Cuando en 1995 Latinobarómetro levantó su primera encuesta, la tercera oleada democrática ya había avanzado mucho en América Latina. Con la excepción de Cuba, prácticamente todos los gobiernos de la región habían llegado al poder por la vía electoral, algo que ninguna generación anterior de latinoamericanos conoció. Se esperaba que lo conquistado en las urnas pronto se extendiera a otras esferas de la vida en comunidad. La expansión democrática se imaginaba lineal e irreversible.

A treinta años de distancia, los resultados del Informe Latinobarómetro 2026 generan expectativas menos optimistas. Un botón para muestra: en 1995, 58 % de las y los latinoamericanos prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, proporción que estuvo aumentando hasta llegar al 65 %. Hoy apenas la mitad (52 %) de quienes habitamos en la región consideramos que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 

Hay claroscuros. Este nuevo informe pone en evidencia las fortalezas de la edificación democrática que se logró en América Latina, pero también sus puntos vulnerables. Su mayor virtud es que, por vez primera, reúne observaciones de tres décadas,¹ lo que permite distinguir los valores atípicos en un año dado de las tendencias que se han venido gestando en el largo plazo. 

I. Lo que sí echó raíz: las elecciones

Si algo arraigó en estas tres décadas fue la idea de que sin elecciones no hay democracia. Latinobarómetro preguntó si la democracia puede existir sin elecciones y 74 % respondió que no. Ningún otro componente obtuvo un respaldo semejante. Para la ciudadanía, el voto es la parte del régimen que no se negocia, muy por encima del Congreso o de los partidos.

El mapa del Gráfico 1 muestra un consenso más firme en el Cono Sur y en Costa Rica, donde más de ocho de cada diez personas consideran indispensables las elecciones. En Centroamérica y en algunos países andinos el consenso se adelgaza, y en Guatemala, Paraguay y Ecuador una de cada tres personas cree que la democracia puede funcionar sin ellas. Una lectura posible es que la convicción electoral se fortalece donde las elecciones han producido alternancias y resultados respetados.

Venezuela rompe esa explicación. Ahí, 83 % considera indispensables las elecciones, dos años después de unos comicios que fueron calificados como fraudulentos por las misiones internacionales de observación. Ver el voto despojado de sentido no apagó la exigencia de votar, y quizás la volvió más nítida. Pero es la posibilidad de alternancia el dato que más luz arroja sobre el cambio democrático que se ha vivido en Latinoamérica. En las últimas doce elecciones consideradas por el Informe de Latinobarómetro, en siete ganó la oposición. Ahí está el logro más importante de estas tres décadas. El voto se afianzó como vía única para alcanzar el poder político y, con ello, consolidó aquella máxima de Przeworski, en el sentido de que la democracia es el sistema en el que los partidos pierden elecciones.

Es interesante ver cómo la experiencia de la alternancia ha movido el compromiso de las personas con la democracia. Entre 2024 y 2026, ese apoyo creció en Colombia, Perú, Honduras y Chile, cuatro países donde la oposición ganó la Presidencia. Cayó, sin embargo, en Panamá, Uruguay y Bolivia, que también tuvieron alternancia. El informe atribuye la diferencia a las expectativas. Donde el cambio fue profundo y llevó al poder a figuras que derrotaron también a las élites tradicionales, la ciudadanía depositó esperanza. Donde el relevo se percibió poco profundo, el entusiasmo también fue menor.

Para dimensionar el cambio basta mirar hacia atrás. Antes de la tercera oleada, en buena parte de la región el poder cambiaba de manos por golpes de Estado, pactos entre élites o sucesiones dentro del mismo grupo gobernante, y las elecciones, cuando las había, rara vez decidían quién gobernaba. Hoy la ciudadanía da por sentado que puede retirar del poder a quien no cumple. Lo que antes era una aspiración se volvió una de las convicciones más arraigadas del electorado latinoamericano.

La contracara de este aprendizaje está en El Salvador. La elección de Nayib Bukele en 2019 fue también una alternancia, y produjo el mayor salto en el apoyo a la democracia de toda la serie, de 28 % a 46 %. Desde el poder, Bukele habilitó su reelección inmediata mediante una interpretación judicial y después reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida. El informe ya no lo cuenta entre las democracias. El instrumento que la ciudadanía aprendió a usar en estos treinta años sirvió para llevar al poder a quien lo desmontó.

