participar. Algo parecido ocurre con las opiniones sobre la IA y las decisiones humanas, pues las diferencias iniciales también se estrechan al comparar perfiles semejantes. Para esta pregunta política, el contacto con herramientas interactivas aporta más información que declararse usuario de IA o expresar una valoración general sobre ella.

 

3. Un perfil social menos simple

 

Entre los hombres, 42.9 % respalda que los partidos utilicen estas tecnologías, frente a 30.1 % entre las mujeres. A primera vista, la diferencia parece amplia; al comparar personas con experiencias y disposiciones semejantes, sin embargo, las probabilidades estimadas se acercan a 38.2 % y 35.4 %. Con la edad ocurre algo distinto, pues no aparece una relación lineal clara. La idea de que la digitalización de la vida partidista atrae especialmente a los más jóvenes encuentra, por ello, poco respaldo en estos datos. 

La distancia por nivel socioeconómico es mayor en los porcentajes observados. El respaldo alcanza 50.3 % en A/B y 55 % en C+, frente a 33.1 % en C/C- y 25.6 % en D+/D/E; una vez consideradas las demás características, las probabilidades se acercan a 37.5 %, 44.3 %, 36.2 % y 33.1 %, respectivamente. Las diferencias persisten, pero pierden buena parte de la amplitud que mostraban al inicio (ver figura 3).


Al controlar las demás características, buena parte de las diferencias asociadas con género y nivel socioeconómico se reduce, mientras que la edad no sigue un patrón definido. El interés por participar y la experiencia concreta con herramientas interactivas conservan, en cambio, una separación más clara entre quienes aceptan o rechazan su incorporación por los partidos. Una investigación reciente entre más de dos mil militantes del Partido Nacional Liberal de Rumania encontró una relación semejante.1 Los miembros más activos y mejor informados sobre la política mostraban mayor apoyo a la digitalización del partido, incluso al considerar su experiencia y habilidades tecnológicas. La comparación tiene límites, porque aquel estudio analiza militantes y aquí observamos usuarios de internet. Aun así, en ambos casos el involucramiento político ayuda a entender la aceptación de la digitalización más allá de la familiaridad tecnológica.

 

4. Reglas que ya se están escribiendo

 

Si la aceptación varía según la disposición a participar y la experiencia con estas herramientas, el diseño de los mecanismos puede ampliar o estrechar su alcance. Las autoridades electorales llevan varios años definiendo límites para distintos usos de la inteligencia artificial. Un estudio de IDEA Internacional entre trece autoridades de diez países latinoamericanos encontró, sobre todo, aplicaciones de apoyo, proyectos piloto y una incorporación gradual. Brasil exige identificar contenidos sintéticos y restringe los deepfakes electorales, mientras que Perú utiliza EleccIA como apoyo en tareas de calificación y elaboración de propuestas, manteniendo la decisión final bajo responsabilidad humana. En Canadá se ha recomendado extender la identificación de contenidos generados o manipulados con IA a procesos de nominación y liderazgo partidista. La experiencia de Estonia con el voto por internet añade otra advertencia: detrás de una interfaz están la identidad digital, la verificación, la auditoría y años de infraestructura institucional.

En México, el INE cuenta, desde agosto de 2025, con lineamientos para el desarrollo estratégico y el uso regulado de inteligencia artificial y, en julio de 2026, aprobó su Estrategia Institucional de Voto Electrónico 2026-2036. El documento incorpora preocupaciones sobre secrecía, coacción, suplantación de identidad, verificabilidad, brecha digital y confianza. Al mismo tiempo, la discusión empieza a alcanzar la vida interna de los partidos. SOMOS incorporó el uso ético de la inteligencia artificial en sus documentos básicos al tiempo de plantear primarias abiertas rumbo a 2027 mediante mecanismos en línea combinados con espacios físicos de votación. Si esa ruta avanza, habrá que acreditar quién puede participar, preservar el secreto del voto, permitir auditorías y ofrecer alternativas frente a las barreras digitales.

Las exigencias cambian, además, según la función de la tecnología. Un asistente que informa dónde se realizará una asamblea tiene consecuencias distintas a un sistema que perfila políticamente a los participantes o decide qué propuestas pueden avanzar. Tampoco es equivalente resumir miles de comentarios ciudadanos y determinar cuáles llegarán a una votación. Las reglas tendrán que responder al uso concreto, a los datos que procesa cada herramienta y a las decisiones que puede afectar.

5. La elección de 2027 pone a 

prueba algo más que la tecnología

 

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó el 10 de septiembre con la inteligencia artificial ya presente en campañas, organizaciones políticas, autoridades, medios y conversaciones ciudadanas. Entre las personas entrevistadas, la aceptación de estas herramientas tampoco sigue una división sencilla entre jóvenes y mayores, hombres y mujeres o distintos niveles socioeconómicos. El interés por participar marca la separación más amplia y, después, aparece la experiencia concreta con herramientas interactivas.

Para los partidos que pretendan trasladar parte de su vida interna a canales digitales, facilitar una asamblea, una consulta o una elección mediante tecnología puede reducir costos de participación, aunque todavía queda por saber si conseguirá acercar a quienes hoy muestran menor disposición a involucrarse. Su alcance dependerá de quién logra entrar en esos espacios y de las condiciones de confianza, transparencia y responsabilidad bajo las que funcionen. En 2027, el alcance de esa digitalización se verá también en quién logra participar y quién sigue fuera.

 


1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spsr.12624

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Sergio A. Bárcena

Profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel II, y fundador de Buró Parlamentario. Su trabajo se especializa en política legislativa, representación política y en el estudio de los efectos de la inteligencia artificial sobre la intermediación, la toma de decisiones y las instituciones democráticas.


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Julio César Vega Gómez

Doctorante en Derecho por la UNAM y director general de la Asociación Mexicana de Internet. Su trabajo se ha concentrado en las tecnologías de la información y la comunicación, la regulación de la inteligencia artificial aplicada a los procesos partidistas y electorales, la democracia y los derechos digitales.


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