El presente ensayo propone un argumento para responder por qué mientras los partidos ultraconservadores encuentran en las elecciones un medio eficaz para acceder al poder político formal, los movimientos contrarios a la precarización del Estado, y que buscan el reconocimiento de derechos sociales —si bien numerosos y al alza en diversos países en el planeta—, no consiguen traducirse en plataformas electorales eficaces. La idea central es que las elecciones suelen ser vistas como un mecanismo para la reproducción del statu quo, donde difícilmente tiene cabida la agenda de derechos sociales.

Los gobiernos llegados al poder bajo el amparo del progresismo han sido en general incapaces de cumplir con dicha agenda —aunque en muchos casos ni siquiera la adoptan— en ocasiones porque el ejercicio mismo del poder implica lidiar con intereses económicos que los superan en recursos, por lo que rápidamente son copados. Pero también, porque la clase política en general comparte el sentido común de los tiempos; así, el progresismo que sí llega a los espacios de toma de decisiones queda circunscrito a reivindicaciones individuales mucho más sencillas de combatir por las oligarquías político-económicas. 

Es pues en dicha arena donde los movimientos ultraconservadores han encontrado el terreno idóneo para desacreditar al progresismo liberal. Ya sea que se trate de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, el pluralismo étnico o el avance en derechos reproductivos, la estridencia neofascista subsume todo en el paraguas de la ideología de género y el wokismo, categorías etéreas que, por su parte, sí logran movilizar la acción de los votantes que buscan regresar al pasado idílico, híper masculino y con ello, recuperar la dominación. 

Sin embargo, no podríamos concluir con ello que el avance de la agenda ultraconservadora no encuentra otros espacios de oposición. Aunque no se traduzcan necesariamente en votos y espacios de representación y gobierno, las protestas públicas se han multiplicado en los últimos años. 

De México a Estados Unidos, de España a Francia, observamos el surgimiento de manifestaciones, mítines y movimientos sociales que buscan disputar al statu quo —compuesto por las oligarquías transnacionales, algunas nacionales y gobiernos por lo menos incapaces para enfrentarlos— el derecho. Ya sea que se trate de vivienda, acceso al agua, educación, el sistema de pensiones o la sanidad pública, las protestas buscan redefinir el papel del Estado como ente regulador, y el derecho como forma de constituir a las comunidades políticas. 

La tensión resultante es si debe prevalecer el capital o los intereses de las comunidades políticas. Huérfanos en instituciones o gobiernos que le hagan frente al primero, las protestas no se vuelcan a las urnas para alcanzar lo segundo. Tomo un par de ejemplos. El 23 de septiembre de este año, en Madrid, Maricarmen Abascal fue desahuciada de su hogar. Ya no podía pagar el incremento de la renta de su departamento, propiedad de una empresa que había comprado el edificio algunos años antes por un precio casi ridículo, según una nota del diario El País.¹

El caso desató una ola de protestas y colocó en la discusión pública el tema del derecho a la vivienda contra la especulación inmobiliaria; una tensión más entre el capitalismo rapaz y la ciudadanía que no ve en el Estado un ente que defienda sus intereses, sino a una clase política convertida en representante de transnacionales (CEO, le llaman en inglés) con las que firman convenios y se toman fotografías solo para salir a decir, en campaña, que defenderán los intereses del pueblo.

Aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado adoptar medidas legislativas urgentes para aminorar los efectos de la escalada de precios (rechazada por el Congreso) y anunció el adelanto de las elecciones para noviembre, las encuestas no muestran un apoyo masivo al gobierno de coalición de izquierdas. Es incluso probable que llegue al poder una coalición de derechas y ultras, que, en realidad, buscarían seguir haciendo del suelo un producto sujeto a las “leyes del mercado”. 

Por su parte, el caso mexicano que ejemplifica la tensión que menciono es un poco más intrincado. Desde hace muchos años, en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, los pobladores se han opuesto a la construcción y operación de una planta de amoniaco de capital suizo alemán. Las protestas y reivindicaciones de la población no solo no ha encontrado una respuesta eficaz por parte del gobierno mexicano, supuestamente progresista, que no solo han negado el derecho de la comunidad, sino que ha legitimado la construcción de la planta a través de un mecanismo de participación que los pobladores consideran amañado. Los movimientos ambientalistas, más allá de Sinaloa, tampoco han encontrado en las autoridades mexicanas una respuesta convincente. 