II. La democracia y sus partidos

La ciencia política sostuvo durante buena parte del siglo pasado que la democracia moderna resulta impensable sin partidos. La ciudadanía latinoamericana ha puesto en duda esa idea a lo largo de toda la serie. Entre 1995 y 2013, la proporción que consideraba indispensables a los partidos osciló entre la mitad y dos tercios de la población. Después cayó a 44 % en 2023, su punto más bajo, y se recuperó a 55 % en 2026. Aun así, cuatro de cada diez personas creen hoy que la democracia puede funcionar sin ellos.

Ese debate dejó de ser teórico. En varios países, las elecciones se disputan entre liderazgos personales que usan a los partidos como vehículos de ocasión. José Antonio Kast fundó su propio partido para romper con la derecha tradicional chilena, y Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de Colombia como outsider. Jair Bolsonaro ganó la Presidencia de Brasil en 2018 con el Partido Social Liberal, un partido marginal al que se había afiliado ese mismo año, rompió con él a mitad de su mandato y buscó la reelección con el Partido Liberal. En Perú, el empresario Rafael López Aliaga compitió con un partido construido a su medida y quedó a unos veinte mil votos de la segunda vuelta.

Los datos permiten ensayar una respuesta a la pregunta de si la democracia puede prescindir de los partidos. Latinobarómetro cuenta cuántos partidos distintos menciona la gente cuando se le pregunta por quién votaría. Uruguay registra diez en cada medición desde 2020, la única oferta estable de la región. Perú pasó de veintiuno a ocho y luego a trece. Los dos países ocupan extremos opuestos en casi todo lo demás. En Uruguay, más de la mitad confía en su autoridad electoral. En Perú, menos de dos de cada diez lo hacen y apenas 9 % se siente representado por su Congreso, el nivel más bajo de la región. Un par de casos no prueba una regla, pero el contraste sugiere que una democracia sin partidos estables funciona peor y despierta menos lealtad.

La tendencia regional se parece más a Perú que a Uruguay. La proporción que no se siente representada por su Congreso pasó de 70 % en 2015 a 76 % en 2026, y la confianza en los partidos es la más baja entre las catorce instituciones medidas. La legitimidad abstracta de los partidos se recuperó, pero no alcanza a los partidos concretos que la ciudadanía tiene como opciones.

III. La confianza como tarea

Pocas series de Latinobarómetro se han movido tan poco como la de confianza. El informe la trata como parte del inventario cultural de la región y recuerda que América Latina sigue siendo, década tras década, la región más desconfiada del mundo. Solo 15 % confía en los demás. Las autoridades electorales trabajan en ese entorno, el cual impacta no solo la participación ciudadana, sino también a la estabilidad de los gobiernos electos.

El promedio regional de confianza en las instituciones electorales es de 34 %. Queda por debajo de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los medios, pero por encima del presidente, el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y los partidos. Los órganos electorales son las instituciones políticas con más crédito en la región. Esa posición se construye elección tras elección, con resultados oportunos, cómputos verificables y resoluciones que quienes pierden pueden aceptar.

Chile, México y Uruguay encabezan la región. En los tres, más de la mitad de la población confía en su autoridad electoral. La dispersión es enorme. El país mejor evaluado (Chile, 58 %) cuadriplica las percepciones positivas sobre el peor evaluado (Venezuela, 15 %). La distancia es mucho mayor que la que separa a los países en la pregunta sobre si las elecciones son indispensables. La exigencia de votar es bastante pareja en la región. La confianza en quien organiza el voto varía mucho más, y depende en buena medida del desempeño y del entorno de cada institución.

El valor de esa confianza se mide en las elecciones cerradas. En Perú, Keiko Fujimori ganó la Presidencia por cerca de 49 000 votos en un universo de dieciocho millones. En Colombia, Abelardo de la Espriella se impuso por menos de un punto. En ambos países la confianza en la autoridad electoral está por debajo del promedio regional, y en Perú es de las más bajas. El informe advierte que la estrechez de un resultado puede leerse como amenaza a la legitimidad y derivar en impugnaciones. Cuando el margen es mínimo, el resultado se sostiene sobre la credibilidad acumulada de quien cuenta y de quien califica. 

