En una reciente publicación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE) se sostiene que, desde el 2002, los órganos electorales – conformados por esta entidad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC) - vienen poniendo en marcha diversas estrategias para promover el ejercicio a participar en la vida política de las poblaciones indígenas[1]. Sin embargo, estos esfuerzos institucionales parecen diluirse ante la discriminación étnica que se manifiesta principalmente ante los resultados de los comicios presidenciales.

Hace menos de un mes, el electorado peruano tuvo que elegir entre dos candidaturas vinculadas con responsables de intentos o rupturas del orden constitucional. La primera, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular, a la dictadura de su padre, Alberto Fujimori, responsable del autogolpe de 1992. La segunda, Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú, el liderazgo de Pedro Castillo; actualmente preso tras un fallido golpe de Estado en 2022. Los resultados oficiales muestran a Fujimori como ganadora por una diferencia muy corta, solo del 0,27% (menos de 50 mil votos). La mayor cantidad de sus votos provienen de Lima y de los peruanos que viven en el exterior, mientras que la popularidad de Sánchez se ha manifestado en el interior del país, principalmente en las regiones del sur.

Estos resultados no son una mera coincidencia. A finales de 2022 e inicios de 2023, los peruanos asistimos con profunda consternación al asesinato de compatriotas, víctimas del uso desproporcionado de la fuerza pública durante las movilizaciones sociales que protestaban contra el pacto evidente entre la entonces presidente de la república, Dina Boluarte, y el Congreso, tras la destitución de Pedro Castillo.  Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos crímenes podrían explicarse por la fuerte estigmatización por factores étnicos raciales y regionales que califican a los protestantes como “terroristas” o “indios”, generando un ambiente de permisividad de tolerancia hacia la violencia institucional y discriminación hacia la población indígena[2]. Asimismo, por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales de 2021 por parte de la lideresa de Fuerza Popular, quien sostuvo persistentemente la existencia de un fraude electoral, a pesar de que su partido político obtuvo el mayor número de escaños en el Congreso de la República.  

Esta narrativa se materializó en el intento del partido fujimorista de anular las actas electorales de las zonas más alejadas del país alegando un fraude “en mesa de sufragio”, demanda que fue rechazada por diversas organizaciones indígenas del país como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP); la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Nacional Agrario (CNA); la Confederación Campesina del Perú (CCP); y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) que denunciaron la intención de Fuerza Popular de anular 802 actas electorales que representaban aproximadamente 200 mil votos de zonas rurales, por lo que calificaron tal pedido de discriminatorio y racista, e hicieron un llamado a la vigilancia y defensa del voto[3].

El reclamo de estas organizaciones, por un lado, refirma la situación de exclusión de los pueblos indígenas que, una vez reconocidos, carecen de una participación política efectiva. Por otro lado, se demuestra la capacidad de resistencia a través de la convocatoria a sus bases organizativas para defender el voto, tal vez uno de los pocos mecanismos participativos que puede darles la oportunidad de decidir sobre el futuro del país. Un derecho que les permite ser iguales, y que les sirvió para elegir a un candidato que reivindicaba sus orígenes.

En estas elecciones, el discurso del fraude se ha repetido respecto a la participación electoral de las zonas rurales. Los primeros señalamientos los hizo el candidato derechista López Aliaga quien se consideraba el favorito para pasar a segunda vuelta, hasta que se empezaron a contabilizar las actas de las zonas rurales. Al respecto, aseveró en una entrevista que “sorprendemente Ipsos anuncia que la asistencia en zonas rurales ha sido masiva (…) la zona rural, lamentablemente no tiene los medios para formarse bien (…) que el nivel de eficiencia para llenar un acta muy compleja sea al 100%, ¿que la gente de la zona rural está totalmente instruida, que sabe llenar actas de una noche para otra?, no pues.”[4]

Con esta declaración, no solamente acusaba a los órganos electorales, particularmente a la ONPE, de facilitar las condiciones para el fraude, sino que cuestionaba que la población rural haya superado las barreras geográficas para apersonarse a emitir su voto, y que, además, haya logrado comprender el complejo llenado de actas, cuestión reservada para que aquellos que “tienen los medios para formarse bien”. En realidad, esta afirmación discriminatoria resulta más grave al tratarse de un líder político y candidato presidencial con amplia acogida.

