Según el diccionario el primer significado de la palabra regresión es “retrocesión o acción de volver hacia atrás”. Tal cita viene a cuento porque es frecuente escuchar en los debates, o en conversaciones informales, la afirmación de que, en materia democrática, en México estamos viviendo una “regresión”. Como es usual, cada uno de los que sostienen esa idea tiene su personal interpretación de la palabra. Más que un análisis, estamos ante un término usado para impactar a quienes la escuchan o leen.

Un ejemplo reciente del uso del término “regresión” es el manifiesto dado a conocer el pasado martes 3 por el Frente Amplio Democrático, en el que se afirma que la posible reforma electoral, anunciada en sus grandes trazos desde Palacio Nacional, “plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales”. Los firmantes agregan y precisan: “La razón principal de la existencia de este Frente es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen, bajo cualquier forma o denominación.” (El Universal, 3 de febrero, 2026, p. A7. Énfasis en el original).

Es obvio que el “antiguo régimen al que se refieren es el que tuvimos, grosso modo, de 1929 al año 2000. De la fundación del abuelo del PRI, el PNR, a la primera alternancia en la presidencia de la República. Sin embargo, lo primero que cabe cuestionar es ver ese largo periodo de siete décadas como algo homogéneo, atemporal, cuando es de toda evidencia que hubo transformaciones y cambios de enorme importancia, tanto en los gobiernos, como en el partido del gobierno y en el régimen político visto en su conjunto.

A manera de ilustración baste con mencionar que entre el régimen posrevolucionario de los años 30 y el que imperó en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado existen diferencias importantes. Aunque el régimen se reconocía a sí mismo como el “heredero de la Revolución”, esa herencia no fue asumida ni interpretada de igual forma por los sucesivos gobiernos emanados del PRI.

Bajo el término “antiguo régimen” caben por igual los años de la represión a los movimientos sindicales y agrarios a finales de los años 50 -maestros y ferrocarrileros-, la intolerancia del gobierno de Diaz Ordaz frente al movimiento estudiantil de 1968, los años de la llamada “guerra sucia” durante el sexenio de Echeverría, que los años de la transición a la democracia y el ciclo de reformas electorales (1977-1996), que culminan con el relevo en el poder en el primer año del nuevo milenio. ¿Cuál es el “antiguo régimen” al que hace referencia la amenaza de restauración? ¿El de la intolerancia y la represión, o el que admitió los cambios constitucionales, legales e institucionales que hicieron posible la pluralidad, la competencia y las alternancias? 

Al meter 70 años al saco del “antiguo régimen” se deja de lado que las reformas constitucionales en materia electoral que tuvieron lugar entre 1977 y 1996 fueron resultado de diálogos y negociaciones entre el gobierno y su partido con las oposiciones. Nuestro sistema electoral fue transformado mediante sucesivos cambios, graduales e incrementales, pactados entre las principales fuerzas políticas. Es la violación a la Constitución en 2024 lo que trastoca el equilibrio y división de poderes construido a lo largo del ultimo cuarto del siglo XX. 

Si de lo que se trata es de preservar el diálogo y la construcción de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, con la participación de la sociedad civil, no cabe hablar de “regresión” ni de “restauración”. Si lo que se advierte como amenaza inmediata es la imposición de una reforma que consolide, en favor del actual gobierno y su partido, la captura de las instituciones electorales y reduzca los espacios de representación, no estamos ante una “regresión” sino ante la demolición de las bases de nuestra democracia electoral, para implantar un nuevo régimen político de corte autoritario.

No comparto el diagnóstico de la “regresión”. Tampoco veo una estrategia o plan desde el oficialismo para la “restauración del antiguo régimen”. Lo que veo son acciones y decisiones que apuntan hacia el control gubernamental de las instituciones electorales y la adulteración del sistema de representación en las cámaras legislativas y en los cabildos municipales para asegurar la permanencia de la 4T.

Aunque lo quisieran sus ideólogos y estrategas, el partido del gobierno y sus aliados carecen de la trayectoria, experiencias y medios que edificaron el presidencialismo mexicano a partir del cardenismo. Para decirlo de manera breve, en Morena no hubo ni hay un Lázaro Cárdenas. No hay en ese partido la disciplina y cohesión que caracterizaron al partido hegemónico del antiguo régimen. Morena se nutre de los restos del PRI, del que reproduce sus peores vicios y defectos. No para restaurar, sino para erigirse como partido casi único, dominante, en el afán de perpetuarse en el poder, al que considera patrimonio escriturado a su favor hasta el fin de los tiempos. 

En suma, no encuentro elementos para hablar de “regresión” o “restauración”. En cambio, sobran hechos y decisiones que apuntan a la edificación de un nuevo régimen político, caracterizado por el autoritarismo y la eliminación de las condiciones jurídicas e institucionales que garantizaron la posibilidad de las alternancias en el poder.