Será difícil encontrar otro caso en que las ocurrencias y caprichos del expresidente López Obrador haya causado tanto estragos en el gobierno como su arbitraria decisión de reducir los sueldos y prestaciones de los servidores públicos de mando medio y superior. Bajo el paraguas de la llamada “austeridad republicana”, desde el primer mes de su sexenio el tabasqueño se empecinó en imponer la misma regla que años atrás había implantado en el gobierno de la CDMX, cuando sin más argumento que su voluntad, eliminó las plazas de subsecretario, o equivalente, en todas las dependencias del gobierno local y ordenó un draconiano ajuste a la baja al tabulador de sueldos y a las prestaciones de los funcionarios de su gobierno.

En diciembre de 2018 se aprobaron medidas similares en las dependencias federales, por la doble vía de una contrahecha reforma constitucional para establecer que nadie en el gobierno ganaría más que el presidente de la República, al tiempo que el sueldo nominal que cobraría López Obrador fue arbitrariamente reducido, lo que repercutió -cual turbulenta cascada- en el tabulador de sueldos del sector público federal. Al mismo tiempo fueron eliminadas de un plumazo las prestaciones de los funcionarios, como el seguro de gastos médicos, las aportaciones para el retiro y los bonos por desempeño.

Cuando hace casi siete años la Cámara de Diputados aprobó el PEF, en el sueldo nominal del presidente no se incluyeron las prestaciones que, en dinero o en especie, recibe por ocupar ese cargo. Esas prestaciones incluyen su vivienda, alimentos, vestuario, transporte, gastos de representación, así como los gastos de su cónyuge y de sus hijos. El sueldo que se autoasignó el presidente era un engaño. Mediante esa maniobra, se implantó en el sector público una política salarial que, sumada a los despidos generalizados y la eliminación de plazas, ha devastado el capital humano de las dependencias gubernamentales. Siete años después, los efectos asemejan un tornado que arrasó con las capacidades gubernamentales.

Es cierto que había abusos -algunos de escándalo- en algunos organismos públicos, PEMEX, CFE, los bancos nacionales, en el Poder Judicial y algunos autónomos. Recuerdo el caso de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, que recibían, considerando sueldo anualizado y prestaciones, más de 400 mil pesos al mes. El abuso se magnificó en el ámbito municipal. Hubo cabildos en el estado de México en que los regidores tenían sueldos de 250 mil pesos mensuales netos, o más.

El abuso se extendió a las plazas de confianza en otros entes públicos. Por ejemplo, en el IFE/INE y en la Corte hay secretarios particulares y asesores con sueldo superior a 100 mil pesos mensuales. Excesos de ese tipo también se ven en las empresas y bancos del Estado. Sin embargo, hasta el año 2018, tales abusos podían ser ubicados con precisión y pudieron haber sido corregidos sin necesidad del desbarajuste que armó López Obrador con su falsa austeridad, verdadera cortina de humo tras la que ocultó la voraz corrupción que -ahora sabemos- es la marca de su sexenio.

El desbarajuste en el tabulador de sueldos de servidores públicos lo ilustra la queja de la ministra de la Corte, Loretta Ortiz, (Reforma, 7.09.25), que se duele de la reducción de su sueldo a 137 mil pesos mensuales. ¿Eso es poco o mucho? Depende contra qué se compare. Si es contra lo que en promedio ganan los abogados litigantes en los despachos de prestigio, es poco. Si se compara con el salario mínimo, es mucho. La ministra pone como ejemplo de lo que considera “injusta rebaja” los 110 mil pesos netos mensuales que gana su secretario particular, mientras que a ella le bajaron el sueldo a 137 mil mensuales, netos. Queda la pregunta si la ministra le asignó a su colaborador ese sueldo.

Digo con Perogrullo que, si queremos que haya calidad y eficacia, hay que pagar adecuadamente a los servidores públicos, tomando como referencia los niveles salariales en el mercado laboral en México. Dejemos de lado la hipocresía y la demagogia: la vocación de servicio público no está reñida con la aspiración a un sueldo competitivo. Si aceptamos que a los policías hay que pagarles salarios adecuados para alejarlos de la corrupción, lo mismo deberíamos hacer con todos los servidores públicos, considerando su capacidad, competencias y tareas.   

Lo que no parece correcto es que, en el sector público, un secretario particular gane casi igual que su jefe. Casos como ese también hay en otras dependencias, en empresas del Estado y organismos autónomos. La arbitrariedad que, por obra y gracia de López Obrador, fue impuesta en el tabulador salarial de las dependencias, empresas y demás entes públicos ha llevado a un desbarajuste monumental. El caso de la ministra Loretta Ortiz no es aislado, tan solo ilustra el problema.

La Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar los tabuladores de sueldos de las dependencias federales, los poderes Judicial y Legislativo y organismos autónomos, salvo que estén fijados en la Constitución o en leyes aprobadas por el Congreso (Art. 75 constitucional). Aunque es remota la posibilidad de que las oposiciones cambien un solo peso en el destino del gasto público para 2026, podrían intentar poner orden en el tabulador de sueldos del sector público y detener el deterioro salarial impuesto por la 4T contra los servidores públicos desde 2019. Bastaría con asignar a la presidenta el sueldo integral que realmente percibe.

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