Adicionalmente, diversos medios de comunicación hicieron eco de los cuestionamientos de este candidato a la supuesta creación reciente e irregular de las mesas de la serie 900 mil, acción que habría facilitado el fraude porque habría permitido que cualquiera pueda votar en mesas con esa numeración. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones aclaró que estas mesas de sufragio han sido implementadas desde el 2006, con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho al voto de ciudadanos que viven en zonas rurales y urbanas de difícil acceso. Zonas alejadas cuya población demoraría un día (o más) en recorrer la distancia hasta el centro de votación más cercano, tal como es el caso de los ciudadanos del distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, en la selva peruana[5]. En esta línea, también se manifestó la representante de la Asociación Civil Transparencia como observadora de este proceso electoral[6].  

La presión contra el voto rural también provino de Fuerza Popular, ante el estrecho margen que parecía favorecer por un momento al partido opositor. A pocos días después de la segunda vuelta, este partido presentó recursos para anular más de siete mil votos rurales de la región Puno alegando “fraude e intimidación”, porque no se habría permitido a sus personeros ingresar a los locales de votación durante el acto de instalación de mesas, hecho que les habría imposibilitado la fiscalización del material electoral. El Jurado Especial Electoral resolvió declarando infundado el pedido y, por lo tanto, declaró válido el acto electoral. A la fecha, tras la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa, han cesado los cuestionamientos sobre la validez de los votos rurales[7]. Ello invita a reflexionar sobre si esas impugnaciones hubieran persistido, e incluso adquirido mayor intensidad de haber sido distinto el resultado electoral.

Con la presencia de más de seis millones de personas (25,8% de la población nacional) que se autoidentifican como parte de uno de los 55 pueblos indígenas u originarios existentes en el Perú, resulta necesario promover un debate honesto y participativo en los siguientes años, de modo que en los futuros procesos electorales no se repitan discursos discriminatorios ni intentos de invalidación del voto rural. Ello resulta relevante si se considera que la participación política es un derecho reconocido tanto en la Constitución Política del Perú (artículo 31) como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado peruano con Resolución Legislativa N.° 26253 de 1993.

Un primer avance en esta dirección parece haberse materializado en la recientemente aprobada Política Nacional sobre Pueblos Indígenas al 2040, la cual incorpora entre sus objetivos prioritarios la garantía del ejercicio efectivo y oportuno de sus derechos colectivos a la participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado de conformidad a los estándares establecidos con el ordenamiento jurídico internacional. En este marco, el derecho a la participación comprende no solo el ejercicio de la ciudadanía en sentido amplio, sino también la preservación de sus instituciones culturales, así como el derecho al voto, la participación en consultas populares y otros mecanismos que garantizan la democracia inclusiva y plural.

Precisamente la consolidación de este tipo de democracia en el Perú depende de la construcción de una ciudadanía contextualizada en la diversidad cultural. Para ello, es indispensable promover la realización de debates inclusivos que reconozcan al otro como sujeto de derechos, que incorpore otros saberes y que pueda construir una ruta que elimine toda forma de discriminación, particularmente aquellas que se manifiestan en los procesos electorales.  

[1] ONPE (2025). Participación indígena y accesibilidad electoral en Perú: diagnóstico, desafíos y rutas de acción.

[2] CIDH (2023). Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales.

[3] SERVINDI, Indígenas se declaran en movilización por intento de anular voto rural (12 de junio de 2026). Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/12/06/2021/indigenas-y-campesinos-rechazan-anulacion-del-voto-rural.

[4] Entrevista del candidato Rafael López Aliaga a Agustín Laje. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CwfhHt_kOEM&t=220s  (24 de abril de 2026).

[5] Jurado Nacional de Elecciones, Mesas 900 mil: ¿por qué y desde cuándo se crearon estas mesas de votación? (31 de mayo de 2026). Disponible en: https://factchecking.jne.gob.pe/verificaciones-2026-19.html

[6] Ojo Público, Transparencia: “Las mesas de la serie 900 mil en centros poblados existen desde 2006”. (6 de mayo de 2026) Disponible en https://ojo-publico.com/politica/elecciones-2026/transparencia-las-mesas-900-centros-poblados-existen-desde-2006

[7] Generándose, los cuestionamientos de los votos de peruanos residentes en el exterior. Ver: Gómez, R.  El peso del voto de los peruanos en el exterior profundiza la grieta política en el país (12 de junio de 2026). Disponible en: https://elpais.com/america/2026-06-12/el-peso-del-voto-de-los-peruanos-en-el-exterior-profundiza-la-grieta-politica-en-el-pais.html