El pasado 7 de agosto de 2025 el presidente Donald J. Trump cumplió 200 días de mandato. Si bien este lapso de tiempo parece poco, para el país —y para el mundo— ha sido un período extenso caracterizado por constantes acciones del mandatario bajo el estandarte MAGA (Make America Great Again en inglés). Las declaraciones, publicaciones y discursos de Trump se han centrado en la seguridad nacional; sin embargo, más allá de las implicaciones domésticas, es posible identificar una dinámica hacia el exterior bajo el argumento de poner a su nación primero.

Los aranceles son una de las tantas herramientas aplicables de la diplomacia económica la cual ha sido una de las más empleadas, por el presidente Trump, en sus dos administraciones en torno a dos objetivos hacia el exterior: uno económico, centrado en influir en las negociaciones internacionales en beneficio de la economía nacional; y otro, empleando instrumentos económicos y comerciales con miras a impulsar su agenda gubernamental.

Durante su primera administración, se aplicaron aranceles como instrumentos de diplomacia económica orientados a obtener beneficios políticos; ejemplo de ello fue la creación de marcos de cooperación en seguridad en la frontera sur, el combate al crimen organizado y el narcotráfico; y la gestión de la movilidad humana. Los acuerdos de libre comercio han sido uno de los blancos principales para su modificación, sobre todos aquellos suscritos con sus aliados que, a través de órdenes ejecutivas, ha incentivado la protección selectiva del mercado interno y la aplicación de aranceles para presionar políticamente a sus contrapartes.

La estrategia arancelaria de Trump comenzó a implementarse en su segunda administración a partir de una serie de órdenes ejecutivas dedicadas a temas prioritarios para el país. La puesta en marcha de aranceles a diversos Estados tiene como objetivo atender a la plataforma electoral del MAGA, por un lado, las tarifas se sustentan localmente en promover e incentivar la producción nacional y reducir el déficit comercial; y por el otro, forzar a que los países que reciben los aranceles se sometan a marcos de negociación asimétricos donde la atención del interés estadounidense es la piedra angular de resolución.

Al momento en que escribe este artículo, Donald Trump ha firmado 186 órdenes ejecutivas, de las cuales 26 se pueden catalogar bajo el rubro de «Diplomacia Económica» al desplegar medidas arancelarias hacia otros países. Tal es el caso de la orden Nº 14257 del 2 de abril de 2025 la cual se firmó en una transmisión especial del mandatario declarando el “Día de la Liberación” (Liberation Day en inglés) al aplicar aranceles “recíprocos” a 57 países bajo el argumento de defender la soberanía y el mercado estadounidense.  

 A nivel internacional la política arancelaria ha producido diversas reacciones, pues algunos países han negociado bilateralmente el ajuste, la reducción o la suspensión de los mismos. Bajo este esquema, se ha desincentivando la cooperación internacional; ocasionando que las naciones afectadas realicen cálculos sobre los costos de modificar o no sus patrones comerciales; al igual que atender las solicitudes de cambio en su política interna.

Es posible identificar dos casos en América Latina en dos extremos del espectro de concentración o no, del comercio e inversión con el mercado estadounidense. El pasado 8 de agosto de 2025, bajo la orden Nº 14323 se le impusieron medidas arancelarias del 50% al gobierno brasileño, argumentando que el país no estaba garantizando los derechos de inversión de los ciudadanos estadounidenses, a la par de limitar la libertad de expresión con el bloqueo a la red social X (antes twitter). Lo anterior generó reacciones por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó como inaceptables los intentos de injerencia de Estados Unidos en el escenario político de su país, en particular, el apoyo que la administración Trump ha hecho explícita al expresidente, Jair Bolsonaro.

Las presiones de Trump en el ámbito económico generan simpatía hacia su electorado al reflejar con sus acciones atenciones inmediatas a la situación económica local. A la par, los efectos políticos le son aplaudidos al proyectar al presidente como una figura imbatible en el terreno internacional, especialmente con aquellos países disidentes a su pensamiento. No obstante, los impactos arancelarios son manejables en tanto la economía del país afectado no es dependiente del mercado estadounidense y el caso de brasileño lo ilustra.

La resistencia en el discurso del presidente Lula se explica por el intercambio comercial con Estados Unidos. De acuerdo con datos del United States Trade Representative (USTR por sus siglas en inglés), las exportaciones de Estados Unidos a Brasil suman $49.1 mmd (miles de millones de dólares) mientras que las importaciones son de $42.3 mmd; dicho volumen de intercambio comercial sugiere una baja dependencia comercial de Brasil hacía el mercado estadounidense, por lo tanto, el gobierno de Lula puede hacer frente a la amenaza arancelaria sin costosas externalidades a la economía en su conjunto, haciendo posible compensar a los sectores perdedores y, al tiempo, hacer eco de la defensa a la soberanía nacional.

En el otro espectro, países con mayor vinculación al mercado de Estados Unidos han desplegado acciones más cuidadosas al identificar mayor riesgo e impacto en sus economías ante la incertidumbre de la aplicación o no de aranceles en sectores específicos. El caso de México es relevante en este sentido, al ser una de las economías de la región que más encadenamientos productivos y concentración del comercio e inversión tiene con Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de Censo de Estados Unidos, en junio de 2025 México fue el primer socio en comercio total de bienes, el cual representa el 15.2% del comercio que tiene ese país con el resto del mundo.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado en constante diálogo con sus contrapartes estadounidenses para atender las demandas, especialmente las relacionadas al desplazamiento migratorio y la seguridad en la frontera compartida; sin embargo, la administración Trump ha continuado su amenazas bajo el envío de cartas que, si bien reconocen los esfuerzos mexicanos, no son considerados suficientes para la eliminación de los aranceles o, en todo caso, el aplazamiento de su aplicación, manteniendo así la presión al gobierno mexicano para mejorar aquellas acciones que, desde Estados Unidos, se consideran prioritarias.

Al igual que el presidente de Brasil, el discurso de la presidenta de México hace énfasis en la soberanía nacional en la toma de decisiones de política interna, por lo cual la relación con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo, la cooperación y no en la subordinación. El discurso le permite construir consenso interno tanto en los ciudadanos como en los empresarios mexicanos —con sus excepciones—, en hacer frente a la amenaza arancelaria. Sin embargo, su aplicación, si estos no se vuelven a aplazar, podrían tener efectos negativos —en el corto plazo— en la economía mexicana.

Como se ha establecido, dos son los efectos en la aplicación de los aranceles, mismos que han generado resultados distintos con los dos ejemplos extremos aquí desarrollados. Los efectos económicos y comerciales es la cara más visible de su aplicación, pero son los políticos los que pueden influir directamente en los comicios electorales en América Latina, pues los votantes podrían optar por la opción política que defienda los intereses locales frente a la amenaza arancelaria, como fue el caso de Canadá con la victoria del liberal Mark Carney. De cara a un intenso período electoral en la región, vale la pena considerar el efecto de los aranceles de Trump y su potencial impacto en la reconfiguración política en América Latina.