IV. Los retos que la tercera oleada no previó

En 1996, tres de cada cuatro latinoamericanos se informaban de política por televisión y casi la mitad lo hacía por los periódicos. Treinta años después, la televisión bajó a 49 % y los diarios a uno de cada diez. Ninguna plataforma digital supera todavía a la televisión, pero en conjunto ya la ponen en riesgo. Las menciones a Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube y X suman más del doble que las de la televisión. Como la pregunta admite varias respuestas, esa suma cuenta menciones y no personas, pero la tendencia es inequívoca.

The Economist afirma que las redes sociales ya desplazaron a la televisión como principal fuente de información política. Los datos le dan la razón en lo esencial. La diferencia está en la forma del relevo, y para el trabajo electoral esa forma importa. El espacio que pierde la televisión lo gana un conjunto amplio de plataformas, cada una con su propia lógica, su propio público y sus propios tiempos, y ninguna con el peso que tuvo la pantalla en los noventa. Esa fragmentación es más difícil de atender que un simple cambio de medio dominante. La región aprendió a regular unos cuantos canales de radio y televisión. Hoy la conversación electoral ocurre en espacios que nadie supervisa por completo.

El problema de fondo es que esas fuentes no inspiran confianza. Tres de cada cuatro latinoamericanos creen que en las redes sociales circula información falsa, la proporción más alta entre todos los medios. Seis de cada diez personas prefieren controlar la publicación de información falsa aunque eso limite la libertad de expresión. Ese dato plantea un dilema difícil para quienes aspiran a regular campañas. La ciudadanía pide reglas que garanticen la integridad de la información política que recibe, pero muchas de las propuestas concretas en discusión atentan contra la libertad de expresión. Sobra decir que esta última es un componente esencial de las elecciones. La región reguló durante décadas la propaganda impresa, la radio y la televisión. Las campañas digitales siguen esperando un marco equivalente. 

El segundo reto es el crimen organizado. Ocho de cada diez latinoamericanos creen que tiene mucho o bastante poder en su país, y casi la mitad piensa que esa batalla se está perdiendo. Esa percepción conecta con una de las actitudes más persistentes de la serie. En 1995, 59 % creía que un poco de mano dura le vendría bien a su país. En 2026 la proporción es de 63 %. Treinta años de democracia no erosionaron esa inclinación, y el miedo al crimen la activa. El informe documenta que la demanda de seguridad ha sido la plataforma de muchos triunfos electorales recientes. Imposible no mencionar el caso de Nayib Bukele, cuya mano dura lo sigue teniendo como uno de los liderazgos más admirados en su propio país.

V. Balance de treinta años

La serie larga de Latinobarómetro deja un balance de luces y sombras. La región aprendió a considerar el voto irrenunciable y a usar la alternancia para castigar a quienes no cumplen. No logró que los partidos recuperaran el crédito de la ciudadanía ni que las instituciones salieran de la desconfianza con la que empezó la medición. Enfrenta hoy dos amenazas que en 1995 no tenían el peso que tienen ahora.

En ese balance, las instituciones electorales ocupan un lugar singular. Administran lo que mejor ha funcionado en estas tres décadas en un entorno donde casi todo lo demás despierta poca confianza. Su desempeño se mide por la limpieza de los cómputos y, cada vez más, por su capacidad de generar credibilidad en elecciones cerradas, en ecosistemas informativos contaminados y ante electorados tentados por la mano dura.

Treinta años de datos dejan una lección que conviene no perder de vista. Lo que funcionó en América Latina no surgió de manera espontánea. Detrás de cada alternancia pacífica hubo padrones confiables, autoridades electorales autónomas, tribunales capaces de resolver controversias y reglas que los perdedores aceptaron. Esas instituciones fueron y siguen siendo el eje del proceso democratizador, aun en los años en que partidos, congresos y gobiernos perdían el respaldo ciudadano. Debilitarlas, ya sea con reformas que las subordinan, con presupuestos que las asfixian o con campañas que las desacreditan, equivale a desmontar la parte del edificio democrático que mejor ha resistido. La tarea de los próximos años es fortalecerlas y sostenerlas con independencia del signo del gobierno en turno. De ello depende que la siguiente generación conserve lo que las urnas le dieron a la región, la posibilidad de transferir el poder sin violencia.