Como extensión de las tensiones para redefinir los alcances del derecho y su protección, están las protestas que condenan el exceso de fuerza y el desenfreno belicista. En 2024, varias universidades en Estados Unidos, destacadamente Columbia, fueron escenario de protestas de la comunidad estudiantil y académica por el genocidio en Gaza. En realidad, esas movilizaciones fueron parte de una escalada de protestas a nivel mundial: de Roma a Ciudad de México, las calles se llenaron por semanas de banderas, consignas y demandas por el fin de la brutalidad perpetrada por el estado israelí. 

Salvo por algunos actos de poca relevancia, aunque más o menos representativos, como el abandono de decenas de representantes internacionales en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando Benjamin Netanyahu tomó el micrófono, las respuestas de los gobiernos del mundo no han sido consecuentes con las muestras de rechazo a las atrocidades que se viven en la Franja de Gaza. Los intereses del capital israelí y el miedo a las decisiones intempestivas y furiosas de Trump han permitido que continúe la masacre de palestinos, a pesar de los esfuerzos de la Corte Penal Internacional y la propia Organización de las Naciones Unidas, que no dejan de acusar genocidio al delirio bélico de Israel. 

A principios de este año, la oposición a la presencia de agentes del ICE y operativos antiinmigración encontró en Minneapolis la ciudad emblema. La disputa tuvo figuras y momentos definitorios: Gregory Bovino, comandante de la patrulla fronteriza y encargado de los operativos, se paseaba por la ciudad con uniforme de combate; sus modos y corte de cabello levantaban sospechas de sus filiaciones nazi-fascistas, que incluso parecía alentar. Luego vino el asesinato de Renée Good a manos de un agente del ICE. Las tensiones, opinión pública y la decisión con que la ciudadanía enfrentó la presencia policiaca, llevaron al gobierno federal a recular. 

A pesar de todo, a lo largo de Estados Unidos continúan los operativos antiinmigrantes. Está por verse si el surgimiento de figuras como Alexandra Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani se convierten en una oposición atractiva, contraria a los intereses de las oligarquías y con una plataforma electoral consecuente. La frase que a mi juicio mejor condensa las tensiones entre los participantes de una marcha, mitin o protesta, y la clase política, dice algo así como: “nuestras demandas no caben en sus urnas”. Y aunque desde el poder público traten de que quepan, por lo general los resultados son, al menos, decepcionantes. 

Parecería paradójico observar el crecimiento, quizás con intensidad equivalente, de dos fenómenos antitéticos: Por un lado, el creciente número de protestas que reclaman derechos sociales y, por otro, el ascenso de la ultraderecha. Así como crecen las democracias que adoptan discursos iliberales o decididamente autoritarios (sin cancelar las elecciones en la mayoría de los casos), se multiplican protestas para oponerse al ejercicio del poder y las decisiones económicas de las oligarquías. 

Todos los casos que relato tienen un elemento democrático compartido. No solo es el ejercicio de un derecho político básico, o la conjunción de varios: libertad de reunión, de expresión y manifestación de ideas; de una manera mucho más evidente que los procesos electorales, delinean los contornos de distintas comunidades políticas en sus diversas escalas: local, nacional y global. Pero dan cuenta también de la distancia entre los intereses de la clase política y la ciudadanía, donde las elecciones aparecen más como un instrumento desmovilizador y para la reproducción del statu quo que como una manera de redibujar a la comunidad política y hacer frente a los desafíos colectivos. 

De la mejor teoría política, de Aristóteles a Gramsci, pasando por Maquiavelo, aprendemos que las comunidades políticas que mejor procesan los conflictos son las que adoptan soluciones institucionales para equilibrar las contradicciones (de clase). En la medida en que la democracia se reduzca a elecciones entre miembros de una clase política funcional a los intereses corporativos transnacionales, la oposición social se volcará a las calles pero dejará las urnas vacías para regocijo de la oligarquía, que parece haber ya conquistado el terreno electoral.